Ley Organica Judicial

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Nombre: LEY ORGANICA JUDICIAL <tr valign="top"><td>Materia: Leyes JudicialesCategoría: Leyes Judiciales <tr valign="top"><td>Origen: Organo Legislativo Estado: VIGENTE</td></tr> <tr valign="top"><td>Naturaleza : Decreto Legislativo</td></tr> <tr valign="top"><td>Nº: 123</td><td>Fecha:06/06/1984</td></tr> <tr valign="top"><td>D. Oficial: 115</td><td>Tomo: 283</td><td>Publicación DO: 20/06/1984</td></tr> <table> <tr valign="top"><td>Reformas: (38) Decreto Legislativo No. 56 de fecha 30 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 384 de fecha 01 de julio de 2009.</td></tr> Comentarios: ______________________________________________________________________________ Contenido; DECRETO Nº 123. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA la siguiente, <div> LEY ORGANICA JUDICIAL TITULO I CAPITULO UNICO De las Autoridades Judiciales</div> Art. 1.- El Organo Judicial estará integrado por la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes. Corresponde exclusivamente a este Organo la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria, de tránsito, de inquilinato, y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley. Art. 2.- La Corte Suprema de Justicia está compuesta de quince Magistrados y uno de ellos será el Presidente. Este será también el Presidente del Organo Judicial y de la Sala de lo Constitucional y lo designará la Asamblea Legislativa. (18) En defecto del Presidente de la Corte, ejercerán sus funciones los vocales de la Sala de lo Constitucional, en el orden de su designación. (18) Art. 3.- La Corte Suprema de Justicia tendrá su sede en la capital de la República, y sólo podrá trasladarse a otro lugar cuando a su juicio lo exigieren circunstancias especiales. Art. 4.- La Corte Suprema de Justicia estará organizada en cuatro Salas, que se denominarán: Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Constitucional estará integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y cuatro Vocales designados por la Asamblea Legislativa. Las Salas de lo Civil y de lo Penal estarán integradas por un Presidente y dos Vocales y la Sala de lo Contencioso Administrativo estará integrada por un Presidente y tres Vocales todos los que designará la Corte el primer día hábil del mes de enero de cada año, entre los demás Magistrados que la componen, las que podrán reorganizar cuando lo juzgue necesario y conveniente a fin de prestar un mejor servicio en la Administración de Justicia. (18) Cuando por renuncia u otro motivo legal deba sustituirse un Miembro de la Sala de lo Constitucional, el que sea elegido podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha Sala o designar a uno de las demás Salas de la Corte al momento de la sustitución; si se tratare de un Magistrado de cualquiera de las otras Salas, el Magistrado electo entrará a formar parte de la Sala que la Corte designe. Art. 5.- Habrá Cámaras de Segunda Instancia integradas por dos Magistrados. El Primer Magistrado será el Presidente de la Cámara. Art. 6.- Habrá en la capital de la República Once Cámaras denominadas: "Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro", "Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro", "Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro", "Cámara de Familia de la Sección del Centro", "Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro", "Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro" "Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro", Cámara de Tránsito de la Primera Sección del Centro", "Cámara Primera de lo Laboral", "Cámara Segunda de lo Laboral" y "Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro". (13) (17) (20) (22) (24) Los mencionados Tribunales conocerán en Segunda Instancia de los asuntos que fueren de su respectiva competencia, así: La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos tramitados por los Juez Primero y Segundo de lo Civil, Primero y Segundo de lo Mercantil y de los asuntos civiles tramitados en el Juzgado Primero de Menor Cuantía, radicados todos en la ciudad de San Salvador. (1) (7) (12) (13) (17) (20) (22) (24) (33: ver nota) La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos tramitados por los Jueces Tercero y Cuarto de lo Civil, Tercero y Cuarto de lo Mercantil, de los asuntos civiles tramitados por el Juzez Segundo de Menor Cuantía y de los asuntos tramitados por el Juez Segundo de Inquilinato, todos con asiento en la ciudad de San Salvador. (1) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (22) (24) (33: ver nota) La Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos tramitados por los Jueces Quinto de lo Civil y Quinto de lo Mercantil y de los asuntos tramitados por el Juez Primero de Inquilinato, todos con asiento en San Salvador, de los tramitados por los Jueces de lo Civil de Apopa, San Marcos, Mejicanos, Soyapango y Delgado y de los asuntos civiles tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque. (1) (7) (12) (13) (17) (20) (22) (24) La Cámara de Familia de la Sección del Centro, conocerá en segunda instancia de los asuntos tramitados por los Jueces de Familia con asiento en las ciudades de San Salvador, Soyapango, Apopa, San Marcos y en las cabeceras de los Departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. (1) (7) (12) (13) (17) (20) (22) (24) (26) (36) La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos tramitados por los jueces Primero, Cuarto y Séptimo de Instrucción de San Salvador, en los Juzgados de lo Penal de Mejicanos y San Marcos. (13) (17) (20) (22) (24) (30: ver nota) La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos tramitados por los Jueces Segundo, Quinto y Octavo de Instrucción de San Salvador, por el Juez de lo Penal de Delgado, y de los Asuntos penales tramitados por el Juez de Tonacatepeque. (13) (17) (20) (22) (24) (30: ver nota) La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos tramitados por los Juzgados Tercero, Sexto, Noveno y Décimo de Instrucción de San Salvador, en los Juzgados Primero y Segundo de Instrucción de Soyapango, en el Juzgado de Instrucción de Apopa y en Juzgado de Primera Instancia Militar y de los asuntos penales tramitados en los Juzgados Primero y Segundo de Menor Cuantía. (13) (17) (20) (22) (24) (30: ver nota) La Cámara de Tránsito de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos penales y civiles tramitados por los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Tránsito con asiento en la ciudad de San Salvador (13) (17) (20) (22) (24) La Cámara Primera de lo Laboral, conocerá de los asuntos de trabajo ventilados en los Juzgados Primero y Segundo de lo Laboral de la ciudad de San Salvador y en los Juzgados de los Departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. (13) (17) (20) (22) (24) La Cámara Segunda de lo Laboral, conocerá de los asuntos de trabajo ventilados en los Juzgados Tercero y Cuarto de lo Laboral de la ciudad de San Salvador y de los ventilados en los Juzgados con competencia laboral de los Departamentos de La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, San Vicente y Cabañas. (13) (17) (20) (22) (24) La Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro, conocerá de los asuntos de esa materia tramitados por los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor, de los Departamentos de San Salvador, La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, La Paz y Cabañas. (13) (17) (20) (22) (24) (27) Las referidas Cámaras excepto la de Familia también conocerán en Primera Instancia de los demás asuntos que determina la Ley; y las Cámaras de lo Civil, de la misma Sección y de Tránsito de la Primera Sección del Centro, conocerán asimismo en Primera Instancia, en su orden, de las Demandas civiles, mercantiles, de inquilinato y de tránsito en asuntos civiles y penales, contra los diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, el Presidente y Vicepresidente de la República, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministros de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los Representantes Diplomáticos. (13) (17) (19) (20) (22) (24) Art. 7.- En la ciudad de Santa Ana habrá cuatro Cámaras, dos de ellas con jurisdicción en el Departamento de Santa Ana, que se denominarán, la primera "Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente", que conocerá en segunda instancia de los asuntos civiles, mercantiles y de inquilinato, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia del Departamento y de los asuntos civiles tramitados en el Juzgado de Tránsito del mismo. La segunda se denominará "Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente", que conocerá en segunda instancia de los asuntos penales tramitados en los Juzgados con competencia en esta materia. La tercera se denominará "Cámara de Familia de la Sección de Occidente", que conocerá en segunda instancia de los procesos tramitados en los Juzgados de Familia de los Departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad. La cuarta se denominará " Cámara de Menores de la Sección de Occidente", que conocerá en segunda instancia de los asuntos de menores tramitados por los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor de los Departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. (9) (12) (13) (20) (22) (24) (27) (36) En la ciudad de Sonsonate habrá una Cámara que se denominará "Cámara de la Segunda Sección de Occidente", que tendrá jurisdicción en el Departamento de Sonsonate y conocerá en Segunda Instancia de los asuntos tramitados en los Juzgados de lo Civil, de Tránsito y de Instrucción en la ciudad de Sonsonate y de los asuntos civiles, mercantiles y de inquilinato tramitados por el Juzgado de lo Laboral de la misma ciudad, así como de los asuntos, tanto civiles como penales, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia de Izalco, Armenia y Acajutla. (13) (14) (16) (20) (22) (30: ver nota) En la ciudad de Ahuachapán habrá una Cámara que se denominará "Cámara de la Tercera Sección de Occidente", que tendrá jurisdicción en el Departamento de Ahuachapán y conocerá en Segunda Instancia de los asuntos tramitados en los Juzgados de lo Civil y de Instrucción de dicho Departamento; así como de los asuntos civiles como penales, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia de Atiquizaya. (16) (20) (22) y (30: ver nota) Art. 8.- En la ciudad de San Miguel habrá cinco Cámaras que se denominarán "Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente", "Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente", "Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente", "Cámara de Familia de la Sección de Oriente" y "Cámara de Menores de la Sección de Oriente". (9) (12) (13) (20) (22) (27) (36) La "Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente", conocerá en segunda instancia de los asuntos civiles, mercantiles, laborales y de inquilinato, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia del Departamento de San Miguel y de los civiles tramitados en los Juzgados de Tránsito de San Miguel; la "Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente", conocerá en segunda instancia de los asuntos penales tramitados en los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Tránsito del Departamento de San Miguel; la "Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente", conocerá en segunda instancia, de los asuntos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia de los Departamentos de La Unión y Morazán; la "Cámara de Familia de la Sección de Oriente", conocerá en segunda instancia de los asuntos de familia tramitados en los Juzgados de Familia de los Departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, San Vicente y La Paz; y la "Cámara de Menores de la Sección de Oriente", conocerá en segunda instancia de los asuntos de menores tramitados en los Juzgados de Menores de los Departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán; así como de los tramitados en el Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Miguel. (9) (12) (13) (20) (22) (24) (36) Art. 9.- En la ciudad de Usulután habrá una Cámara que se denominará "Cámara de la Segunda Sección de Oriente"; tendrá jurisdicción en el departamento de Usulután, y conocerá en Segunda Instancia de los asuntos civiles, laborales, penales, mercantiles y de inquilinato. Art. 10.- Habrá una Cámara en cada una de las ciudades de Cojutepeque, San Vicente y Nueva San Salvador, que se denominará, la primera: "Cámara de la Segunda Sección del Centro", la segunda: "Cámara de la Tercera Sección del Centro", y la tercera: "Cámara de la Cuarta Sección del Centro". Conocerán en segunda instancia de los asuntos civiles, penales, mercantiles y de inquilinato que les correspondan. La jurisdicción de la primera comprenderá los distritos judiciales de los departamentos de Cuscatlán y Cabañas; la segunda comprenderá los distritos judiciales de los departamentos de San Vicente y La Paz; y la tercera comprenderá los distritos judiciales de los departamentos de La Libertad y Chalatenango. Esta última, además conocerá en segunda instancia de los asuntos civiles y penales tramitados en el Juzgado de Tránsito de Nueva San Salvador. (9) Art. 11.- La Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados Suplentes en número igual al de los Magistrados Propietarios, y serán elegidos por la Asamblea Legislativa así: cinco de ellos exclusivamente para la Sala de lo Constitucional; y los restantes para suplir indistintamente a cualquiera de los Propietarios de las otras Salas del Tribunal. (6) INCISO DEROGADO. (6) (38) Los Magistrados Suplentes deberán tener las mismas cualidades requeridas para ser Magistrado Propietario, y mientras sustituyan a éstos no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar empleos o cargos de los otros órganos, salvo si hubieren sido llamados para conocer exclusivamente en uno o varios asuntos determinados. (6) Lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley será aplicable a los Suplentes únicamente por el tiempo en que ejerzan funciones de Magistrado. Por consiguiente, al cesar en dichas funciones, los Suplentes podrán volver al desempeño de sus respectivos empleos o cargos. (6) Art. 12.- Tratándose de la Sala de lo Constitucional, en los casos de licencia, vacancia, discordia, recusación, impedimento o excusa o al darse cualquiera otra circunstancia en que un Magistrado Propietario de ella estuviere inhabilitado para integrarla, podrá llamarse a cualquiera de sus propios suplentes. Sólo en defecto de éstos se llamará al Magistrado o Magistrados Propietarios de cualquiera de las otras Salas, que fueren necesarios. Y en defecto de estos últimos se llamará a un Conjuez o Conjueces. (6) En las otras Salas de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y circunstancias a que se refiere el inciso anterior, para hacer la integración correspondiente podrá llamarse indistintamente a cualquiera de los Magistrados Suplentes. En defecto de éstos, se podrá llamar, también en forma indistinta, a cualquiera de los Magistrados Propietarios de las otras Salas, exceptuados los de la de lo Constitucional; y en su defecto se llamará a un Conjuez o Conjueces. (6) Cada una de las Cámaras de Segunda Instancia tendrá dos Magistrados Suplentes. (6) En las ciudades en que tuvieren su asiento dos o más Cámaras de Segunda Instancia, en los casos de vacancia, licencia, discordia, recusación, impedimento o excusa, o al darse cualquier otra circunstancia en la que un Magistrado Propietario estuviere inhabilitado para integrar el Tribunal, para hacer la integración correspondiente podrá llamarse a cualquiera de los Suplentes respectivos y a falta de éstos últimos se llamará a los suplentes de la otra u otras Cámaras de la respectiva Sección. En defecto de los suplentes se llamará a cualquiera de los Magistrados Propietarios de estas últimas; y en defecto de los Propietarios se nombrará Conjueces. (7) Cuando en un lugar hubiere una sola Cámara y ocurriere cualquiera de los casos o circunstancias dichos, se llamará al Suplente o Suplentes respectivos y sólo en defecto de Suplentes se nombrará Conjuez o Conjueces. (6) (9) Art. 13.- El Magistrado Propietario o Suplente, o el Conjuez nombrado para integrar una Sala o Cámara, ocupará en todo caso el último lugar. Art. 14.- La Sala de lo Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos, o en las controversias y causas a que se refieren los artículos 138 y 182, atribución séptima, ambos de la Constitución, para pronunciar sentencia, sea ésta interlocutoria o definitiva, necesitará por lo menos cuatro votos conformes. En los procesos de Amparo o de Hábeas Corpus, para dictar sentencia definitiva o interlocutoria, necesitará por lo menos tres votos conformes. (2) (7) (9) Las Salas de lo Penal y lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para dictar sentencia definitiva o interlocutoria, necesitarán la conformidad de tres votos, mientras que la Sala de lo Contencioso Administrativo y las Cámaras de Segunda Instancia necesitarán la conformidad de cuatro y dos votos respectivamente. (5) (7) (9) (18) Art. 15.- Habrá Jueces de Primera Instancia en todas las cabeceras departamentales y en las otras ciudades que determine la Ley, que conocerán de las materias: Civil, de Familia Mercantil, Penal, Laboral, Agraria, de Tránsito, de Inquilinato y en las otras que se les asigne legalmente. (9) (10) (20) (22) En los Municipios que esta Ley determine, habrán Jueces que conocerán por separado y en Primera Instancia de las materias: Civil, Familiar, Penal y de Menores. El ámbito territorial en que ejercerán su jurisdicción, será el que la misma Ley les señale. (9) (10) (20) (22) Los Tribunales con competencia en lo civil, serán también competentes para conocer en materia mercantil en los municipios en donde no hubieren Tribunales de lo Mercantil. (9) (13) (20) (22) Art. 16.- Habrá dos Jueces de Hacienda, que conocerán en primera instancia y a prevención de todos los asuntos civiles y penales en que estuviere interesada la Hacienda Pública o que afecten el patrimonio de los entes descentralizados; y de los demás que, conforme a las leyes, fueren de su competencia. Habrá cinco Juzgados de Primera Instancia Mercantil con asiento en San Salvador, denominados, por su orden, Juzgado Primero de lo Mercantil, Juzgado Segundo de lo Mercantil, Juzgado Tercero de lo Mercantil, Juzgado Cuarto de lo Mercantil y Juzgado Quinto de lo Mercantil. Estos Juzgados conocerán a prevención de los asuntos mercantiles en la ciudad de San Salvador y su comprensión municipal, y con exclusividad de los asuntos de esa naturaleza que se susciten en las poblaciones que se les asignan en el Art. 146 de esta Ley. Además habrá un Juzgado de Primera Instancia de lo Militar que tendrá su asiento en la ciudad de San Salvador y su jurisdicción abarcará todo el territorio de la República y conocerá de los asuntos que sean de su competencia de acuerdo con lo previsto en el Código de Justicia Militar y demás leyes. (1) (7) (12) Los Jueces de Hacienda tendrán su asiento en la ciudad de San Salvador y sus respectivas jurisdicciones comprenderán todo el territorio de la República. (1) Lo prescrito en esta ley respecto de los jueces del fuero común, es aplicable a los Jueces de Hacienda y a los Jueces de Primera Instancia Mercantil y de lo Militar, siempre que en otras leyes no hubiere disposición en contrario. (1) Art. 17.- La aplicación del régimen especial de menores se hará por Jueces de Menores a cuyo cargo estarán los Juzgados de Menores; asimismo, la vigilancia y control en la ejecución de las medidas decretadas por el Juez de Menores será ejercida por Jueces de Ejecución de Medidas al Menor a cuyo cargo estarán los Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor; tendrán su asiento en las ciudades que determine la Ley y su jurisdicción territorial será la que establece esta Ley. (12) (22) (24) Cuando en una misma ciudad existieren dos o más Jueces de Menores, o dos o más Jueces de Ejecución de Medidas al Menor, conocerán a prevención en los asuntos de su competencia. (12) (22) (24) Art. 18.- Habrá dos Juzgados de Inquilinato con asiento en la Ciudad de San Salvador, denominados por su orden: Juzgado Primero de Inquilinato y Juzgado Segundo de Inquilinato, estos Juzgados conocerán de los asuntos que fueren de su competencia de acuerdo con lo previsto en la Ley de Inquilinato y demás leyes en el Municipio de San Salvador. (7) (10) (16) En las ciudades de Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Nueva San Salvador, conocerán de esta materia en su respectivo municipio los Jueces de lo Laboral de esas poblaciones y en los otros municipios los Jueces de Primera Instancia o los Jueces de lo Civil existentes y en su defecto los Jueces de Paz. (1) (7) (10) (16) Art. 19.- Habrá cuatro Juzgados de Tránsito en la ciudad de San Salvador, uno en la ciudad de Santa Ana, uno en la ciudad de Sonsonate, dos en la ciudad de San Miguel y uno en la ciudad de Nueva San Salvador, para conocer de los accidentes y deducir las responsabilidades penales y civiles a que se refiere la Ley de Procedimientos Especiales Sobre Accidentes de Tránsito. (7) (12) Art. 20.- La jurisdicción Laboral estará a cargo de ocho Juzgados de lo Laboral, cuatro con asiento en la ciudad de San Salvador, y uno en cada una de las ciudades de Santa Ana, Sonsonate, Nueva San Salvador y San Miguel. Los Juzgados con jurisdicción en lo civil de los distritos judiciales en que no haya Juzgado de lo Laboral, tendrán competencia para conocer en primera instancia de los conflictos de trabajo que determine la ley. La jurisdicción familiar será ejercida por Jueces de Familia, cuatro en la ciudad de San Salvador, uno en cada municipio de Soyapango, Apopa y San Marcos, dos en cada una de las ciudades de Santa Ana y San Miguel, y uno en cada una de las restantes cabeceras de departamento. (20) (26) La jurisdicción de Menores será ejercida por los Jueces de Menores, que tendrán asiento en las siguientes ciudades: cuatro en la de San Salvador, dos en Santa Ana, dos en Nueva San Salvador; y uno en cada una de las ciudades de Sonsonate, Chalatenango, Cojutepeque, Sensuntepeque, San Vicente, Zacatecoluca, Ahuachapán, San Miguel, La Unión, Usulután, San Francisco Gotera y Soyapango; y se denominarán respectivamente "Juzgados de Menores". (22) (24) (27) Art. 21.- El conocimiento de los asuntos relativos al estado peligroso estará a cargo de los Jueces de lo Penal, dentro del territorio señalado a cada Tribunal. Art. 22.- En todos los municipios de la República, habrá el número de Jueces de Paz que determine la Corte Suprema de Justicia; sus atribuciones serán las que señalen las leyes. Cuando en un Municipio hubiere igual número de Juzgados de Paz y de Primera Instancia que conozcan del Ramo Penal, aquellos remitirán los procesos al de Primera Instancia que tuviere su mismo número. (23) En el caso de los Juzgados de Paz en que por el número que le corresponda no tuviere Juzgado de Primera Instancia con número igual, la remisión la harán a los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal comenzando por el primero, y así ordenadamente según el ingreso o recibo de la causa en el Tribunal. (23) Art. 23.- Habrá tantos Jueces de Primera Instancia y de Paz Suplentes, como Propietarios existan en el lugar, si ello fuere posible. En donde hubiere dos o más Suplentes podrán ser llamados indistintamente al ejercicio de la judicatura en los casos de vacancia, licencia, recusación, impedimento, excusa o cualquier otro en que el Propietario estuviere inhabilitado y el conocimiento no correspondiere a otro Juez Propietario. Los Suplentes deberán reunir las mismas cualidades requeridas para ser Juez de Primera Instancia o de Paz, respectivamente. Art. 24.- Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y estarán sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. No podrán dictar reglas o disposiciones de carácter general sobre la aplicación o interpretación de las leyes ni censurar públicamente la aplicación o interpretación de las mismas que hubieren hecho en sus fallos otros Tribunales, sean inferiores o superiores en el orden jerárquico. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo prescrito en el Art. 183 de la Constitución, y de que los tribunales superiores podrán hacer a los inferiores respectivos, según la graduación de ley, las prevenciones que estimen oportunas para la mejor administración de justicia. <div> TITULO II Del Régimen de los Tribunales CAPITULO I De la Corte Suprema de Justicia, de sus Salas y de las Cámaras</div> Art. 25.- El gobierno y régimen interior de la Corte Suprema de Justicia estará a cargo de su Presidente, quien deberá velar porque se cumplan a este respecto las disposiciones de las leyes y reglamentos. INCISO SEGUNDO DEROGADO. (7) (9) Art. 26.- Cada Sala será presidida por su Magistrado Presidente y en su defecto por el Magistrado que le sigue en el orden de su designación. Art. 27.-Corresponde al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la presente ley u otras determinen, las siguientes: (8) <ul> 1ª Representar a la Corte Suprema de Justicia en los actos y contratos que celebre y representar al Órgano Judicial en sus relaciones con los otros Órganos; (8) 2ª Llevar la sustanciación de los asuntos de Corte Plena; (8) 3ª Firmar los acuerdos del Tribunal, salvo en lo relativo a materias administrativas delegadas por la Corte a otro funcionario del Órgano Judicial u organismos del mismo; (8) 4ª DEROGADA ESTA FRACCION. (8) (13) 5ª Señalar día para la vista de los negocios que deben resolverse en Corte Plena, convocando a los Magistrados para las horas de despacho; pero en los casos que algún asunto grave y urgente exija pronta resolución, podrá convocarlos para cualquier otra hora, aunque sea día feriado; (8) 6ª Recibir las excusas de asistencia de los Magistrados de la Corte y resolver lo pertinente; (8) 7ª Cuidar que todos los Magistrados de la Corte llenen cumplidamente sus deberes, y dar cuenta al Tribunal en casos graves; (8) 8ª Conceder licencias hasta por cuatro días, con goce de sueldo, a los Magistrados de la Corte. (8) Si el Presidente lo necesitare, dará aviso al Magistrado que deba subrogarle con arreglo a la ley; (8) 9ª Hacer que en los actos del tribunal, se observen el orden y decoro debidos; (8) 10ª Dictar las medidas que juzgue necesarias o convenientes para el orden y conservación de los archivos y bibliotecas de los tribunales; (8) 11ª Autorizar pagos conforme a la ley. (8)</ul> En general, podrá el Presidente de la Corte delegar en uno o más Magistrados o funcionarios de la misma, en organismos o dependencias propios o en el Consejo Nacional de la Judicatura, aquellas atribuciones que no impliquen ejercicio de actividad jurisdiccional. La delegación se hará mediante acuerdo, en el que se determinará las facultades que se delegan y el funcionario o entidad delegatarios, sin perjuicio de que el Presidente haga uso directo de tales facultades, cuando lo estime conveniente. (8) Art. 28.- Los Presidentes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia tendrán las siguientes facultades: <ul> a) Llevar la sustanciación de los asuntos que se ventilen en la respectiva Sala; b) Distribuir equitativamente el trabajo de la Sala entre los Magistrados, quienes tendrán a su cargo la depuración y sustanciación de los asuntos que les sean asignados; (7) c) Señalar día para la vista de los negocios que deba resolver la Sala, pudiendo designar aún los feriados si la resolución fuere grave y perentoria; ch) Cuidar de que los otros Magistrados y el personal adscrito a la Sala cumplan con sus deberes, dando cuenta en casos graves a la Corte, de las irregularidades que notaren; (9) d) Rendir al Presidente de la Corte, dentro de los tres días siguientes a la expiración de cada mes, un informe de los trabajos efectuados en el mes anterior. e) Las demás que determinen las leyes. (9)</ul> Art. 29.- Los Presidentes de las Cámaras de Segunda Instancia tendrán las facultades siguientes: <ul> 1ª Dictar las medidas administrativas necesarias para la buena marcha del tribunal; 2ª Distribuir, equitativamente, el trabajo de la Cámara entre los Magistrados; 3ª Señalar día para la vista de los negocios que deba resolver la Cámara. Si la resolución fuere grave y perentoria, podrán designar aún los feriados; 4ª Derogada; (9) 5ª Cuidar de que el otro Magistrado cumpla con sus deberes, dando cuenta en casos graves a la Corte Suprema de las irregularidades que notare en la administración de justicia, así en la Cámara como en los Juzgados de su jurisdicción. Igual facultad tendrá, en su caso, el otro Magistrado; 6ª Hacer que en los actos del Tribunal se observen el orden y decoro debidos; 7ª Dictar las medidas inmediatas para el orden y conservación del archivo y biblioteca del tribunal; 8ª Llevar la sustanciación de los asuntos que se ventilen en las Cámaras, cuando éstas conozcan separadamente de los ramos civil y penal; pero cuando conozcan de ambos ramos, uno de los Magistrados llevará la sustanciación de los asuntos civiles, y en su caso, también de los mercantiles y el otro, de los penales, distribución que harán de común acuerdo. (7) 9ª Las demás que determinen las leyes.</ul> <div> CAPITULO II De los Magistrados y Conjueces</div> Art. 30.- Son obligaciones de los Magistrados las siguientes: <ul> 1ª Residir en el lugar donde se halle establecido el Tribunal a que correspondan; 2ª Asistir al despacho con puntualidad y dirigir sus excusas al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando por algún motivo justo no pudieren hacerlo; 3ª Asistir a los actos oficiales a que como miembros del Tribunal fueren invitados; 4ª Las demás que determinen las leyes. (9)</ul> Art. 31.- Los Magistrados no podrán, ni de palabra ni por escrito, promover, patrocinar o recomendar negocios ajenos, ni interceder o mediar en ellos, ni dar su asesoramiento en ninguna forma que implique ejercicio ostensible o encubierto de la abogacía, ni desempeñar cargos o empleos de los otros Órganos, excepto el de profesor de enseñanza y de diplomático en misión transitoria. Art. 32.- Los conjueces serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y deberán tener las mismas cualidades requeridas para ser Magistrado. El nombramiento recaerá de preferencia en abogados que residen en el lugar en que se ventile el asunto a resolverse. Art. 33.- Los conjueces no podrán excusarse, declararse impedidos ni ser recusados después de haber protestado el cargo, sino por los mismos motivos y con las mismas formalidades previstas para los Magistrados. El abogado que se negare a aceptar o desempeñar el cargo de Conjuez, será sancionado por la Corte con multa de cien a quinientos colones. Los Magistrados Suplentes que fueren llamados al ejercicio de la Magistratura disfrutarán del mismo sueldo que los Propietarios. Cuando sean llamados a conocer en un asunto determinado devengarán los honorarios que fija el arancel. Estos honorarios serán pagados por el Fisco, por medio de la respectiva Oficina Fiscal Pagadora, con la sola presentación de la planilla de dichos honorarios, visada por el Presidente del Tribunal a que el asunto corresponda, aunque estuviese inhabilitado por excusa o impedimento. La Secretaría del Tribunal respectivo lo comunicará al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que dé la orden de pago si aquélla estuviere visada conforme a la ley. Los Conjueces devengarán los honorarios señalados para los Magistrados Suplentes y los cobrarán de igual manera. Art. 34.- Los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y los Conjueces rendirán la protesta constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, o ante el funcionario que ella comisionare; en este caso el delegado remitirá a la Corte certificación del acta respectiva. Rendida la protesta constitucional, los Magistrados Propietarios tomarán posesión de su cargo cuando éste quedare vacante. Si por motivos justos, calificados prudencialmente por la Corte Suprema de Justicia, el nombrado no tomare posesión, el Tribunal le señalará un plazo para que lo haga, y si aún no lo hiciere, podrá revocar el nombramiento. Los funcionarios a quienes comisione la Corte para recibir la protesta a los Magistrados de Segunda Instancia Propietarios o a los Conjueces, estarán en la obligación de poner en conocimiento de aquélla los casos en que dichos funcionarios no tomaren posesión, para los efectos del inciso anterior. <div> CAPITULO III De los Jueces de Primera Instancia</div> Art. 35.- Los Jueces de Primera Instancia se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 30, 31 y 34 en lo que les fuere aplicable. Art. 36.- Los Jueces de Primera Instancia tendrán las obligaciones siguientes: <ul> 1ª Formar inventarios de todos los expedientes, documentos, muebles y enseres del tribunal; si éste ya existiere bastará complementarlo. La entrega y recibo del tribunal, en caso de cambio de Juez o depósito del Juzgado, se hará con vista de dichos inventarios, firmando ambos funcionarios acta que autorizará el Secretario. (9) 2ª Las demás que determinen las leyes. (1) (9) 3° DEROGADO (7) (9) 4° DEROGADO (7) (9)</ul> Art. 37.- En defecto del Juez de Primera Instancia Propietario y del Suplente, será llamado por la Corte al ejercicio de la judicatura el Juez de Paz de la misma población; en caso de haber dos o más Jueces de Paz, la designación corresponde a la misma Corte Suprema de Justicia. Si el Juez Propietario hiciere el depósito, será él quien llamará al Juez de Paz o hará la designación, si hubiere más de uno. Los Jueces de Paz que entraren al ejercicio de una judicatura de Primera Instancia en virtud de depósito, gozarán de la mitad del sueldo correspondiente; pero si éste fuere inferior al que les correspondiere como Jueces de Paz, gozarán de aquél en forma íntegra, lo mismo que en el caso en que fueren abogados. Art. 38.- En los lugares donde haya más de un Juez de Primera Instancia del fuero común, aunque conozca separadamente de los asuntos civiles, mercantiles y penales, cada uno de ellos se considerará suplente del otro para conocer en los asuntos determinados en los casos de excusas, impedimentos o recusación; y sólo a falta de ellos será llamado el suplente respectivo o el Juez de Paz en su caso. En los casos antes expresados, los Jueces que conozcan de lo Civil sustituirán a los Jueces de lo Civil y de Inquilinato, los que conozcan de lo Mercantil sustituirán a los Jueces de lo Mercantil y los que conozcan de lo Penal sustituirán a los de lo Penal, observándose siempre el orden de su nombramiento. (7) En los casos de excusa, impedimento o recusación de uno de los Jueces de Hacienda o Tutelares de Menores, lo sustituirá el otro respectivamente, y sólo a falta de éste será llamado el Suplente. (33 ver nota) En los lugares donde hubiere más de un Juez de lo Laboral o de Tránsito, cada uno de ellos, respectivamente, se considerará suplente del otro para conocer en los asuntos correspondientes en los casos de excusa, impedimento o recusación, y sólo a falta de ellos será llamado el suplente respectivo. Si en el lugar no hubiere más que un Juez de lo Laboral o de Tránsito, el primero será sustituido, en los mismos casos, por el Juez de lo Civil, o Mixto, si no estuvieren divididos los ramos, y el segundo por el Juez de lo Penal, o Mixto; en su defecto se llamará a los respectivos suplentes. En los mismos casos, y respecto a los Jueces de Inquilinato y de Primera Instancia Militar, se llamarán para que los sustituyan, a cualquiera de los Jueces de lo Civil y de lo Penal de la misma ciudad, respectivamente. (7) Art. 39.- Del depósito de la judicatura se dará aviso inmediatamente por el Juez depositante a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Cuentas de la República, expresando el tiempo porque se ha hecho y el funcionario en quien se hubiere verificado. En caso de enfermedad del Juez depositante, o que el depositario sea llamado por la Corte, será éste el que dará los avisos. Art. 40.- Los Suplentes no gozarán de licencia cuando reemplacen a los Propietarios, sino cuando hayan desempeñado el cargo por más de tres meses consecutivos, salvo en casos extraordinarios calificados prudencialmente por la Corte Suprema de Justicia. Art. 41.- El Juez depositante no podrá volver al ejercicio de sus funciones antes de que concluya el tiempo del depósito, sino por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo demande el buen servicio público. Art. 42.- Cada Juzgado llevará los libros siguientes: <ul> De inventario; De entrada de expedientes y documentos; De conocimientos de procesos, según el Ramo o Ramos que le correspondieren; De sacas; De Acuerdos y Actas; De conocimientos relativos a los depósitos o entregas de dinero, valores, documentos u otros efectos que hicieren al Tribunal, en el que se anotarán por separado dichas entregas, con indicación de la fecha, del nombre y apellido del que las hiciere y de la causa o diligencia a que se refiere. Una constancia con iguales designaciones se entregará al interesado.</ul> Los Jueces de Primera Instancia con jurisdicción civil o penal de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y de Sonsonate llevarán además, un libro de inscripción de practicantes en el que se asentarán: el nombre y apellido del practicante, y la fecha de ingreso; y otro de asistencia, en que consignarán ésta o las faltas de ella, día por día, debiendo dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia al final de cada mes. (3) En casos especiales, la Corte podrá, a solicitud del que tuviere interés en ello, autorizar a cualquiera de los demás Jueces de Primera Instancia de la República para llevar los libros a que se refiere el inciso anterior. Los libros enumerados en este artículo se llevarán en papel común, empastados, y contendrán en su primera foja una razón, con el sello y firma del Juez, en que se indique el objeto del libro y el número de fojas que contiene; serán renovados cuando se agoten, poniéndose al final de la última foja una razón de cierre, con la fecha en que se haga, firmada por el Juez y su Secretario, y agregándose el índice de su contenido. Habrá además un legajo de copias o fotocopias de sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de definitivas, pronunciadas en el respectivo año, las que deberán ser firmadas por el Juez y el Secretario y selladas y rubricadas en todos sus folios, debiéndose empastar debidamente al final del año. <div> CAPITULO IV De los Jueces de Paz</div> Art. 43.- Los Jueces de Paz durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, y tomarán posesión de su cargo el día primero de junio. Serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia en la primera quincena del mes de mayo anterior a la iniciación de su período y podrán ser reelectos. Para ser Juez de Paz se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de veintiún años, de moralidad e instrucción notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y no haberlos perdido en los tres años anteriores al nombramiento. INCISO CUARTO DEROGADO. (9) En la capital de la República, en las cabeceras departamentales y en las ciudades que la Corte Suprema de Justicia estime conveniente, los cargos de Jueces de Paz serán desempeñados por Abogados o egresados de las Facultades de Ciencias Jurídicas. En las demás poblaciones, la Corte procurará llenar esos cargos con personas que tengan elementales conocimientos de Derecho. (9) Art. 44.- DEROGADO. (9) Art. 45.- DEROGADO. (9) Art. 46.- Los Jueces de Paz Propietarios y Suplentes rendirán la protesta de ley ante la Corte Suprema de Justicia o ante el funcionario que ella comisionare. En todo caso, dicha protesta deberá rendirse el día y hora que al efecto se les señale. Si por motivos justos que calificará prudencialmente la Corte o los funcionarios comisionados en su caso, no se rindiere, se les señalará nuevo día y hora; y si aún así no lo hicieren, la Corte Suprema de Justicia revocará sus nombramientos con vista de las diligencias respectivas que al efecto le remitirán los mismos funcionarios comisionados, o que tramitará ella misma en su caso. Igual resolución se tomará cuando no fueren atendibles los motivos que hayan tenido los Jueces de Paz para no presentarse a rendir la protesta. Si rendida la protesta no concurrieren los Jueces de Paz Propietarios a tomar posesión de sus cargos, la Corte Suprema de Justicia llamará a los Suplentes y les señalará a los primeros un plazo prudencial para que lo verifiquen; y si aún así no lo hicieren, la Corte procederá de la manera indicada en el inciso anterior. Los funcionarios comisionados para recibir la protesta estarán en la obligación de poner en conocimiento de la Corte, los casos en que los Jueces de Paz Propietarios no hubieren tomado posesión de sus cargos. Art. 47.- Los Jueces de Paz se sujetarán en lo que les fuere aplicable, a lo dispuesto en los artículos 24, 30, 31 y 36, fracción 1ª de la presente ley. Art. 48.- Si el Juez de Paz Propietario fuere separado del conocimiento de algún asunto por impedimento, excusa o recusación y no hubiere otros Jueces de Paz Propietarios ni Suplentes hábiles en el lugar, la Corte nombrará uno con el carácter de interino, a cuyo fin el Juez que conozca del impedimento, recusación o excusa, dará el oportuno aviso. Igual regla se observará, en lo que fuere aplicable, en los casos de enfermedad de los Jueces de Paz Propietarios y Suplentes. Art. 49.- En cada Juzgado de Paz se llevará los libros siguientes: <ul> De Inventario; De Entradas de Expedientes y Documentos; De Sacas; De Actas y Acuerdos; De Depósitos o entregas de dinero, valores o documentos, en la forma que indica el artículo 42.</ul> <div> TITULO III De las Atribuciones de los Tribunales CAPITULO I De la Corte Plena</div> Art. 50.- La Corte Suprema de Justicia en pleno, o Corte Plena, estará formada por todos los Magistrados que la conforman, y para poder deliberar y resolver deberá integrarse por el Presidente o quien haga sus veces y siete Magistrados por lo menos; para que haya resolución se necesita el número mínimo de ocho votos conformes, y en caso de empate el voto del Presidente será de calidad. A ningún Magistrado le es permitido abstenerse de votar, salvo los casos de excusas o impedimento que en el acto calificará prudencialmente el Tribunal. Sin embargo, si alguno se abstuviere, se entenderá que su voto es negativo, más si esto no fuere posible por la naturaleza del asunto, deberá considerarse que el Magistrado se adhiere a la mayoría de los votantes. Art. 51.- Son atribuciones de la Corte Plena las siguientes: (9) <ul> 1ª Integrar las Salas de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo; (9) 2ª Elaborar su Reglamento Interior; (9) 3ª Practicar recibimientos de Abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión y para el ejercicio de la función pública del Notariado, previo examen de suficiencia para esta última, ante una comisión de su seno; inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, o falsedad, y suspenderlos cuando por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, no dieren suficiente garantías en el ejercicio de sus funciones; por mala conducta profesional, o privada notoriamente inmoral y por tener auto de detención en causa por delito doloso que no admita excarcelación o por delitos excarcelables mientras aquélla no se haya concedido. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en forma sumaria, dicha suspensión será de uno a cinco años. (34) Las mismas facultades ejercerá respecto de los estudiantes de las Facultades de Ciencias Jurídicas, que actúen como defensores en caso penal o comparezcan o por otro en causas laborales; (34) 4ª Nombrar Conjueces en los casos determinados por la ley; (9) 5ª Efectuar transferencias, con las formalidades legales, entre las partidas del Presupuesto del Órgano Judicial, excepto las que en el Presupuesto General se declaran intransferibles; la transferencia se comunicará a la Dirección General del Presupuesto; (9) 6ª Remitir al Órgano Legislativo iniciativas relativas a la jurisdicción y competencia de los tribunales y a la organización de los mismos, referida a su creación, unión, separación, conversión, supresión y demás que se requieran para una pronta y cumplida administración de justicia. (7) (9) (28). 7ª Acordar el traslado de las Cámaras de Segunda Instancia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz a otro lugar, cuando así lo exigieren circunstancias especiales; (9) 8ª Llamar a los Magistrados Suplentes que deban entrar a subrogar a los Propietarios; (9) 9ª Conocer de las recusaciones, impedimentos y excusas de los Magistrados Propietarios y Suplentes de la Corte y de los Conjueces, en su caso; y de las propuestas por los Conjueces de las Cámaras de Segunda Instancia para no aceptar el cargo; (7) (9) 10ª Adoptar las medidas que estimare prudente en los casos de grave disidencia entre los Magistrados, que redunde en perjuicio de la administración de justicia o del orden y buen nombre de los Tribunales; (9) 11ª Hacerse representar por medio de una comisión de su seno o por su Secretario en actos oficiales; cuando el Tribunal no pueda asistir en cuerpo; (9) 12ª Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto o conmutación de penas, y en cualquier otro caso en que lo solicite el Órgano Legislativo; (9) 13ª Conceder el exequátur correspondiente a las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros y eficacia extraterritorial a las resoluciones de dichos tribunales en actos de jurisdicción voluntaria. No será necesaria la autorización para la ejecución de sentencias de tribunales internacionales creados por Convenios obligatorios para El Salvador; (9) 14ª Crear órganos auxiliares y colaboradores de la Administración de justicia; (9) 15ª Conocer del recurso de casación de las sentencias definitivas pronunciadas por las Salas, en los casos que determina la Constitución y demás leyes; (9) 16ª Ejercer la suprema vigilancia de las cárceles, la que hará efectiva en la forma que estime conveniente; (9) 17ª Autorizar a los Magistrados que la integran, a los de las Cámaras de Segunda Instancia y Jueces de Primera Instancia, a solicitud de los mismos, para que residan en lugar distinto al de la sede del Tribunal a que pertenezcan, pudiendo revocar sin trámite alguno, tal permiso cuando lo creyere conveniente; (9) 18ª Designar con el nombre de jurisconsultos salvadoreños, los establecimientos de propiedad nacional destinados para alojamiento de los Tribunales del país; (9) 19ª Ordenar, en aquellos lugares en que varios Jueces de Primera Instancia puedan conocer a prevención, que determinados juicios o diligencias pasen a un Juez distinto al que está conociendo, para que continúe su tramitación, ya sea por razón de acumulación de trabajo no imputable al funcionario o por estar recargado algún Tribunal de asuntos que hubieren producido grave escándalo social o por otras causas que la Corte Suprema de Justicia estime convenientes, todo con el fin de lograr una pronta y cumplida justicia; (9) 20ª Las demás que la Constitución y las leyes determinen. (9).</ul> Art. 52.- Ninguna persona, natural o jurídica, podrá alegar en estrados ni exponer ningún asunto en forma verbal ante la Corte Plena, si no es en asuntos jurisdiccionales que le competan. Lo anterior no obsta para que la Corte Plena pueda recibir en audiencia especial a personalidades nacionales o extranjeras en visita de cortesía. <div> CAPITULO II De las Salas</div> Art. 53.- Corresponde a la Sala de lo Constitucional: <ul> 1º Conocer y resolver los procesos constitucionales siguientes: <ul> a) El de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos; b) El de amparo; c) El de exhibición de la persona;</ul> 2º Resolver las controversias entre el Organo Legislativo y el Organo Ejecutivo, a que se refiere el artículo 138 de la Constitución; 3º Conocer de las causas mencionadas en la atribución 7ª del artículo 182 de la Constitución; 4º Las demás atribuciones que determinen las leyes. (9)</ul> Art. 54.- Corresponde a la Sala de lo Civil: <ul> 1º Conocer del recurso de casación en materia civil, de familia mercantil y laboral y en apelación de las sentencias de las Cámaras de lo Civil de la Primera Sección del Centro, de las Cámaras de lo Laboral y de la Cámara de Familia de la Sección del Centro, en los asuntos en que éstas conozcan en primera instancia. (20) 2º Conocer, en su caso, del recurso de hecho y del extraordinario de queja; 3º Conocer de las recusaciones de los Magistrados Propietarios y Suplentes de las Cámaras de Segunda Instancia.</ul> Siempre que se declare haber lugar a la recusación, se separará al Magistrado recusado del conocimiento de la causa y se designará al funcionario que deba subrogarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12; pero si no hubiere funcionario hábil se dará cuenta a la Corte para el nombramiento de Conjuez; <ul> 4º Conocer de los impedimentos y excusas de los funcionarios a que se refiere el literal anterior, en el caso contemplado en el artículo 1186 Pr. Si se declarare legal el impedimento o la excusa, la Sala llamará a los Suplentes, pero si no los hubiere, dará cuenta a la Corte para el nombramiento de Conjuez; 5º Las demás atribuciones que determinen las leyes. (9)</ul> Art. 55.- Corresponde a la Sala de lo Penal: <ul> 1º Conocer del recurso de casación, y en apelación de las sentencias de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección del Centro; pronunciada en los asuntos de que conozca en primera instancia; 2º Conocer en su caso del recurso de hecho y del extraordinario de queja; 3º Conocer del recurso de revisión cuando ella hubiere pronunciado el fallo que da lugar al recurso; 4º Ejercer las atribuciones consignadas en los numerales 3º y 4º del artículo anterior; 5º Las demás atribuciones que determinen las leyes. (9)</ul> Art. 56.- Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo conocer de las controversias que se susciten en relación a la legalidad de los actos de la administración pública; y los demás asuntos que determinen las leyes. (9) <div> CAPITULO III De las Cámaras de Segunda Instancia</div> Art. 57.- Las Cámaras de Segunda Instancia, según su jurisdicción, tendrán competencia para conocer: <ul> 1º De los asuntos correspondientes al territorio que les ha sido asignado, tramitados en primera instancia por los Juzgados respectivos, así: <ul> a) En apelación; b) Por recurso de hecho; c) En consulta; d) En revisión;</ul> 2º De los recursos extraordinarios de queja por retardación de justicia y por atentado; 3º En primera instancia, en los asuntos determinados por las leyes; 4º En los demás asuntos que las leyes determinen.</ul> Art. 58.- Corresponde a las Cámaras de Segunda Instancia, las atribuciones siguientes: (9) <ul> 1ª Formar su reglamento interior, que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia; (9) 2ª Recibir las acusaciones y denuncias contra los funcionarios respecto de los cuales tiene la Corte Suprema de Justicia la facultad de declarar si ha lugar a formación de causa, para el solo efecto de instruir el informativo; (9) 3ª Conocer, en su ramo, de las recusaciones, impedimentos y excusas, de los Jueces de Primera Instancia de su Sección; (9) 4ª Las demás que determinen las leyes. (9)</ul> La atribución 2ª sólo corresponde a las Cámaras con jurisdicción penal. (9) <div> CAPITULO IV De los Juzgados de Primera Instancia Art. 59.- Los Juzgados de Primera Instancia son tribunales unipersonales, y están a cargo de un Juez, que debe reunir los requisitos exigidos por el artículo 179 de la Constitución, y ser nombrado de acuerdo a las prescripciones de la ley respectiva. Art. 60.- Estos Tribunales conocerán en primera instancia, según su respectiva competencia, de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio correspondiente a su jurisdicción; y en segunda instancia en los casos y conceptos determinados por las leyes. También tendrán competencia para conocer en asuntos no contenciosos en que una ley expresa requiera intervención judicial. Art. 61.- Los Jueces de Primera Instancia, en los asuntos de su competencia, sólo podrán intervenir a petición de parte, excepto en los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio. <div> CAPITULO V De los Juzgados de Paz</div> Art. 62.- Los juzgados de Paz son Tribunales unipersonales que conocen de los asuntos de menor cuantía en los ramos civil y mercantil, están a cargo de un Juez que debe reunir los requisitos mínimos a que se refiere el Art. 180 de la Constitución. Conocerán además de los asuntos que las leyes les determine. (15) Art. 63.- La jurisdicción de los Juzgados de Paz estará circunscrita al territorio del Municipio en que tenga su sede. Art. 64.- Los Juzgados de Paz conocerán en Primera Instancia de los asuntos civiles y mercantiles cuya cantidad no exceda de Diez Mil Colones o que no excediendo no pueda de momento determinarse. En lo penal tiene competencia para conocer: (9) (15) (21) <ul> a) De las primeras diligencias de instrucción en todos los procesos por delitos sujetos a la jurisdicción común que se cometan dentro de su comprensión territorial; (15) (21) b) De las faltas; y, (15) (21) c) De diligencias que le cometan los Jueces de Primera Instancia o demás Tribunales de Justicia o que les determinen las Leyes. (15) (21)</ul> Los Juzgados de Paz serán los únicos Tribunales competentes para conocer de los juicios conciliatorios. (15) (21) Art. 65.- DEROGADO. (21) <div> TITULO IV De los demás Funcionarios y de los Empleados CAPITULO I De los Secretarios de la Corte Suprema de Justicia y de las demás Cámaras de Segunda Instancia</div> Art. 66.- Habrá un Secretario General para la Corte Suprema de Justicia y un Secretario para cada una de las Salas que la integran. Art. 67.- El Secretario General deberá reunir los requisitos que la Constitución exige para ser Magistrado de Cámara de Segunda Instancia; y los Secretarios de las Salas, los que aquélla exige para ser Juez de Primera Instancia. (9) Art. 68.- La falta del Secretario General, por cualquier motivo legal, será suplida por los Secretarios de Sala, en el orden de precedencia de éstas, y la de los Secretarios de Sala por el Primer Oficial Mayor de la Corte. Art. 69.- El Secretario General tendrá las siguientes obligaciones: <ul> 1ª Autenticar las firmas de los funcionarios judiciales, abogados y notarios, en las actuaciones o instrumentos que como tales autorizaren, sin que se entienda que la autenticación garantiza la validez de la actuación o del instrumento; 2ª Llevar un libro en que los Magistrados, Jueces, Abogados y Notarios autorizados, asentarán de su puño y letra las firmas, medias firmas y rúbricas que usen, debiéndoseles comunicar las modificaciones que sufrieren, a fin de asentarlas de nuevo en la forma indicada; y otro en que se anotarán de orden del Tribunal los hechos delictuosos que se atribuyen a los abogados y notarios, en el ejercicio de su profesión o de sus funciones, conocidos por la Corte Suprema de Justicia por cualquier medio racional con el objeto de suspenderlos o inhabilitarlos en aquel ejercicio, llegado el caso, previos los requisitos de Ley; 3ª Derogada. (7) 4ª Las que se mencionan en el Artículo siguiente.</ul> Art. 70.- Son obligaciones del Secretario General y de los Secretarios de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: <ul> 1ª Autorizar con su firma las resoluciones del Tribunal; 2ª Recibir los escritos que se presenten al Tribunal, anotando al margen de aquéllos y a presencia del interesado, el día y hora de su presentación, autorizando esta razón con su firma; cerciorarse de la identidad de quien los presenta y de si está firmado por él o a su ruego por otra persona, haciendo constar esta circunstancia; y dar cuenta con dichos escritos a más tardar dentro de la siguiente audiencia; 3ª Cuidar y conservar con el debido arreglo, los procesos y documentos que estuvieren en su oficina o en el despacho de los Magistrados; 4ª Llevar siempre al corriente los libros determinados por la Ley y Reglamentos respectivos; 5ª Cuidar de que toda resolución lleve la firma, media firma o rúbrica del Magistrado o Magistrados que deban autorizarla; 6ª Refrendar los exhortos y suplicatorios que se libren por el Tribunal; 7ª Hacer las notificaciones, citaciones y emplazamientos que deban practicarse en la oficina; 8ª Despachar oportunamente la correspondencia oficial del Tribunal; 9ª Llevar un registro que contendrá lo esencial y en extracto, día por día, de las resoluciones que se dicten en el Tribunal; (9) 10ª Derogada. (7) 11ª Custodiar los sellos y libros del Tribunal y Secretaría y procurar que los muebles y demás enseres de la oficina se conserven en buen estado; 12ª Entregar a los Fiscales y representantes de la Procuraduría General de la República, los procesos en que deban intervenir, y hacer que los devuelvan a la oficina concluidos los términos legales; 13ª Cumplir y hacer que se cumplan inmediatamente las órdenes verbales o escritas emanadas del Tribunal o del Presidente; 14ª Llevar un libro de inventario, debidamente autorizados por la Corte de Cuentas de la República, de los muebles y demás enseres del Tribunal; 15ª Las demás que determinen las leyes. (9)</ul> Art. 71.- Los Secretarios de las Cámaras de Segunda Instancia deberán ser abogados en ejercicio; y sus obligaciones serán las mismas que se enumeran en el artículo anterior. (9) Su falta, por cualquier motivo legal, será suplida por el Oficial Mayor del respectivo Tribunal. (9) Art. 72.- Cuando en el lugar en que tuvieren su asiento las Cámaras de Segunda Instancia, no hubiere abogado que aceptare el cargo de Secretario, podrá recaer el nombramiento en persona que reúna los requisitos para ser Secretario de Juzgado de Primera Instancia. <div> CAPITULO II De los Secretarios de los Juzgados</div> Art. 73.- Los Jueces actuarán con un Secretario, que deberá estar autorizado para el ejercicio del cargo por la Corte Suprema de Justicia. (9) También deberán estar autorizados para el ejercicio de sus respectivos cargos el Notificador, el Citador-Notificador, el Secretario Notificador y quienes desempeñen funciones iguales o similares, aunque se les mencione por otro nombre. (9) Las autorizaciones a que se refiere este artículo, se conferirán de acuerdo con el Reglamento respectivo. (9) Art. 74.- Para desempeñar el cargo de Secretario de Juzgado, deberá preferirse a los estudiantes de Ciencias Jurídicas, autorizados para ello. (9) La primera vez que la persona solicite desempeñar el cargo de Secretario, acompañará a la solicitud certificación de la autorización. Si ya hubiere desempeñado otra Secretaría de Juzgado, agregará constancia auténtica de haber dejado al día toda la documentación que estuvo bajo su responsabilidad; no faltarle firmas en los expedientes que se tramitaron; y haberla desempeñado con honradez y capacidad. (9) Ninguna persona podrá comenzar a fungir como Secretario antes de su nombramiento. En caso de que el Tribunal quedare sin Secretario nombrado, el juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá informarlo a la Corte Suprema de Justicia para que proceda a efectuar el nombramiento; mientras tanto el juez designará interinamente uno, quien fungirá hasta que el nombrado tome posesión. (9) Art. 75.- DEROGADO. (9) Art. 76.- La falta de Secretario por enfermedad, licencia u otra causa legal, será suplida por un interino designado por el juez, aplicándose lo establecido en el artículo 74 de esta Ley. (9) Art. 77.- Los Secretarios de los Jueces que no sean abogados serán solidariamente responsables con éstos. Art. 78.- Son obligaciones de los Secretarios de Juzgados, las siguientes: <ul> 1ª Practicar de la manera prevenida por la ley los emplazamientos, citaciones y notificaciones que se ofrezcan dentro y fuera de la oficina; 2ª Guardar secreto en las materias que lo exijan; 3ª Cuidar de los archivos que estén a su cargo; que los expedientes tengan sus carátulas, que estén cosidos y foliados por su orden y con el aseo debido, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe al Juez; 4ª Las contenidas en las fracciones 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 9ª y 14ª del artículo 70 de esta Ley. (9) 5ª Las que les impongan otras leyes.</ul> Las diligencias mencionadas en la fracción 1ª de este artículo, también podrán practicarse por el Secretario Notificador, y en materia penal, las citaciones de testigos y jurados podrán además verificarse por el Citador del Tribunal. Art. 79.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 74 también es aplicable a los Notificadores y Citadores-Notificadores de los Juzgados de Primera Instancia y a los Secretarios Notificadores de los Juzgados de Paz. (9) <div> CAPITULO III Disposiciones Comunes a los dos Capítulos Anteriores</div> Art. 80.- Una misma persona no podrá desempeñar más de una Secretaría en el Ramo Judicial. Art. 81.- DEROGADO. (9) Art. 82.- El Secretario es el Jefe inmediato del personal subalterno y tiene a su cargo la administración de la oficina. Cuidará, en consecuencia, de que los demás empleados cumplan sus obligaciones. (9) Art. 83.- DEROGADO. (9) Art. 84.- DEROGADO. (9) Art. 85.- Es prohibido a los Secretarios, Notificadores, Citadores-Notificadores y Secretarios Notificadores: <ul> 1º Recibir de los litigantes gratificaciones o dádivas de ninguna clase; 2º Ser depositarios de cosas litigiosas; 3º Confiar los procesos o documentos presentados en juicio o entregar las actuaciones, sin expreso mandato del Juez o Tribunal; 4º Permitir que se saquen de las oficinas las actuaciones archivadas, sin previo mandato del Juez o Tribunal; (9) 5º Ser agente de negocios, procuradores o directores de los que se ventilen en el Tribunal donde actúen; 6º Actuar en causas propias y en las que tengan interés sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, legítima o ilegítima, y en aquéllas en que los mismos sean Jueces, Magistrados, Abogados, Procuradores, Defensores o Curadores; 7º DEROGADO. (9)</ul> <div> CAPITULO IV De los Oficiales Mayores</div> Art. 86.- Habrá Oficiales Mayores en la Corte Suprema de Justicia y en las Cámaras de Segunda Instancia. (9) Art. 87.- En los casos de recusación, impedimento o excusa, los Oficiales Mayores de la Corte Suprema de Justicia se subrogarán unos a otros indistintamente. (9) Art. 88.- Los Oficiales Mayores ordenarán los procesos, cuidarán de que estén cosidas y numeradas ordenadamente sus fojas, rotularán y numerarán las piezas de que aquéllos se compongan, las que no deben exceder de doscientas fojas. (9) Revisarán los procesos antes de ser entregados a las partes o de remitirlos a otras oficinas, para subsanar cualquier defecto reparable, haciendo lo mismo al recibirlos. Art. 89.- Son obligaciones de los Oficiales Mayores: <ul> 1ª Ayudar al Secretario en los trabajos de la Secretaría; 2ª Hacer las notificaciones, citaciones y emplazamientos que deban practicarse fuera de la oficina; 3ª Sustituir al Secretario, cuando éste se halle ausente u ocupado en el despacho del Tribunal; 4ª Llevar los libros de entrada de los procesos y documentos que se reciban en la Secretaría y los de conocimientos y sacas; entregar los procesos a las partes y recibirlos cuando sean devueltos poniendo en uno y otro caso la razón respectiva del día y hora en que se entregan o devuelvan; lo mismo se observará cuando los Magistrados y Colaboradores lleven en estudio los procesos; 5ª Anotar asimismo en los procesos la fecha y hora en que se han librado y remitido provisiones, exhortos, suplicatorios y otros despachos y las en que se reciban diligenciados.</ul> Art. 90.- La Corte Suprema de Justicia distribuirá entre sus Oficiales Mayores las obligaciones indicadas en el artículo anterior. <div> CAPITULO V De los Colaboradores Jurídicos</div> Art. 91.- Habrá en la Corte Suprema de Justicia, en las Cámaras de Segunda Instancia y Juzgados de Primera Instancia los Colaboradores Jurídicos que fueren necesarios, quienes deberán reunir las mismas cualidades requeridas para ser Juez de Primera Instancia. Art. 92.- Son obligaciones de los Colaboradores Jurídicos: <ul> 1ª Hacer en los procesos la relación de los hechos; 2ª Dar cuenta al tribunal, antes de hacer la relación, de lo siguiente: <ul> a) De todo vicio u omisión substancial que notaren en los procesos; b) De las infracciones de los Tribunales, Jueces, funcionarios y partes que han intervenido;</ul> 3ª Hacer los estudios y trabajos que les encomiende el Tribunal; 4ª Guardar secreto en todos los asuntos relacionados con su cargo.</ul> <div> CAPITULO VI De los Archivistas y demás Empleados</div> Art. 93.- Habrá en la Corte Suprema de Justicia y en las Cámaras de Segunda Instancia, con la denominación determinada en la Ley de Salarios, un archivista encargado de la custodia, conservación y arreglo del archivo del Tribunal. El Archivista de la Corte llevará con la separación debida, los expedientes y documentos del Tribunal y sus Salas. En Sección especial archivará los protocolos de los notarios. En los Juzgados habrá un archivista cuando lo exijan las necesidades de la oficina. Art. 94.- DEROGADO. (9) Art. 95.- Son obligaciones de los archivistas: <ul> 1ª Formar un inventario completo de los expedientes y documentos del Tribunal; colocarlos debidamente clasificados conforme la codificación que para tal efecto se adopte, debiendo guardar absoluto secreto respecto de los expedientes, documentos y protocolos que custodie; 2ª Llevar un Libro de Entrada y otro de Salidas de expedientes y documentos; en el primero se anotarán los que entregue la Secretaría para su guarda, y en el segundo los que por cualquier motivo se saquen del archivo, cancelando esa anotación cuando sean devueltos; 3ª Las demás que determine el Reglamento de cada Tribunal.</ul> Art. 96.- En la Corte Suprema de Justicia, Cámaras de Segunda Instancia y Juzgados de Primera Instancia y de Paz, habrá el número de empleados que determine la Ley de Salarios. (9) En las ciudades en que funcionen Facultades de Ciencias Jurídicas, los cargos que requieran conocimientos jurídico-legales, cualesquiera sea su denominación en la Ley de Salarios, serán encomendados a estudiantes activos de dichas facultades o egresados que no tengan más de tres años de haber obtenido esta calidad. (9) Art. 97.- DEROGADO. (9) <div> CAPITULO VII De los Médicos Forenses y demás Peritos Judiciales</div> Art. 98.- Se nombrarán Médicos Forenses en cada una de las ciudades en donde tienen su sede los Juzgados de Primera Instancia, quienes podrán ser nombrados para que presten sus servicios indistintamente a los Juzgados que existan en una misma ciudad o para que estén exclusivamente adscritos a un juzgado determinado. (9) El Juez de Primera Instancia correspondiente será el superior jerárquico del Médico Forense nombrado en su tribunal; y en las ciudades donde haya varios Médicos Forenses nombrados para que presten sus servicios indistintamente en los juzgados que allí existan, el superior jerárquico de todos será el Presidente de las siguientes Cámaras, en su caso: Primera de lo Penal, de lo Penal o Primera de Segunda Instancia. (9) En el último caso, el respectivo jefe de la clínica forense, conforme a instrucciones que reciba del superior jerárquico de los Médicos Forenses, integrará los grupos de médicos que por turnos atenderán los servicios en los tribunales de la ciudad. (9) En los lugares en donde no haya facultativo en medicina y cirugía, serán nombrados forenses los estudiantes que hayan aprobado los ocho primeros ciclos de las Facultades de Medicina; y en su defecto, personas que sean aptas para el desempeño del cargo. (9) La Corte Suprema de Justicia reglamentará el servicio de los Médicos Forenses y podrá crear una entidad que los integre a fin de conseguir la utilización racional de los recursos y la especialización del personal médico y auxiliar. (9) Art. 99.- Cuando se concedieren licencias a los Médicos Forenses o hubiere vacante por renuncia, suspensión o remoción de los mismos, mientras no se nombre al sustituto, el respectivo jefe de la clínica forense conforme a instrucciones que reciba del superior jerárquico de los Médicos Forenses, redistribuirá los turnos entre los restantes en los lugares en que se empleare este sistema. En los lugares en donde no exista el sistema de turnos el juez de la causa hará la designación interina del sustituto, que recaerá indistintamente en cualesquiera de los otros ya nombrados, si en el lugar hubiere más de dos; en caso contrario designará interinamente un facultativo y en su defecto a un práctico. En todo caso deberá informarse a la Corte Suprema de Justicia de la redistribución o designación, dentro de las veinticuatro horas de efectuadas, para que disponga lo pertinente. (9) Art. 100.- Son obligaciones de los médicos forenses: (9) <ul> 1º Residir constantemente en el lugar en donde prestaren sus servicios; (9) 2º Practicar en tiempo oportuno todos los reconocimientos, análisis y autopsias que ordenaren los Jueces en causas penales; y (9) 3º Emitir dictámenes en las causas civiles en que la ley ordena oírlos. (9)</ul> Los jueces comunicarán a la Corte la falta de cumplimiento de las obligaciones anteriores, el abandono del servicio por más de tres días consecutivos en que incurriere un médico forense, y toda otra irregularidad que advirtieren en la prestación de estos servicios, especialmente la renuncia o retardación para la práctica oportuna de los reconocimientos y dictámenes, y la falta de asistencia de los mencionados médicos en las Clínicas Forenses o en los Tribunales respectivos. (9) El incumplimiento por parte de los jueces de la obligación de informar sobre las irregularidades dichas, les hará incurrir en la sanción prevista en la Ley de la Carrera Judicial. (9) Art. 101.- La Corte Suprema de Justicia nombrará Peritos Oficiales, a fin de que presten sus servicios en los Juzgados de Tránsito y en los demás que aquélla estime conveniente. Los Peritos podrán ser nombrados para que presten sus servicios indistintamente en todos los Juzgados que existan en una misma ciudad, o para que estén adscritos a un Juzgado determinado. Art. 102.- DEROGADO. (9) <div> CAPITULO VIII De las Clínicas Forenses</div> Art. 103.- Habrá Clínicas Forenses en las ciudades en donde hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia con jurisdicción penal, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, las que estarán a cargo de un Jefe, que podrá ser uno de los Médicos Forenses, y tendrán el personal técnico indispensable. INCISO SEGUNDO DEROGADO. (9) Art. 104.- Las Clínicas Forenses estarán alojadas de preferencia en los Centros Judiciales o en los edificios de los Juzgados, y serán dotadas del equipo y material necesario para el conveniente desempeño de las funciones de los Médicos Forenses. El importe de las sustancias que se necesite para la práctica de autopsias u otros reconocimientos, será pagado por el Tesoro Público, mediante recibo firmado por el Jefe de la Clínica, que deberá llevar Visto Bueno del Juez de la causa pero aprontará aquellas sustancias el Hospital o las Clínicas asistenciales del lugar, a los cuales se reintegrará después su valor. <div> CAPITULO IX De los Ejecutores de Embargos (9)</div> Art. 105.- Los Ejecutores de Embargos desempeñan una función judicial que consiste en efectuar, por comisión, los decretos de embargo o secuestro emanados de los Tribunales. (9) Art. 106.- Para ejercer el cargo de Ejecutor de Embargos, se necesita: (9) <ul> 1º Comprobar idoneidad para desempeñar el cargo, ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; (9) 2º Buena Conducta notoria, pública y privada; (9) 3º Prestar fianza, hasta en la cantidad de cinco mil colones, ante la misma Sala, de desempeñar el cargo fiel y legalmente. (9)</ul> La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia extenderá constancia al interesado, en papel sellado de cinco colones cincuenta centavos, en caso de serle favorable la resolución que recaiga en la información que deberá seguirse, en lo aplicable, de acuerdo con el "Reglamento para Obtener Certificado o Autorización para desempeñar el Cargo de Secretario de Juzgado". (9) Los Ejecutores de Embargo que estuvieren autorizados de conformidad al Art. 612 Pr., bastará que presenten a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, la constancia expedida por el Juez de Primera Instancia respectivo y que rindan la fianza a que se refiere el numeral tercero de este artículo, a efecto de que la Sala les extienda nueva constancia, autorizándolos para ejercer el cargo. (4) (9) Art. 107.- La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia llevará un registro de todas las personas que autorice para ejercer las funciones de Ejecutor de Embargos, en que anotará, la fecha de su autorización, sus datos personales, las amonestaciones, de las que cada Juez debe informar oportunamente, y de las suspensiones que por irregularidades en el desempeño de sus funciones se le hubieren impuesto. (9) Art. 108.- Los Ejecutores de Embargos podrán ser suspendidos o cancelados en el ejercicio de sus funciones por las irregularidades que cometan, a cuyo efecto todo Juez o Tribunal está obligado a informar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dichas irregularidades, las que también podrán ser denunciadas ante el mismo Tribunal por los perjudicados, debiendo proceder la Sala sumariamente en ambos casos; dichas sanciones podrán imponerse con solo la robustez moral de prueba. (9) <div> TITULO V De las Secciones de la Corte Suprema de Justicia CAPITULO I De la Sección del Notariado</div> Art. 109.- La Sección del Notariado es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia; estará a cargo de un Jefe que deberá reunir las cualidades requeridas para ser Juez de Primera Instancia. (9) Habrá un Subjefe de la Sección, que deberá reunir las mismas cualidades requeridas para el Jefe, quien desempeñará las funciones que éste le delegue y lo suplirá en su ausencia. (9) Art. 110.- El Jefe de la Sección del Notariado actuará con un Secretario, que deberá reunir las cualidades requeridas para ser Secretario de Juzgado de Primera Instancia. (9) Art. 111.- Corresponde al Jefe de la Sección del Notariado: <ul> 1ª Cumplir respecto de los notarios domiciliados en la capital, con las atribuciones y obligaciones que les concede e impone la Ley de Notariado; (9) 2ª Llevar los libros de anotaciones de testimonios de testamentos que se remitan a la Corte, de conformidad con la misma ley; 3ª Remitir al archivo de la Corte Suprema de Justicia, ya revisados, los testimonios de testamentos abiertos, cubiertas de los cerrados, libros de Protocolo y sus anexos y libros de testimonios, formados de los que en papel simple hubieren recibido de los notarios y Jueces de Primera Instancia, debiendo informar a la Corte de las informalidades que notare en cada instrumento; la remisión de los testimonios de testamentos públicos y de las cubiertas de los cerrados, deberá hacerse dentro de tercero día de recibidos, y la de los Protocolos y sus anexos y libros de testimonios, a más tardar el último día del mes de septiembre de cada año; (9) 4ª Proporcionar, con vista de los libros a que se refiere la fracción 2ª a los interesados que prueben la defunción del testador, los datos concernientes únicamente a la existencia del respectivo testamento, a la fecha en que fue otorgado y el nombre del notario que lo autorizó; y permitir a los otorgantes de las respectivas escrituras, a las personas cuyos derechos resulten de éstas o se deriven de aquéllos, y a los abogados, examinar el protocolo o protocolos existentes en el archivo de la Corte Suprema de Justicia, a su presencia o a la del Archivista; 5ª Expedir los testimonios que se soliciten de las escrituras que se custodien en el archivo de la Corte Suprema de Justicia, ya de los protocolos de los notarios, ya de los registros formados de los testimonios remitidos por los mismos con arreglo a la ley, y de los que se remitan por los Agentes Diplomáticos o Consulares y Jueces de Primera Instancia con jurisdicción en materia civil, en los casos determinados por la ley. La expedición de dichos testimonios se hará con citación de la parte contraria, en los casos que la ley prescribe. Si tuviere duda sobre la procedencia de la expedición del testimonio, dará cuenta a la Corte Plena para que ésta resuelva lo conveniente; 6ª Llevar un inventario de los muebles y demás enseres de la oficina.</ul> Art. 112.- Corresponde al Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de San Salvador, respecto del Jefe y Subjefe de la Sección del Notariado, cuando éstos desempeñen funciones de Notario, ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones señaladas en los ordinales 1º y 3º del artículo anterior. (9) <div> CAPITULO II De la Sección de Probidad</div> Art. 113.- La Sección de Probidad es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de un Jefe que deberá reunir los requisitos exigidos para ser Juez de Primera Instancia. (9) Habrá un Jefe suplente de la Sección, que deberá reunir las cualidades requeridas para el propietario. (9) Art. 114.- Corresponde al Jefe de la Sección de Probidad: <ul> 1º Recibir las declaraciones a que se refiere el Art. 3 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a la obligación que dicha disposición impone; 2º Clasificar y guardar en un archivo especial las declaraciones, manteniéndolas en reserva; 3º Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando del examen de las declaraciones aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario o empleado público, para los efectos del Art. 9 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos; 4º Las demás que la ley le imponga.</ul> <div> CAPITULO III De la Sección de Investigación Profesional</div> Art. 115.- Habrá en la Corte Suprema de Justicia una Sección encargada de investigar la conducta de los abogados, notarios, estudiantes de Ciencias Jurídicas, con facultad de defender o procurar, ejecutores de embargos y demás funcionarios de nombramiento de la Corte que no formen parte de la Carrera Judicial. Esta Sección estará a cargo de un Jefe, que deberá reunir las condiciones que se exigen para ser Juez de Primera Instancia, quien intervendrá con un Secretario, y podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier interesado. (9} El Jefe de la Sección sustanciará la información, pudiendo tomar declaraciones, ordenar comparendos y librar las esquelas correspondientes, a nombre del Presidente de la Corte. Al estar concluida la información, y después de oír la opinión del Fiscal de la Corte, dará cuenta con ella al Presidente, quien, si la considera depurada, la someterá a conocimiento de la Corte Plena. Art. 116.- A esta misma Sección corresponderá el trámite de las solicitudes que se presenten para obtener autorización como abogado o notario. <div> CAPITULO IV De la Sección de Publicaciones</div> Art. 117.- La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sección de Publicaciones, que será dotada del equipo y del personal técnico y administrativo necesario. Estará a cargo de un Jefe. (9) Art. 118.- En esta Sección se editará semestralmente la "Revista Judicial", que será el órgano de divulgación de la Corte Suprema de Justicia, cuya dirección y redacción corresponderán, ad-honorem, al Magistrado que nombre la Corte, quien desempeñará sus funciones por el período de dos años, pudiendo ser reelecto. Art. 119.- En la Revista Judicial se publicarán: <ul> 1º Las leyes y decretos de los Órganos Legislativo y Ejecutivo que se refieran al Ramo Judicial; 2º Los Acuerdos y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que ésta mande publicar; 3º Las sentencias de los Tribunales y Jueces que resuelvan cuestiones de importancia jurídica, a juicio del Director; 4º Los proyectos de ley elaborados por la Corte y los dictámenes que emita en los casos en que conforme a la ley le fueren requeridos; 5º DEROGADO. (9)</ul> Art. 120.- La Revista se distribuirá gratuitamente a los funcionarios de los otros Órganos del Estado, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Magistrados, Jueces, Fiscales, Médicos Forenses, Registradores y a las personas e instituciones que se estime conveniente. El Director procurará el canje de la Revista con órganos similares de otros países. El Reglamento para la administración de la Revista lo acordará la Corte Suprema de Justicia. Art. 121.- Se editarán también, en forma especial, las leyes y reglamentos que se refieran al Ramo Judicial, y las obras científicas de autores nacionales, relativas a la ciencia del derecho, que la Corte Suprema de Justicia estime conveniente divulgar. <div> CAPITULO V DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA (29)</div> Art. 121 a.- Créase el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, como una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, el que estará a cargo de un Jefe que deberá reunir las cualidades requeridas para ser Juez de Primera Instancia. Contará con un cuerpo de inspectores y asistentes de prueba nombrados por la misma Corte. (29) Art. 121 b.- Corresponderá al Departamento de Prueba y Libertad Asistida, colaborar con los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en las tareas de control de las condiciones o reglas de conducta impuestas en los casos de suspensión condicional del procedimiento penal, medidas de seguridad, libertad condicional, suspensión condicional de la ejecución de la pena en cualquiera de sus formas y el cumplimiento de penas que no implican privación de libertad. (29) Art. 121 c.- Corresponderá al Jefe del Departamento de Prueba y Libertad Asistida: (29) <ul> a) Desarrollar las políticas, métodos y estrategias para el cumplimiento de los fines del Departamento; (29) b) Elaborar los manuales de procedimiento que sean necesarios, para que el Departamento preste un servicio adecuado a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena; (29) c) Establecer, dentro del Departamento las comisiones requeridas para supervisar el cumplimiento de las medidas sustitutivas de detención, que le corresponden de acuerdo a la Ley; (29) d) Colaborar y obtener la colaboración de los organismos administrativos que establece la Ley Penitenciaria, para un mejor cumplimiento de sus objetivos; y (29) e) Las demás atribuciones que la Ley y la Corte Suprema de Justicia le señale. (29)</ul> Art. 121 d.- La Corte Suprema de Justicia, dictará las normas reglamentarias administrativas y operativas, para el mejor funcionamiento del Departamento. (29) <div> TITULO VI CAPITULO UNICO De las Licencias y Vacaciones</div> Art. 122.- La Corte Suprema de Justicia podrá conceder licencia sin goce de sueldo hasta por dos meses en cada año, a los Magistrados de la misma. (9) Los Magistrados podrán hacer uso de la licencia por períodos no menores de tres días, previo el depósito correspondiente, cuando la ley lo requiera, el que comunicarán a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Cuentas de la República. (9) Art. 123.- La Corte podrá conceder licencia por motivo de enfermedad, con goce de sueldo a sus Magistrados, hasta por cinco meses en cada año de servicio. En el acuerdo respectivo se determinará el tiempo de licencia, tomando en cuenta la gravedad o trascendencia de la enfermedad; si ésta continuare, podrá prorrogarse la licencia, sin que pueda exceder del límite señalado anteriormente. (9) Art. 124.- Para obtener licencia con goce de sueldo, el Magistrado deberá acompañar los documentos originales que justifiquen su enfermedad. (9) Art. 125.- DEROGADO. (9) Art. 126.- DEROGADO. (25) Art. 127.- En todo lo que no estuviere especialmente previsto por esta ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, o en cualquiera otra que de modo manifiesto no excluya a funcionarios o empleados del Órgano Judicial. <div> TITULO VII CAPITULO UNICO De las Precedencias</div> Art. 128.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia precederá a los demás Magistrados. La Sala de lo Constitucional precederá a la de lo Civil; ésta a la de lo Penal; y ésta última a la de lo Contencioso Administrativo. La precedencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional será conforme al orden de su designación, y la de las demás Salas conforme al orden en que hubieren sido integrados con arreglo a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 4; y la de los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, según el orden de su nombramiento. Las Cámaras de Segunda Instancia con sede en San Salvador, precederán a las demás Cámaras Seccionales, y entre aquéllas precederá la Primera de lo Civil. Los Jueces de Primera Instancia tomarán su precedencia en la clase a que correspondan según el número de orden que tengan; pero en caso en que concurrieren Jueces de varios ramos, estarán en primer lugar los Jueces de Hacienda, por su orden, siguiendo los de lo Civil y Mercantil, los de lo Laboral, los de lo Penal, los de Menores, los de Tránsito, los de lo Militar y los de Inquilinato. Art. 129.- En Corte Plena los Magistrados tomarán asiento según la precedencia establecida en el artículo anterior, incisos 1º y 2º. Art. 130.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia velará porque a ésta se le dé, en los actos oficiales a que asista, la precedencia que según las leyes respectivas le corresponde. <div> TITULO VIII CAPITULO UNICO De los Trajes e Insignias</div> Art. 131.- Los Magistrados y Jueces de Primera Instancia, en los actos oficiales, usarán el traje correspondiente a la ceremonia a que asistan; y al despacho asistirán con traje apropiado a la categoría de sus cargos. Art. 132.- Los Magistrados y Jueces deberán usar como distintivo, en el ojal de la solapa izquierda un botón de forma circular, de uno y medio centímetro de diámetro, esmaltado con los colores del Pabellón Nacional en el orden que éste los presenta, conteniendo una "P", el que lleve el Presidente de la Corte; una "M", los que usen los Magistrados y una "J", los destinados a los Jueces de Primera Instancia y de Paz. Dichas letras tendrán un centímetro de alto y el ancho será proporcionado; de oro las del Presidente, Magistrados y Jueces de Primera Instancia y de plata las de los Jueces de Paz. Art. 133.- Los funcionarios que no cumplan con lo preceptuado en los dos artículos anteriores, serán amonestados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; y en caso de reincidencia les impondrá una multa que no baje de cinco colones ni exceda de veinticinco. <div> TITULO IX CAPITULO UNICO De las Honras Fúnebres</div> Art. 134.- Inmediatamente que falleciere alguno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Secretario de la misma lo comunicará por oficio al Ministro del Ramo para los efectos de la Ordenanza del Ejército. Art. 135.- El Presidente del Tribunal convocará a sesión plenaria con la debida oportunidad, para acordar el nombramiento de las Comisiones que han de presidir el duelo, dar el pésame a la familia del extinto y dictar las demás disposiciones que se estimen convenientes. Art. 136.- El Secretario de la Corte, a nombre de ésta, mandará publicar por cuenta de la Nación, en dos de los periódicos de mayor circulación de la capital de la República, una esquela lamentando el deceso e invitando a los funerales. Art. 137.- Es obligación de los empleados judiciales del lugar donde falleciere el Magistrado, asistir a la inhumación. Se dará cuenta del deceso en el próximo número de la "Revista Judicial", cuyas páginas deberán enlutarse. Art. 138.- Si falleciere un Magistrado de alguna de las Cámaras de Segunda Instancia, el otro lo avisará inmediatamente al Presidente de la Corte y al Ministro de Defensa y de Seguridad Pública; al primero para lo que estime conveniente disponer y al segundo para los efectos del Art. 134. Art. 139.- Lo dispuesto en los artículos anteriores es aplicable a los Magistrados Suplentes, cuando alguno de éstos falleciere en el ejercicio de sus funciones. <div> TITULO X CAPITULO UNICO Del Recibimiento y Autorización de los Abogados y Notarios Art. 140.- El que pretenda recibirse de abogado presentará su solicitud al Jefe de la Sección de Investigación Profesional, acompañando los documentos siguientes: (8) <ul> 1º Su título de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales o de licenciado en Ciencias Jurídicas; (8) 2º Certificación de su partida de nacimiento; (8) 3º Atestados en los que conste su práctica jurídica, la que podrá acreditarse por cualquiera de los medios siguientes: (8) <ul> a) Certificaciones extendidas por las autoridades correspondientes en las que conste que el aspirante ha diligenciado o intervenido debida y diligentemente en lo siguiente: (7) (8) <ul> 1) tres exhibiciones personales por lo menos; (8) 2) tres defensas penales, como mínimo, desde el inicio del proceso; o cinco vistas públicas como defensor, fiscal o jurado propietario; (8) 3) cinco procesos civiles, mercantiles o laborales, por lo menos, representando en forma gratuita a personas de escasos recursos económicos, en colaboración con la Procuraduría General de la República u otra Institución Oficial encargada de la asistencia legal. (8)</ul> El requisito a que se refiere el número dos podrá sustituirse por diez proyectos de autos interlocutorios y cinco proyectos de sentencias definitivas, por lo menos, elaborados en procesos penales que se sigan en Juzgados de Primera Instancia; y el requisito a que se refiere el número tres podrá sustituirse por diez proyectos de autos interlocutorios y cinco proyectos de sentencias definitivas, por lo menos, elaborados en procesos civiles, mercantiles o laborales que se sigan en Juzgados de Primera Instancia. (8) La autoridad correspondiente, al expedir las certificaciones de la práctica, indicarán con toda claridad los casos en que intervino el interesado, las fechas de cada práctica y la forma de su participación. (8) La Corte Suprema de Justicia podrá acreditar como práctica jurídica, cualquier otra práctica equiparable a las anteriores, realizada por el aspirante y que no esté comprendida en los casos a que se refiere este apartado a); (8) <ul> <ul>b) Certificación en la que conste haber desempeñado el solicitante dos años, por lo menos, el cargo de Juez de Paz; y(8) c) Certificación en la que conste haber desempeñado el solicitante dos años, por lo menos, una Secretaría Judicial, el cargo de Auxiliar en un tribunal u otro empleo que tenga estrecha relación con la práctica jurídica; (8) d) Certificación extendida por el Procurador General de la República, de haber verificado el aspirante dos años de práctica jurídica. (9)</ul> La Corte Suprema de Justicia dictará un Reglamento sobre práctica jurídica. (8) Art. 141.- Admitida la solicitud, el Jefe de la Sección de Investigación Profesional seguirá información secreta sobre la conducta pública y privada del interesado, debiendo declarar por lo menos tres testigos idóneos. Podrá además recoger de oficio los datos e informes que estime convenientes. (8) Concluida la información, el Jefe de la Sección de Investigación Profesional dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva lo pertinente. (8) Si la resolución fuere favorable, la Corte autorizará al interesado para ejercer la abogacía en todas sus ramas, previa la protesta de ley. Si la resolución fuere desfavorable se declarará sin lugar la autorización solicitada y no podrá repetir la solicitud el interesado sino después de transcurrido el plazo que señale la Corte, el que no podrá exceder de tres años. (8) Art. 142.- Si el solicitante, sea salvadoreño o centroamericano, hubiere adquirido su título fuera del país, lo presentará debidamente autenticado, y justificará haber sido incorporado a la Universidad de El Salvador, así como su identidad. En lo demás, se observará lo prescrito en las disposiciones anteriores, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados vigentes y el Código de Procedimientos Civiles. Art. 143.- Los abogados antes de comenzar a ejercer la abogacía y la procuración, deberán protestar ante el Presidente de la Corte de la siguiente manera: ¿Prometéis bajo vuestra palabra de honor ejercer fiel y legalmente la profesión de abogado, no favorecer a sabiendas ninguna causa injusta y separaros de aquélla en que hubieseis comenzado a intervenir, desde el momento en que conozcáis que ella es injusta; no aconsejar ni consentir que se empleen medios reprobados por la ley o la moral para hacer triunfar los asuntos; y dirigir o representar a los pobres gratuitamente con toda diligencia?. El interrogado contestará: "Sí Prometo". Art. 144.- Se establece la Tarjeta de Identificación del Abogado, que será extendida y firmada por el Secretario de la Corte Suprema de Justicia y contendrá: el número de orden, el nombre del abogado, el lugar y fecha de su nacimiento, la fecha del Diario Oficial en que aparezca publicado el acuerdo que lo autoriza para el ejercicio de la abogacía, la fotografía y firma del abogado. La tarjeta será extendida gratuitamente por primera vez y deberá ser renovada, también gratuitamente, cada diez años, con fotografía de la época pero en caso de reposición de la misma, el interesado pagará veinticinco colones en timbres fiscales que se adherirán a la que se expida nuevamente. (9) Los Jueces y Tribunales podrán exigir, si lo estimaren necesario la presentación de la Tarjeta de Identificación a que se refiere el inciso anterior o los documentos que acrediten la calidad de estudiante de alguna de las Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a las personas que intervengan en el carácter indicado en asuntos judiciales. Los abogados autorizados deberán tener además, un sello de forma rectangular que llevará en el centro el nombre del abogado, precedido de la mención de su título académico, que podrá abreviarse, y en la parte inferior la palabra "ABOGADO", el que pondrán debajo de su firma en los casos previstos por la ley. Dicho sello podrá hacerse por duplicado. Tanto la firma como el sello del abogado serán registrados en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia que llevará un libro especial destinado a este fin. Los fabricantes de sellos no podrán hacer el de ningún abogado, mientras no se les presente autorización escrita del Secretario de la Corte Suprema de Justicia. El incumplimiento de esta disposición hará incurrir al infractor en una multa de doscientos colones que le será impuesta por aquel Tribunal con conocimiento de causa. En caso de reposición del sello de abogado o de notario por extravío, el Secretario General de la Corte podrá autorizar la fabricación de otro, en su caso previo pago de la cantidad de diez colones. En los casos de deterioro, el abogado o notario, al solicitar el nuevo sello, deberá entregar a la Corte el anterior. Art. 145.- Los abogados autorizados podrán ejercer la función pública notarial, mediante autorización de la Corte Suprema de Justicia, previo examen de suficiencia rendido ante una comisión de su seno. <div> TITULO XI (1) (7) (10) (12)</div> <div> CAPITULO UNICO De la División Territorial</div> Art. 146.- (1) (11) (12) (13) (16) (20) (22) (24) (26) (27) (31) (32)* * NOTA: El presente Artículo fue derogado por el Decreto Legislativo Nº 262, del 23 de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 62, Tomo 338, del 31 de marzo de 1998, el cual se encuentra agregado a la presente ley en la parte correspondiente a las reformas. FIN DE NOTA. <div> TITULO XII CAPITULO UNICO Disposiciones Generales</div> Art. 147.- La fórmula de la protesta de los funcionarios judiciales será la siguiente: "¿Protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndoos a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen?". "Si, protesto." "¿Prometéis además el exacto cumplimiento de los deberes que os impone el cargo de..... que se os ha conferido?". "Sí, prometo." Art. 148.- Las facultades de los Magistrados o Jueces en visita se limitarán a inspeccionar las cárceles, para los fines indicados en la disposición correspondiente del Código Procesal Penal, debiendo poner constancia del resultado de la visita en un libro que firmarán él o los funcionarios visitadores, el Jefe de la Oficina o Establecimiento visitado y sus respectivos secretarios, y en los tribunales a inspeccionar el archivo y juicios pendientes; a dictar las providencias que juzguen necesarias para corregir abusos y a dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las actuaciones que puedan constituir faltas o delitos. Art. 149.- Las Oficinas de los Tribunales no podrán ser ocupadas para reuniones u otros actos extraños a la administración de justicia, que afecten la seriedad y el decoro del Organo Judicial. Art. 150.- DEROGADO. (7) (9) Art. 151.- DEROGADO. (9) Art. 152.- DEROGADO. (9) Art. 153.- Los Jueces de Hacienda, de lo Civil, de lo Mercantil, de lo Penal, de Inquilinato, Tutelares de Menores y de Paz, y en cualquier otro caso en que hubiere más de uno, con asiento en la Ciuda de San Salvador, cuando por razón del territorio tengan que conocer a prevención, créase como dependencia de la Corte Suprema de Justicia una Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas y solicitudes iniciales de diligencias que se presenten por escrito. Tal dependencia funcionará en el Centro Judicial "Isidro Menéndez" y estará a cargo de un Secretario Distribuidor. El Secretario deberá llenar los mismos requisitos que se exigen para ser Juez de Primera Instancia y será el único competente para recibir y ordenar la distribución entre los Jueces mencionados de las demandas y solicitudes respectivas. Si las demandas o solicitudes hubieren sido dirigidas a un Juez diferente de aquél a quien el Secretario Distribuidor se las enviare, se entenderá que a éste último han sido dirigidas y presentadas. (7) (9) (19) Se tendrá como fecha de presentación de la demanda o solicitud, la que figure en la razón de presentado que consigne, firme y selle el Secretario Distribuidor. (7) (9) La distribución debe hacerla el expresado funcionario con miras a obtener una equitativa distribución del trabajo de los expresados tribunales. (7) (9) Art. 154.- Para sellar los documentos judiciales se usará un sello de tres centímetros de diámetro que deberá contener en el centro el Escudo de Armas de la República, y en la circunferencia el nombre del Tribunal o Secretaría correspondiente. La Corte Suprema de Justicia también podrá usar un sello seco, de forma circular, que será estampado en los documentos importantes, ya sea directamente o sobre un disco de papel dorado, del que penderán dos cintas con los colores del Pabellón Nacional, en el orden en que éste los presenta, que se adherirá al documento. Art. 155.- Las multas que conforme a esta ley se impusieren, serán pagadas en la Oficina respectiva dentro de los tres días siguientes al requerimiento, y si no lo fueren serán exigidas gubernativamente por el Juez o Tribunal que las hubiere impuesto; y si la multa hubiere sido impuesta por la Corte o una Cámara, comisionarán al Juez respectivo para que la haga efectiva. Art. 156.- Cuando alguna persona tenga que consignar o depositar dinero o valores en cualquiera de los Juzgados o Tribunales del país, el Juzgado o Tribunal de que se trate deberá entregarle una orden especificando el nombre del depositante o consignante, el motivo de la entrega, el juicio o expediente, número y año y otros datos que puedan servir para su identificación, para que dicho dinero o valores sean depositados en la Dirección General de Tesorería si se trata de Tribunales del departamento de San Salvador, y en la Administración de Rentas respectiva si se tratare de depósitos que ordenaren Tribunales de otros departamentos, o bien en cualquier corresponsalía del Banco Central de Reserva de El Salvador. Sin embargo, los valores que podrán remesarse en depósito a la Dirección General de Tesorería o a las Administraciones de Rentas, solamente serán aquellos que estén constituidos por cheques certificados, bonos, acciones u otra clase de documentos similares cuyo resguardo pueda ser garantizado por dichas oficinas fiscales. La orden que emitan los tribunales del departamento de San Salvador, constituirá un mandamiento de ingreso, cuando se trate de dinero en efectivo, el cual será abonado en la Cuenta "Fondos Ajenos en Custodia", a cargo del Director General de Tesorería. En las Administraciones de Rentas Departamentales, para los efectos de tales depósitos, se abrirá una cuenta especial bajo el rubro de "Depósitos Judiciales", y con vista de la orden de depósito de los Tribunales de su respectiva jurisdicción departamental, los Administradores de Rentas harán las remesas de dichos fondos a la Agencia o corresponsalía del Banco Central de Reserva o de otro Banco si aquél no tiene corresponsalía en el lugar. Art. 157.- Cuando el dinero o valores que se encuentren en depósito o consignación deban ser devueltos a los enterantes o entregados a las personas que prueben su derecho a ellos, tal devolución o entrega se hará mediante orden que el Juez o Tribunal emitirá al Director General de Tesorería o al Administrador de Rentas Departamental según el caso, la cual contendrá los mismos datos que se consignaron al hacer el depósito. Se les prohibe a los Jueces y Tribunales tener en su poder o en cuentas bancarias a nombre del tribunal, del Juez o a su propio nombre, dinero o valores que se depositen o consignen en cualquier proceso, y la infracción a las presentes disposiciones sujetará al culpable a una multa hasta de quinientos colones que le impondrá la Corte Suprema de Justicia al tener conocimiento del hecho, sin perjuicio de ser destituido de su cargo a juicio del expresado tribunal y de la responsabilidad civil y penal correspondiente. Art. 158.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se observará también en los juicios penales, en lo aplicable. Art. 159.- Los empleados del Órgano Judicial están exentos de cargos concejiles y del servicio militar, miliciano y ejercicios consiguientes, debiendo hacerse constar esta exención en el carnet respectivo. Art. 160.- En los casos de pérdida o extravío de toda clase de procesos, se aplicará para resolver las cuestiones que surjan como consecuencia de la pérdida o extravío, las reglas contenidas en el Decreto Legislativo del 21 de abril de 1890, sancionado por el Ejecutivo el 25 de abril del mismo año, en lo que fueren aplicables. Para los efectos de reposición de instrumento, juicios y sentencias, tendrán igual valor que los originales, las copias que obren en los archivos de las oficinas de los tribunales en que se encuentren. Art. 160-A.- Toda persona, especialmente las partes, sus procuradores o abogados, están obligados a respetar a los Jueces y Magistrados, absteniéndose de ofenderlos de palabra o de obra. Al ocurrir un acto de irrespeto de esa clase, dentro del Tribunal o fuera de él, el Juez o Magistrado ofendido podrá, según el caso, mandar a sacar del Tribunal al infractor, certificar o librar oficio a un Juez de lo Penal, comunicando lo acontecido para que éste, si fuere procedente, instruya el informativo de ley, y dará cuenta el Juez o Magistrado ofendido, a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta ordene la instrucción del expediente respectivo, previo a la suspensión o inhabilitación posible. (7) Art. 160-B.- La Corte Suprema de Justicia determinará los tribunales de justicia que usarán telefacsímil u otros medios técnicos de comunicación, relojes marcadores o de control de horas de presentación de peticiones. (7) Los documentos transmitidos o marcados de aquel modo tendrán el valor de auténticos con sólo hacerse figurar en los juicios o diligencias de que se trate, respaldados por la firma del Juez o Secretario receptores, respectivamente. (7) Art. 160-C.- Habrá tres dependencias o departamentos en la Corte Suprema de Justicia, que se encargarán: La primera, de la información de personas detenidas por cualquier autoridad; la segunda, del control de cumplimiento de sentencias penales; y la tercera, de los decomisos que se hagan y fianzas que se rindan en todos los Tribunales de la República. (7) Habrá también colaboradores jurídicos itinerantes que fueren necesarios para colaborar en la expedición de trabajo de las Cámaras de Segunda Instancia y Juzgados de Primera Instancia. (7) Las normas relativas a la organización y funcionamiento de dichas dependencias serán emitidas por la Corte Suprema de Justicia. (7) Art. 160-CH.- La Corte Suprema de Justicia tendrá una Unidad Ejecutiva de Administración a cargo de un especialista en esa materia. (7) Formarán parte de la Unidad Ejecutiva de esta Corte, las Secciones de Finanzas, Ingeniería, Recursos Humanos, Administración y Mantenimiento. (7) Habrá además una Sección de Informática y de Recopilación de Leyes, Reglamentos y Doctrina Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y Cámaras de Segunda Instancia, que dependerá de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. (7) Art. 160-D.- Para el nombramiento de Jueces de Primera Instancia con jurisdicciones Ordinarias o Especiales y de Magistrados de Segunda Instancia, la Corte Suprema de Justicia deberá escoger entre los candidatos que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura. (7) (9) Art. 160-E.- DEROGADO. (7) (9) Art. 160-F.- DEROGADO. (7) (9) Art. 160-G.- Para tratar sobre los problemas y sus soluciones posibles, que tienen lugar dentro del Órgano Judicial, la Corte Suprema de Justicia convocará cada año, a los Magistrados de Segunda Instancia y a los Jueces de Primera Instancia de la República, para que asistan a la celebración de convenciones judiciales de carácter nacional o regional, que ordinariamente se reunirán en los meses de diciembre y julio de cada año, respectivamente y en forma extraordinaria cuando fueren convocados por la Corte Suprema de Justicia. (7) <div> TITULO XIII CAPITULO UNICO Disposiciones Transitorias</div> Art. 161.- Las personas que al entrar en vigencia esta ley estuvieren autorizadas para ejercer las funciones de oficial público de Juez Ejecutor, deberán obtener nueva autorización dentro del año siguiente a dicha vigencia, conforme a lo prescrito en el Capítulo IX del Título IV. Art. 162.- Quienes al entrar en vigencia esta ley estuvieren desempeñando los cargos de Notificadores, Citadores Notificadores y Secretarios Notificadores, deberán obtener la autorización para ejercer dichos cargos dentro del año siguiente a la indicada fecha. Art. 163.- La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Amparos de la misma, entregarán bajo inventario, por medio de sus respectivos Secretarios, a la Sala de lo Constitucional, los procesos de inconstitucionalidad, de amparo y de exhibición de la persona que estuvieren tramitando. Los Tribunales cuya jurisdicción resultare afectada por esta ley, también entregarán por inventario los asuntos pendientes o fenecidos que correspondan a otra jurisdicción. Art. 164.- Quedan derogadas: la Ley Orgánica del Poder Judicial, decretada el dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres y sus reformas; la Ley de Creación de los Tribunales de Trabajo, decretada el veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y las demás disposiciones que se opongan a esta ley. Art. 165.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. <div>María Julia Castillo Rodas, Presidente. Julio Adolfo Rey Prendes, Vicepresidente. Hugo Roberto Carrillo Corleto, Vicepresidente. Carlos Arnulfo Crespín, Secretario. Guillermo Antonio Guevara Lacayo, Secretario. José Napoleón Bonilla h., Secretario. Alfonso Arístides Alvarenga, Secretario. Rafael Morán Castaneda, Secretario. Rafael Soto Alvarenga, Secretario.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. <div>PUBLIQUESE, JOSE NAPOLEON DUARTE, Presidente de la República. Manuel Francisco Cardona Herrera, Ministro de Justicia. <div> REFORMAS:</div> (1) Decreto Legislativo Nº 317, del 13 de marzo de 1986, publicado en el Diario Oficial Nº 55, Tomo 290, del 21 de marzo de 1986. INICIO DE NOTA ESTE DECRETO CONTIENE LOS ARTICULOS SIGUIENTES: Art. 8.- Los cambios que mediante este Decreto se introducen al crearse los Juzgados de Primera Instancia de lo Militar de lo Mercantil, comenzarán a surtir efecto, cuando después de hacerse figurar en el Presupuesto de la Nación las partidas correspondientes, se determine mediante otro decreto la fecha conveniente. Art. 9.- Los Tribunales cuya jurisdicción resultare modificada por este Decreto, entregarán cuando legalmente sea oportuno, por inventario, los asuntos pendientes o fenecidos que conforme el mismo correspondan a otra jurisdicción, excepto las Cámaras de Segunda Instancia, que continuarán conociendo de los que tuvieren en trámite y que una vez resuelto enviarán los expedientes al Tribunal inferior competente. Los juicios en que estuviere transcurriendo un término de prueba o de inquirir, se entregarán hasta que haya concluido el término respectivo o cuando se haya resuelto sobre la detención provisional, en su caso. Art. 10.- TRANSITORIO.- Los procesos pendientes o ya fenecidos existentes en los juzgados cuya definición afecta en este decreto en lo atinente a la materia de inquilinato y a la materia civil, serán entregados por medio de inventario al Juez de lo Laboral de Nueva San Salvador a menos que estuviere transcurriendo el término probatorio en cualquier clase de juicio o incidente; lo mismo se aplicará al Juez Segundo de Tránsito. Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (2) Decreto Legislativo Nº 345, del 16 de mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial Nº 91, Tomo 291, del 21 de mayo de 1986. (3) Decreto Legislativo Nº 400, del 26 de junio de 1986, publicado en el Diario Oficial Nº 121, Tomo 292, del 2 de julio de 1986. (4) Decreto Legislativo Nº 457, del 4 de septiembre de 1986, publicado en el Diario Oficial Nº 168, Tomo 292, del 11 de septiembre de 1986. (5) Decreto Legislativo Nº 638, del 8 de abril de 1987, publicado en el Diario Oficial Nº 70, Tomo 295, del 10 de abril de 1987. INICIO DE NOTA Art. 2.- Derógase el Decreto Legilstiavo n°345 de fecha 16 de mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial número 91, Tomo 291 del 21 del mismo mes y año. FIN DE NOTA (6) Decreto Legislativo Nº 250, del 19 de mayo de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 96, Tomo 303, del 26 de mayo de 1989. (7) Decreto Legislativo Nº 317, del 31 de agosto de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 195, Tomo 305, del 23 de octubre de 1989. INICIO DE NOTA EL ANTERIOR DECRETO CONTIENE ADEMAS LOS ARTICULOS TRANSITORIOS SIGUIENTES: Art. 18.- Las Cámaras de lo Civil de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, continuarán conociendo de los recursos ordinarios o extraordinarios de carácter civil o mercantil, del modo como lo han venido haciendo, pero resueltos tales recursos, devolverán los expedientes a los Tribunales inferiores que correspondan según el presente decreto y el decreto Nº 316, del 31 de agosto del corriente año. Art. 19.- Los asuntos Civiles, Mercantiles y Penales que se encuentren actualmente en trámite en los Juzgados Primero de lo Civil; Primero de lo Penal; Segundo de lo Civil; Segundo de lo Penal; Cuarto de lo Civil; Cuarto de lo Penal; y Séptimo de lo Penal, del Distrito Judicial de San Salvador; y Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tonacatepeque en lo que respecta a las poblaciones de Mejicanos, Delgado, Soyapango, Ilopango, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y San Martín, serán remitidos a los Juzgados de Primera Instancia de los Distritos Judiciales de Mejicanos, Delgado y Soyapango. Los asuntos civiles, mercantiles y de tránsito, que se encuentren actualmente en trámite en los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nueva San Salvador, serán remitidos a los Juzgados de lo Civil y de Tránsito del mismo Distrito Judicial. Los asuntos civiles, mercantiles, laborales y penales que se encuentren actualmente en trámite en los Juzgados de lo Civil y Segundo de lo Penal, respectivamente, del Distrito Judicial de Zacatecoluca y en el Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de San Salvador, en lo que respecta a las poblaciones de San Pedro Masahuat, San Antonio Masahuat, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y Tapalhuaca, serán remitidos al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Masahuat. Los asuntos penales que se encuentren actualmente en trámite en el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatecoluca en lo que respecta a las poblaciones de Santiago Nonualco, San Luis y San Juan Talpa, serán remitidos al Juzgado Segundo de lo Penal del mismo Distrito. Los asuntos civiles, mercantiles y penales que se encuentren actualmente en trámite en los Juzgados de lo Civil y Segundo de lo Penal respectivamente, del Distrito Judicial de Sonsonate, en lo que atañe a la población de Acajutla y los que se ventilan actualmente incluyendo de los asuntos laborales en los Juzgados de lo Civil y de lo Penal, respectivamente, del Distrito Judicial de Ahuachapán y que se refieren a las poblaciones de Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxtla y San Francisco Menéndez, serán remitidos al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acajutla. Los asuntos civiles, mercantiles, laborales y penales que se encuentran actualmente en trámite en los Juzgados de lo Civil y Segundo de lo Penal, respectivamente, del Distrito Judicial de Usulután, en cuanto se refiere a las poblaciones de Jiquilisco y Puerto El Triunfo y los que se ventilan en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Berlín en lo que corresponde a las poblaciones de San Agustín y San Francisco Javier, serán remitidos al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilisco. Todas las remisiones de que se habla en este artículo serán efectuadas previo inventario y en base a las jurisdicciones asignadas en el artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial, en un plazo no mayor de quince días a partir de la vigencia del presente decreto. Art. 20.- Los Jueces Tercero y Cuarto de lo Mercantil conocerán también, a partir de la vigencia del presente decreto: de los juicios y diligencias de esa naturaleza que en cumplimiento del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, les pasaren los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil, de los juicios y diligencias civiles determinados de igual manera, que les pasaren los Jueces Quinto y Sexto de lo Civil. El Juez Octavo de lo Penal conocerá también, a partir de la vigencia del presente decreto, de los juicios y diligencias penales que en cumplimiento del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, le pasaren los siete Juzgados de lo Penal existentes. La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo que publicará en el Diario Oficial, determinará de manera equitativa lo siguiente: a) Cuántos y cuáles juicios y diligencias mercantiles de los que han venido conociendo los Jueces Primero y Segundo de lo Mercantil pasarán a los Jueces Tercero y Cuarto de esa misma materia; b) Cuántos y cuáles juicios y diligencias civiles de los que han venido conociendo los Jueces Quinto y Sexto de lo Civil pasarán a ser de la competencia de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil; y c) Cuántos y cuáles juicios y diligencias penales de los que han venido conociendo los siete Juzgados de lo Penal hasta hoy existentes, pasarán a ser de la competencia del Juez Octavo de lo Penal. Todo para que de los juicios y diligencias determinados se haga el debido envío a quienes corresponde. Art. 21.- Los estudiantes de derecho que a la fecha de vigencia de este decreto hubieren realizado su práctica penal y civil o estuvieren inscritos en Tribunales para realizarla, se les tomará en consideración dicha práctica, salvo que el interesado opte por la nueva exigencia introducida mediante este decreto al artículo 140, numeral 4º, literal a). Mientras la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia no establezcan la coordinación necesaria para que los estudiantes de derecho puedan intervenir como acusador específico y adhonorem en representación del Fiscal en vistas públicas; este requisito no podrá ser exigido. De la misma manera no podrá exigir la Corte Suprema de Justicia las diez causas civiles, mientras la Procuraduría General de la República y las Instituciones afines a ésta no coordinen los mecanismos necesarios para la realización de las causas mencionadas. Art. 22.- La Corte Suprema de Justicia, al entrar en vigencia el presente decreto, avisará sin pérdida de tiempo, a la Corte de Cuentas de la República, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería y Ministerio Público, la creación de los nuevos Tribunales y la conversión y nuevas denominaciones que por medio del mismo decreto se hayan dispuesto. Art. 23.- Para los efectos de lo contemplado en el artículo 153 de esta ley, la Corte Suprema de Justicia, una vez dispuesto todo lo relacionado con la organización de la Secretaría Receptora y Distribuidora a que se refiere el mismo, mediante acuerdo que se publicará, señalará el día y hora que empezará a funcionar la misma. Art. 24.- Mientras no se organice administrativamente el Consejo Nacional de la Judicatura, los nombramientos a que se refiere el artículo 160-D de la presente ley, seguirán haciéndose como hasta la fecha. Art. 25.- El presente decreto entrará en vigencia el día primero de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. FIN DE NOTA (8) Decreto Legislativo Nº 556, del 16 de agosto de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 203, Tomo 308, del 22 de agosto de 1990. (9) Decreto Legislativo Nº 594, del 11 de octubre de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 240, Tomo 309, del 15 de octubre de 1990. INICIO DE NOTA EL ANTERIOR DECRETO CONTIENE ADEMAS LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SIGUIENTES: Art. 74.- Los Tribunales cuya jurisdicción resulte afectada por este decreto o haya resultado afectada por decretos anteriores, deberán entregar por inventario al juzgado competente los asuntos pendientes o fenecidos que correspondan a éste. Art. 75.- Al entrar en vigencia el presente decreto, la Corte Suprema de Justicia entregará a la Sala de lo Civil de la misma, el registro que lleva de todas las personas autorizadas para ejercer las funciones de Oficial Público de Juez Ejecutor. Los Ejecutores de Embargos a que se refiere este Decreto son los mismos Oficiales Públicos de Jueces Ejecutores que se mencionan en otras leyes, por lo que las regulaciones correspondientes les son aplicables indistintamente cualesquiera sea la manera como se les mencione. Art. 76.- El presente Decreto entrará en vigencia el día veintitrés de octubre de mil novecientos noventa. FIN DE NOTA (10) Decreto Legislativo Nº 641, del 29 de noviembre de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 286, Tomo 309, del 20 de diciembre de 1990. INICIO DE NOTA EL ANTERIOR DECRETO CONTIENE ADEMAS LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SIGUIENTES: Art. 5.- En los casos que se modifica por este Decreto la competencia por razón del territorio o de la materia, los jueces correspondientes observarán en relación con ella, las reglas siguientes: <ul> a) Continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tengan en trámite hasta quedar ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución definitiva, estado en el que deberán remitirlos al funcionario a quién se le haya asignado tal competencia; b) Los juicios o diligencias fenecidos, se conservarán en el tribunal que conoció de los mismos; y, c) El juez a quien se le haya asignado la referida competencia será el que debe ejecutar la resolución definitiva en los casos señalados en los anteriores literales, debiendo requerir del respectivo juez, por escrito y a solicitud de parte, el envío de las diligencias o juicios fenecidos y, extender la certificación o librar la ejecutoria que fuere pertinente.</ul> Art. 6.- Los Juzgados de Primera Instancia de Mejicanos, Delgado y Soyapango conservarán su actual competencia territorial y por razón de la materia hasta el treinta y uno de diciembre del corriente año. A partir del uno de enero de mil novecientos noventa y uno en que se convertirán en Juzgados de lo Penal, tendrá aplicación en relación con ellos, lo dispuesto en el Art. 3 de este decreto. Art. 7.- Los Juzgados Primero, Segundo y Cuarto de lo Mercantil con asiento en San Salvador, seguirán conociendo de los asuntos de comercio que se presenten en los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Soyapango, Ilopango y San Martín tal como lo dispone el Art. 146 de la Ley Orgánica que se reforma, hasta que funcionen los Juzgados de lo Civil de los municipios de Mejicanos, Delgado y Soyapango, teniendo aplicación desde entonces, lo dispuesto en el Art. 3 de este decreto. Art. 8.- La Corte Suprema de Justicia dictará las reglas administrativas para el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto. Art. 9.- El presente decreto entrará em vigencia el uno de enero de mil novecientos noventa y uno. FIN DE NOTA (11) Decreto Legislativo Nº 80, del 28 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 208, Tomo 313, del 7 de noviembre de 1991. INICIO DE NOTA EL DECRETO ANTERIOR TECNICAMENTE HABLANDO NO REFORMA EN ABSOLUTO LA PRESENTE LEY Y ES POR ESA RAZON QUE NO SE ENCONTRARA EN NINGUN LUGAR SU LLAMADA, SU CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: DECRETO Nº 80. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que el crecimiento de la población del país en general, y la emigración de personas hacia determinados municipios, han generado una mayor demanda para la administración de justicia en las diferentes materias de su conocimiento y el recargo de labores en los tribunales existentes; II.- Que por la razón antes dicha y para una mejor administración de justicia, es conveniente y necesario además de la creación de nuevos tribunales, que los de Primera Instancia existentes que ejercen una jurisdicción mixta, se conviertan en juzgados con competencia en materias especiales de una manera gradual y progresiva:</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créanse los siguientes Juzgados: <ul> A) En el Municipio de San Salvador: el Juzgado Quinto de lo Civil; el Juzgado Quinto de lo Mercantil; el Juzgado Noveno de lo Penal; el Juzgado Décimo de lo Penal; el Juzgado Noveno de Paz; y el Juzgado Décimo de Paz; B) En el Municipio de Soyapango: el Juzgado Segundo de lo Penal y el Juzgado Segundo de Paz; C) En el Municipio de San Marcos: el Juzgado de lo Penal y el Juzgado de lo Civil; CH) En el Municipio de Apopa: el Juzgado de lo Penal y el Juzgado de lo Civil; D) En el Municipio de Santa Ana: el Juzgado Tercero de lo Penal y el Juzgado Tutelar de Menores; E) En el Municipio de La Libertad: el Juzgado de Primera Instancia; F) En el Municipio de Izalco: el Juzgado de Primera Instancia; G) En el Municipio de San Miguel: el Juzgado Segundo de Tránsito y el Juzgado Tutelar de Menores; y H) En el Municipio de La Unión: el Juzgado Segundo de lo Penal.</ul> Los Juzgados que se crean de acuerdo a este artículo, tendrán su sede en los expresados municipios y su competencia territorial será la que determine la Ley Orgánica Judicial. Art. 2.- De los Juzgados de Primera Instancia que actualmente existen en los Municipios de Chalchuapa, Metapán y Quezaltepeque, se separa la jurisdicción civil, y a cada uno de dichos tribunales se les cambia su nominación por el Juzgado de lo Penal; y consecuentemente, se crea en cada uno de los municipios mencionados el Juzgado de lo Civil. Asimismo, de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia que existen en el Municipio de Cojutepeque, se separa la jurisdicción Civil, y a cada uno de dichos tribunales se cambia su nominación por el de Juzgado Primero de lo Penal y Juzgado Segundo de lo Penal, respectivamente; y en consecuencia, se crea el Juzgado de lo Civil. Los Juzgados de lo Civil creados conforme a esta disposición, asumirán también la competencia sobre las otras materias que conforme a la Ley Orgánica Judicial pertenece a los Juzgados de Primera Instancia, con excepción de la penal y la de tránsito que corresponderán exclusivamente a los tribunales con nominación penal. Art. 3.- Al Juzgado de lo Penal y al Juzgado de Paz que actualmente existen en el Municipio de Soyapango, se les cambia su nominación por el de Juzgado Primero de lo Penal y Juzgado Primero de Paz, respectivamente. Asimismo, al Juzgado de Transito y al Juzgado de lo Penal que existen respectivamente en los Municipios de San Miguel y de La Unión, se cambia su nominación por el de Juzgado Primero de Tránsito y Juzgado Primero de lo Penal, también respectivamente. Art. 4.- Los Juzgados que se crean comenzarán sus funciones el día uno de enero de mil novecientos noventa y dos, fecha desde la cual operará el cambio de nominación de los otros tribunales a que se refiere este decreto. Asimismo, la competencia territorial de los referidos tribunales desde la fecha indicada, será la que se les asigne por la Ley Orgánica Judicial. Los titulares de los juzgados a los que se cambia la nominación y el personal de los mismos, continuarán en sus respectivos cargos, pero bajo la nueva nominación. La Corte Suprema de Justicia podrá sin embargo autorizar la distribución del referido personal, entre los juzgados existentes y los que se crean en los respectivos municipios, para el mejor desempeño de los mismos. Art. 5.- En los casos en que por este decreto resulta modificada la competencia, los jueces respectivos continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tuvieren en trámite a la fecha del uno de enero de mil novecientos noventa y dos, en la materia civil que se les separa, hasta su ejecución. Los ya fenecidos a esa fecha y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del Tribunal que los tramitó, quedando facultados para expedir en su caso las ejecutorias o certificaciones. Art. 6.- En el Municipio de Soyapango, durante el período comprendido desde el uno de enero de mil novecientos noventa y dos hasta el treinta de junio del mismo año, sólo el Juzgado Segundo de lo Penal deberá iniciar y tramitar los juicios o diligencias relacionadas con hechos penales cometidos en esa comprensión municipal, salvo que por razones especiales la Corte Suprema de Justicia encomendare algún caso al Juzgado Primero de lo Penal, a fin de que el funcionamiento del nuevo juzgado permita al ya existente la conclusión más rápida de sus asuntos en trámite. Art. 7.- La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a sus atribuciones legales, acordará lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Art. 8.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (12) Decreto Legislativo Nº 87, del 17 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 209, Tomo 313, del 8 de noviembre de 1991. INICIO DE NOTA EL ANTERIOR DECRETO CONTIENE ADEMAS LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SIGUIENTES: Art. 8.- En los casos en que por este Decreto se modifica la competencia territorial, los jueces respectivos continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tuvieren en trámite a la fecha del uno de enero de mil novecientos noventa y dos, en la comprensión territorial de que se trate, hasta su ejecución. Los ya fenecidos a esa fecha y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del tribunal que los tramitó quedando facultados para expedir en su caso las ejecutorias o certificaciones. Art. 9.- La distribución territorial establecida en el Artículo 7 de este Decreto, surtirá sus efectos a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y dos. Art. 10.- La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a sus atribuciones legales, acordará lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (13) Decreto Legislativo Nº 387, de 4 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial Nº 230, Tomo 317, del 14 de diciembre del 1992. INICIO DE NOTA EN EL TEXTO DEL DECRETO DE REFORMAS ANTERIOR APARECEN LOS ARTICULOS 9, 10 Y 11; NO REFORMANDO LA CITADA LEY, QUE DICE A CONTINUACION: Art. 9.-En los casos en que por este Decreto resulta modificada la competencia material o territorial, los tribunales de segunda instancia y los jueces respectivos continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tengan en apelación o que hubieren iniciado, en su caso a la fecha del uno de enero de mil novecientos noventa y tres, hasta su terminación. Los ya fenecidos a esa fecha, y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del tribunal que los tramitó, quedando éste facultado para expedir en su caso las ejecutorias o certificaciones correspondientes. Las Cámaras devolverán los autos de la primera instancia al tribunal que se los remitió. Art. 10.-En el Municipio de San Miguel, durante el período comprendido del uno de enero de mil novecientos noventa y tres, al treinta de junio del mismo año, sólo los juzgados Segundo de lo Civil y Tercero de lo Penal deberán iniciar y tramitar los juicios o diligencias civiles y penales respectivamente, referentes a sus correspondientes comprensiones territoriales, salvo que por razones especiales un tribunal superior les encomendare algún caso, a fin de que el funcionamiento de los nuevos Juzgados permita del descongestionamiento de los que ya existen. Art. 11.-La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a sus atribuciones legales, acordará lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. Art. 12.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (14) Decreto Legislativo Nº 540, del 20 de mayo de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 107, Tomo 319, del 8 de junio de 1993. INICIO DE NOTA EL ANTERIOR DECRETO LEGISLATIVO Nº 540 CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULO TRANSITORIO: Art. 2. TRANSITORIO. La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente, continuará conociendo de los juicios o diligencias civiles, mercantiles o de inquilinato, que tuvieren en apelación o revisión, procedentes del Juzgado de lo Laboral de la ciudad de Sonsonate, a la fecha de entrar en vigencia el presente decreto. Los ya fenecidos a esa fecha, se conservarán en el archivo del tribunal que los tramitó, quedando éste facultado para expedir, en su caso, las ejecutorias o certificaciones correspondientes. Los autos provenientes de primera instancia, serán devueltos al tribunal que los remitió. Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (15) Decreto Legislativo Nº 574, del 16 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 129, Tomo 320, del 9 de julio de 1993. (16) Decreto Legislativo Nº 763, del 5 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 22, Tomo 322, del 1 de febrero de 1994. * INICIO DE NOTA: El Decreto anterior contiene dos artículos que no reforman específicamente el contenido de la presente Ley, a manera de información se transcribe textualmente dichos artículos: Art. 5.-En los casos en que por este Decreto resulta modificada la competencia material o territorial, los tribunales de segunda instancia y los jueces respectivos continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tengan en apelación o que hubieren iniciado, en su caso, a la fecha del uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, hasta su terminación. Los ya fenecidos a esa fecha, y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del tribunal que los tramitó, quedando éste facultado para expedir en su caso las ejecutorias o certificaciones correspondientes. Las Cámaras devolverán los autos de la Primera Instancia al Tribunal que se los tramitó. Art. 6.-La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a sus atribuciones legales acordará lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (17) Decreto Legislativo Nº 854, del 14 de abril de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 93, Tomo 323, del 20 de mayo de 1994. * INICIO DE NOTA: En el Decreto anterior se menciona un artículo transitorio, que por considerar de uso momentáneo se transcribe a continuación: Art. 2.-TRANSITORIO. Las Cámaras de lo Civil y de lo Penal de la Primera Sección del Centro, continuarán conociendo de los juicios o diligencias de Tránsito que tuvieren en trámite o que se inicien antes del primero de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Los ya fenecidos a esa fecha y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el Tribunal que los tramitó, quedando éste facultado para expedir, en su caso, las ejecutorias o certificaciones correspondientes. Los autos provenientes de primera instancia, serán devueltos al Tribunal que los remitió. De los recursos que se interpongan o de los juicios que se inicien en los Tribunales de Tránsito de San Salvador de la fecha indicada en el Inciso anterior en adelante, corresponderá conocer a la Cámara de Tránsito de la Primera Sección del Centro, así como de los que se inicien, después de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en el inciso último del Art. 6 de la Ley Orgánica que mediante ese decreto se sustituye. Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (18) Decreto Legislativo Nº 40, del 30 de junio de 1994, publicada en el Diario Oficial Nº 123, Tomo 324 del 1 de julio de 1994. (19) Decreto Legislativo Nº 90, del 21 de julio de 1994, publicada en el Diario Oficial Nº 152, Tomo 324, del 19 de agosto de 1994. (20) Decreto Legislativo Nº 134, del 14 de septiembre de 1994, publicada en el Diario Oficial Nº 173, Tomo 324, del 20 de septiembre de 1994. INICIO DE NOTA En el Decreto anterior se menciona en el Artículo 8 a quien competen las diligencias ya iniciadas o fenecidas al 30 de septiembre de 1994, por considerar importante dicha información se transcribe textualmente dicho artículo incluyendo el Artículo 9 a continuación: Art. 8.-Los Jueces con competencia en lo civil y las Cámaras de lo Civil o con competencia en esta materia, continuarán conociendo de los juicios o diligencias relativos a la materia de familia que tuvieren en trámite a la fecha del treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro hasta su ejecución; los ya fenecidos a esa fecha y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del Tribunal que los tramitó, quedando facultados para hacer toda clase de libramientos judiciales, expedir las ejecutorias o certificaciones que se les pidieren y remitir los expedientes cuando los Jueces de Familia lo solicitaren. En aquellos asuntos en que por la naturaleza de la cuestión discutida fuere posible revocar, modificar, ampliar o reformar los puntos que fueron objeto de sentencia, será competente para conocer de ello el Juez de Familia, quien podrá solicitar al Juez que hubiere conocido del expediente respectivo su remisión. Las Cámaras y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, devolverán los autos de la Primera y Segunda Instancia, respectivamente, al Tribunal que los remitió. Art. 9.-La Corte Suprema de Justicia dictará las reglas administrativas que fueren necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto. Art. 10.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (21) Decreto Legislativo Nº 229, del 21 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo 325, del 23 de diciembre de 1994. (22) Decreto Legislativo Nº 273, del 16 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial Nº 35, Tomo 326, del 20 de febrero de 1995. (23) Decreto Legislativo Nº 291, del 9 de marzo de 1995, publicado en el Diario Oficial Nº 63, Tomo 326, del 30 de marzo de 1995. (24) Decreto Legislativo Nº 363, del 7 de junio de 1995, publicado en el Diario Oficial Nº 114, Tomo 327, del 21 de junio de 1995. * INICIO DE NOTA: POR CONSIDERAR DE GRAN IMPORTANCIA EL CONTENIDO DEL ARTICULO 7 DEL PRESENTE DECRETO PARA LA APLICACION DE LA PRESENTE LEY SE TRANSCRIBE A CONTINUACION EL ARTICULO EN MENCION: Art. 7.- La Corte Suprema de Justicia dictará las reglas administrativas que fueren necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto. FIN DE NOTA. (25) Decreto Legislativo Nº 620, del 1 de febrero de 1996, publicado en el Diario Oficial Nº 40, Tomo 330, del 27 de febrero de 1996. (26) Decreto Legislativo Nº 729, del 13 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial Nº 115, Tomo 331, del 21 de junio de 1996. *INICIO DE NOTA: EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 729 CONTENIDO EN LA LLAMADA 26, MENCIONA EN SU ARTICULO 4, LA CONDICION EN LA QUE QUEDARAN LOS PROCESOS EN TRAMITE, Y PARA MAYOR COMPRENSION DE LA MISMA SE TRANSCRIBE TEXTUALMENTE A CONTINUACION: Art. 4.-Los Jueces de Familia, cuya jurisdicción se modifica, continuarán conociendo de los procesos en trámite, hasta su conclusión y ejecución; los ya fenecidos y los que posteriormente alcancen dicho estado, se conservarán en el archivo del Tribunal que los tramitó, quedando facultados para admitir los recursos de apelación interpuestos por terceros interesados, hacer toda clase de libramientos judiciales, expedir las ejecutorias o certificaciones que se les solicitaren. Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA. (27) Decreto Legislativo Nº 803, del 11 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial Nº 176, Tomo 332, del 20 de septiembre de 1996. INICIO DE NOTA: POR CONSIDERAR DE GRAN IMPORTANCIA EL CONTENIDO DEL ARTICULO 6 DEL PRESENTE DECRETO PARA LA APLICACION DE LA PRESENTE LEY SE TRANSCRIBE A CONTINUACION EL ARTICULO EN MENCION: Art. 6.- La Corte Suprema de Justicia dictará las reglas administrativas que fueren necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto. Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA. (28) Decreto Legislativo N° 258, del 23 de marzo de 1998, publicado en el D. O. No. 62, Tomo 338, del 31 de marzo de 1998. (29) Decreto Legislativo N° 259, del 23 de marzo de 1998, publicado en el D. O. No. 62, Tomo 338, del 31 de marzo de 1998. (30) Decreto Legislativo N° 260, del 23 de marzo de 1998, publicado en el D. O. No. 62, Tomo 338, del 23 de marzo de 1998. DECRETO No 260 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que la ejecución del proceso penal en las fases de instrucción y plenaria, actualmente está a cargo de Jueces de Paz y Jueces de Primera Instancia con competencia en materia penal; II.- Que de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, la competencia penal será ejercida por Jueces de Paz, por Jueces de Instrucción, por Tribunales de Sentencia; III.- Que como consecuencia del referido cambio orgánico procesal, se hace necesario crear nuevos tribunales, convertir algunos existentes en otros, y hacer algunos cambios de denominación;</ul> POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créanse en el departamento de San Salvador seis Tribunales de Sentencia, cuyas denominaciones y residencias serán las siguientes: Tribunal Primero de Sentencia, Tribunal Segundo de Sentencia y Tribunal Tercero de Sentencia. Residencia: San Salvador. Tribunal de Sentencia. Residencia: Soyapango. Tribunal de Sentencia. Residencia: Mejicanos. Tribunal de Sentencia. Residencia: Delgado. Art. 2.- Crease en el municipio de Ilopango un Juzgado de Instrucción, cuya denominación y residencia será la siguiente: Juzgado de Instrucción. Residencia: Ilopango. Art. 3.- Crease en el departamento de Cuscatlán un Tribunal de Sentencia cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Cojutepeque. Art. 4.- Créase en el departamento de Cabañas un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Sensuntepeque. Art. 5.- Créase, en el departamento de San Vicente un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: San Vicente. Art. 6.- Créase en el municipio de Tecoluca un Juzgado de Paz, cuya denominación y residencia será la siguiente: Juzgado Segundo de Paz. Residencia: Tecoluca. Art. 7.- Créase en el departamento de La Paz un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la Siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Zacatecoluca. Art. 8.- Créase en el municipio de San Luis Talpa un Juzgado de Instrucción, cuya denominación y residencia será la siguiente: Juzgado de instrucción. Residencia: San Luis Talpa. Art. 9.- Créase en el departamento de Chalatenango un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Chalatenango. Art. 10.- Créase en el departamento de La Libertad un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Nueva San Salvador. Art. 11.- Créanse en el departamento de La Libertad dos Juzgados de Paz, cuyas denominaciones y residencias serán las siguientes: Tribunal Tercero de Paz. Residencia: Nueva San Salvador y Juzgado Segundo de Paz. Residencia: Colón. Art. 12.- Créanse en el departamento de Santa Ana dos Tribunales de Sentencia, cuyas denominaciones y residencias serán las siguientes: Tribunal Primero de Sentencia y Tribunal Segundo de Sentencia. Residencia: Santa Ana. Art. 13.- Créase en el Municipio de Santa Ana un Juzgado de Paz, cuya denominación y residencia será la siguiente. Juzgado Cuarto de Paz. Residencia: Santa Ana Art. 14.- Créase en el Departamento de Ahuachapán un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Ahuachapán. Art. 15.- Créanse en el Municipio de Jujutla un Juzgado de Instrucción, cuya denominación y residencia será la siguiente; Juzgado de Instrucción. Residencia: Jujutla. Art. 16.- Créase en el Departamento de Sonsonate un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Sonsonate. Art. 17.- Créanse en el Departamento de San Miguel dos Tribunales de Sentencia, cuyas denominaciones y residencias serán las siguientes: Tribunal Primero de Sentencia y Tribunal Segundo de Sentencia. Residencia: San Miguel. Art. 18.- Créase en el municipio de El Transito un Juzgado de Instrucción, cuya denominación y residencia será la siguiente: Juzgado de Instrucción. Residencia: El Tránsito. Art. 19.- Créase en el Departamento de Usulután un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: Usulután. Art. 20.- Créase en el Departamento de Morazán un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: San Francisco Gotera. Art. 21.- Créase en el municipio de Osicala un Juzgado de Instrucción, cuya denominación y residencia será la siguiente: Juzgado de Instrucción. Residencia: Osicala. Art. 22.- Créase en el Departamento de La Unión un Tribunal de Sentencia, cuya denominación y residencia será la siguiente: Tribunal de Sentencia. Residencia: La Unión. Art. 23.- Conviértense los Juzgados Primero de lo Penal, Segundo de lo Penal, Tercero de lo Penal, Cuarto de lo Penal, Quinto de lo Penal, Sexto de lo Penal, Séptimo de lo Penal, Octavo de lo Penal, Noveno de lo Penal y Décimo de lo Penal con residencia en San Salvador, en Juzgados de Instrucción denominándose por su orden así: Juzgado Primero de Instrucción, Juzgado Segundo de Instrucción, Juzgado Tercero de Instrucción, Juzgado Cuarto de Instrucción, Juzgado Quinto de Instrucción, Juzgado Sexto de Instrucción, Juzgado Séptimo de Instrucción, Juzgado Octavo de Instrucción, Juzgado Noveno de Instrucción y Juzgado Décimo de Instrucción; todos con residencia en San Salvador. Art. 24.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Mejicanos se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Mejicanos. Art. 25.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Delgado se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Delgado. Art. 26.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en Soyapango se convierten respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en Soyapango. Art. 27.- El juzgado de lo Penal con residencia en San Marcos se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: San Marcos. Art. 28.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Apopa se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Apopa. Art. 29.-Los Juzgados Primero y segundo de lo Penal con residencia en Cojutepeque se convierten respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en Cojutepeque. Art. 30.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en Nueva San Salvador se convierte respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en Nueva San Salvador. Art. 31.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Quezaltepeque se convierte en Juzgado de Instrucción, Residencia: Quezaltepeque. Art. 32.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en San Vicente se convierten en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en San Vicente. Art. 33.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en Zacatecoluca se convierten respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en Zacatecoluca. Art. 34.- Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Penal con residencia en Santa Ana se convierten respectivamente en: Juzgado Primero Segundo y Tercero de Instrucción, los tres con residencia en Santa Ana. Art. 35.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Chalchuapa se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Chalchuapa. Art. 36.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Metapán se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Metapán. Art. 37.- El Juzgado de lo Penal con residencia en Ahuachapán se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Ahuachapán. Art. 38.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en Sonsonate se convierte respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en Sonsonate. Art. 39.- Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Penal con residencia en San Miguel se convierten respectivamente en: Juzgado Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, los tres con residencia en San Miguel. Art. 40.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en Usulután se convierten respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en Usulután. Art. 41.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal con residencia en La Unión se convierten respectivamente en: Juzgado Primero y Segundo de Instrucción, ambos con residencia en La Unión. Art. 42.- El Juzgado Tercero de Paz con residencia en Santa Rosa de Lima se convierte en Juzgado de Instrucción. Residencia: Santa Rosa de Lima. Art. 43.- El actual Juzgado de Primera Instancia de Santa Rosa de Lima, se convierte en Juzgado de lo Civil. Residencia: Santa Rosa de Lima. Art. 44.- Cámbianse las denominaciones a los siguientes Juzgados: En el Municipio de Colón, el actual Juzgado de Paz se denominará Juzgado Primero de Paz; y en el Municipio de Tecoluca, el actual Juzgado de Paz se denominará Juzgado Primero de Paz. Art. 45.- El presente decreto entrará en vigencia el veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho previa su publicación en el Diario Oficial. DADO EN ELSALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. <div>JUAN DUCH MARTINEZ, PRESIDENTE. GERSON MARTINEZ, PRIMER VICEPRESIDENTE. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE. RONAL UMAÑA, TERCER VICEPRESIDENTE. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS, CUARTO VICEPRESIDENTA. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA PRIMER SECRETARIO. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, SEGUNDO SECRETARIO. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, TERCER SECRETARIO. GERARDO ANTONIO SUVILLAGA, CUARTO SECRETARIO. ELVIA VIOLETA MENJIVAR, QUINTA SECRETARIA. JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOS, SEXTO SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. <div>PUBLIQUESE, ARMANDO CALDERON SOL, Presidente de la República. RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA, Ministro de Justicia.</div> (31) Decreto Legislativo N° 261, del 23 de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 62, Tomo 338, del 31 de marzo de 1998. (32) Decreto Legislativo Nº 262, del 23 de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 62, Tomo 338, del 31 de marzo de 1998. INICIO DE NOTA: DECRETO Nº 262. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que por Decretos números 261 y 262 emitidos este día, esta Asamblea ha creado en el territorio nacional Tribunales de Sentencia, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Paz y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena; y ha convertido en Juzgado de Instrucción, Juzgados de lo Penal previamente existentes; II.- Que la creación y conversión de tantos organismos judiciales, que deberán aplicar la legislación procesal penal y penitenciaria, que entrará en vigencia el próxima día veinte de abril, implica la modificación integral de la Ley Orgánica Judicial en lo referente a la estructura actual de tribunales que la misma consigna; III.- Que mientras se introducen las modificaciones pertinentes a la legislación orgánica mencionada, es conveniente regular mediante decreto especial, las jurisdicciones, atribuciones y residencias de los tribunales y juzgados de la República;</ul> POR TANTO: En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia; DECRETA: Art. 1.- La jurisdicción, atribuciones y residencia de las Cámaras de Segunda Instancia y Juzgados de Primera Instancia son las siguientes: ZONA CENTRAL CAMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO - Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos civiles y mercantiles tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Primero de lo Civil-Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. Juzgado Segundo de lo Civil-Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. Juzgado Primero de lo Mercantil-Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. Juzgado Segundo de lo Mercantil-Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. Juzgado Primero de Hacienda-Residencia: San Salvador Conocerá de los asuntos civiles de todos los municipios del territorio nacional, en los términos que prescribe el Art. 3 del presente decreto. CAMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO.- Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles y de inquilinato tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Tercero de lo Civil – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. Juzgado Cuarto de lo Civil – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. Juzgado Tercero de lo Mercantil – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador y Rosario de Mora. Juzgado Cuarto de lo Mercantil – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador y Guazapa. Juzgado Segundo de Hacienda – Residencia: San Salvador, Conocerá de los asuntos civiles de todos los municipios del territorio nacional, en los términos que prescribe el Art. 3 del presente decreto. Juzgado Segundo de Inquilinato – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador. CAMARA TERCERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO.- Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles y de inquilinato tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Quinto de lo Civil – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Rosario de Mora y Panchimalco. Juzgado Quinto de lo Mercantil – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador y Panchimalco. Juzgado Primero de Inquilinato – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador. Juzgado de lo Civil – Residencia: Apopa Municipios: Apopa y Nejapa. Juzgado de lo Civil – Residencia: San Marcos Municipios: San Marcos, Santiago Texacuangos y Santo Tomás, del departamento de San Salvador; San Francisco Chinameca, Olocuilta y Cuyultitán, del departamento de La Paz. Juzgado de lo Civil – Residencia: Mejicanos Municipios: Mejicanos y Ayutuxtepeque. Juzgado de lo Civil – Residencia: Soyapango Municipios: Soyapango, Ilopango y San Martín. Juzgado de lo Civil – Residencia: Delgado Municipios: Delgado y Cuscatancingo. Juzgado de Primera Instancia - Residencia: Tonacatepeque Conocerá los asuntos civiles de los municipios de Tonacatepeque y Guazapa. CAMARA DE FAMILIA DE LA SECCION DEL CENTRO.- Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Primero de Familia – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Delgado y Ayutuxtepeque. Juzgado Segundo de Familia – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Delgado y Ayutuxtepeque. Juzgado Tercero de Familia – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Delgado y Ayutuxtepeque. Juzgado Cuarto de Familia – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Delgado y Ayutuxtepeque. Juzgado de Familia – Residencia: Soyapango Municipios: Soyapango, Ilopango y San Martín. Juzgado de Familia – Residencia: San Marcos Municipios: San Marcos, Panchimalco, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y Rosario de Mora, del departamento de San Salvador; y Olocuilta y Cuyultitán del departamento de La Paz. Juzgado de Familia – Residencia: Apopa Municipios: Apopa, Guazapa, Nejapa, El Paisnal, Aguilares y Tonacatepeque. Juzgado de Familia – Residencia: Nueva San Salvador Municipios: Todos los del departamento de La Libertad. Juzgado de Familia – Residencia: Chalatenango Municipios: Todos los del departamento de Chalatenango. Juzgado de Familia – Residencia: Cojutepeque Municipios: Todos los del departamento de Cuscatlán y los municipios de San Emigdio y Paraíso de Osorio, del departamento de La Paz. Juzgado de Familia – Residencia: San Vicente Municipios: Todos los del departamento de San Vicente. Juzgado de Familia – Residencia: Zacatecoluca Municipios: Todos los del departamento de La Paz, excepto Olocuilta, Cuyultitán, San Emigdio y Paraíso de Osorio. Juzgado de Familia – Residencia: Sensuntepeque Municipios: Todos los del departamento de Cabañas. CAMARA PRIMERA DE LO LABORAL – Residencia: San Salvador Conocerá de los asuntos laborales tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Primero de lo Laboral – Residencia: San Salvador Municipios: Todos los del departamento de San Salvador; y los de Olocuilta y San Francisco Chinameca, del departamento de La Paz. Juzgado Segundo de lo Laboral – Residencia: San Salvador Municipios: Todos los del departamento de San Salvador; y los de Olocuilta y San Francisco Chinameca. del departamento de La Paz. Juzgado de lo Laboral – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, El Congo, Coatepeque, Texistepeque, Santiago de la Frontera, Candelaria de la Frontera y San Antonio Pajonal. Juzgado de lo Civil – Residencia: Chalchuapa Municipios: Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y El Porvenir. Juzgado de lo Civil – Residencia: Metapán Municipios: Metapán, Masahuat y Santa Rosa Guachipilín. Juzgado de lo Laboral – Residencia: Sonsonate Municipios: Todos los del departamento de Sonsonate. Juzgado de lo Civil – Residencia: Ahuachapán Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de Ahuachapán, Apaneca, Concepción de Ataco, Tacuba, Guaymango, San Pedro Puxtla, San Francisco Menéndez y Jujutla. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Atiquizaya Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: Atiquizaya, San Lorenzo, El Refugio y Turín. CAMARA SEGUNDA DE LO LABORAL.- Residencia: San Salvador Conocerá de los asuntos laborales tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Tercero de lo laboral – Residencia: San Salvador. Municipios: Todos los del departamento de San Salvador; y los de Olocuilta y San Francisco Chinameca, del departamento de La Paz. Juzgado Cuarto de lo Laboral – Residencia: San Salvador. Municipios: Todos los del departamento de San Salvador; y los de Olocuilta y San Francisco Chinameca, del departamento de La Paz. Juzgado de lo Laboral – Residencia: Nueva San Salvador, Municipio: Nueva San Salvador, Teotepeque, Comasagua, Talnique, Jicalapa, San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, Nueva Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán y Colón. Juzgado de lo Civil – Residencia: Quezaltepeque. Conocerá los asuntos laborales de los municipios de: Quezaltepeque; y El Paisnal y Aguilares, del departamento de San Salvador. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: San Juan Opico. Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: San Juan Opico, San Matías, San Pablo Tacachico y Ciudad Arce. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: La Libertad. Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: La Libertad, Chiltiupán y Tamanique. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Chalatenango Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: Chalatenango, Concepción Quezaltepeque, Ojos de Agua, Las Vueltas, Azacualpa, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, San Miguel de Mercedes, San Antonio los Ranchos, San Antonio de la Cruz, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad, Cancasque, Potonico, San José Las Flores, Arcatao y Nombre de Jesús. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Tejutla. Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San Ignacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Dulce Nombre de María. Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: Dulce Nombre de María, San Rafael, Santa Rita, San Francisco Morazán, San Fernando, El Carrizal, La Laguna y Comalapa. Juzgado de lo Civil – Residencia: Cojutepeque Conocerá los asuntos laborales de los municipios de: Cojutepeque, San Pedro Perulapán, Santa Cruz Michapa, Monte San Juan, Candelaria, Santa Cruz Analquito, San Bartolomé Perulapía, San Emigdio, Paraíso de Osorio, San Ramón, San Rafael Cedros, Tenancingo, El Rosario, El Carmen y San Cristóbal. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Suchitoto. Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: Suchitoto, San José Guayabal y Oratorio de Concepción. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Sensuntepeque Conocerá asuntos laborales de los municipio de: Sensuntepeque, Victoria, San Isidro, Dolores y Guacotecti. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Ilobasco Conocerá asuntos laborales de los municipios de: Ilobasco, Jutiapa, Tejutepeque y Cinquera. Juzgado de lo Civil – Residencia: San Vicente Conocerá los asuntos laborales de los municipios de: San Vicente, Guadalupe, Tepetitán, Apastepeque, Verapaz, Tecoluca, San Cayetano Istepeque, Santa Clara y San Ildefonso. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: San Sebastián. Conocerá asuntos laborales de los municipios de: San Sebastián, Santo Domingo, San Esteban Catarina y San Lorenzo. Juzgado de lo Civil – Residencia: Zacatecoluca Conocerá los asuntos laborales de los municipios de: Zacatecoluca, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo, Santiago Nonualco, Jerusalén, El Rosario, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma, Mercedes La Ceiba, San Luis Talpa, San Luis La Herradura y San Juan Talpa. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: San Pedro Masahuat. Conocerá de los asuntos laborales de los municipios de: San Pedro Masahuat, San Antonio Masahuat, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y Tapalhuaca. CAMARA PRIMERA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO.- Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos penales y penitenciarios tramitados en los Juzgados siguientes: Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Primero de Paz y Juzgado Décimo Primero de Paz Juzgado Cuarto de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Cuarto de Paz. Juzgado Séptimo de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Séptimo de Paz y Juzgado Décimo Segundo de Paz. Juzgado de Instrucción – Residencia: San Marcos Municipios: San Marcos, Santiago Texacuangos y Santo Tomás. Juzgado de Instrucción – Residencia: Mejicanos Municipios: Mejicanos y Ayutuxtepeque. Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena Residencia: San Salvador. DEROGADO (3*) (4*) DEROGADO (3*) (4*) CAMARA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO.- Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos penales y penitenciarios tramitados en los Juzgados siguientes: Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Segundo de Paz y Juzgado Décimo Tercero de Paz. Juzgado Quinto de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Quinto de Paz. Juzgado Octavo de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Octavo de Paz y Juzgado Décimo Cuarto de Paz. Juzgado de Instrucción – Residencia: Delgado. Municipios: Delgado: Juzgado Primero y Segundo de Paz; y Juzgado de Paz de Cuscatancingo. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Soyapango. Municipio: Soyapango; Juzgado Tercero y Cuarto de Paz. Juzgado de Instrucción – Residencia: Ilopango. Municipios: Juzgado de Paz de Ilopango; y Juzgados Primero y Segundo de Paz de San Martín. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Tonacatepeque Juzgado de Paz de los municipios de: Tonacatepeque y Guazapa Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena Residencia: San Salvador. DEROGADO (3*) (4*) DEROGADO (3*) (4*) CAMARA TERCERA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO.- Residencia: San Salvador.- Conocerá de los asuntos penales y penitenciarios tramitados en los Juzgados siguientes: Juzgado Tercero de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Tercero de Paz y Juzgado Décimo Quinto de Paz Juzgado Sexto de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipio: San Salvador: Juzgado Sexto de Paz. Juzgado Noveno de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador: Juzgado Noveno de Paz y Panchimalco. Juzgado Décimo de Instrucción – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador: Juzgado Décimo de Paz y Rosario de Mora. Juzgado de Primera Instancia Militar – Residencia: San Salvador Municipios: Todos los del territorio nacional. Juzgado Primero de Hacienda – Residencia: San Salvador. Juzgado Segundo de Hacienda – Residencia: San Salvador Los dos Juzgados anteriores conocerán de los asuntos penales de todos los municipios del territorio nacional, en los términos que prescribe el Art. 3 del presente decreto. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Soyapango Municipio: Soyapango: Juzgados Primero y Segundo de Paz. Juzgado de Instrucción – Residencia: Apopa Municipios: Apopa y Nejapa. DEROGADO (3*) (4*) CAMARA DE MENORES DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO – Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Juzgados siguientes: Juzgado Primero de Menores – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Guazapa y Nejapa. Juzgado Segundo de Menores – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Delgado, Ayutuxtepeque, Tonacatepeque y El Paisnal. Juzgado Tercero de Menores – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Apopa y Aguilares. Juzgado Cuarto de Menores – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Santo Tomás, Panchimalco, Santiago Texacuangos, Rosario de Mora y San Marcos. Juzgado de Menores – Residencia: Soyapango Municipios: Soyapango, Ilopango y San Martín. Juzgado Primero de Menores – Residencia: Nueva San Salvador Municipios: Nueva San Salvador, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Teotepeque, San José Villanueva, Comasagua, Chiltiupán, Tamanique, Zaragoza, Talnique, Jicalapa y Huizúcar. Juzgado Segundo de Menores – Residencia: Nueva San Salvador Municipios: Nueva San Salvador, Quezaltepeque, San Juan Opico, San Matías, Colón, San Pablo Tacachico, Ciudad Arce, Tepecoyo, Sacacoyo y Jayaque. Juzgado de Menores – Residencia: Chalatenango Municipios: Todos los del departamento de Chalatenango. Juzgado de Menores – Residencia: Cojutepeque Municipios: Todos los del departamento de Cuscatlán. Juzgado de Menores – Residencia: San Vicente Municipios: Todos los del departamento de San Vicente. Juzgado de Menores – Residencia: Zacatecoluca Municipios: Todos los del departamento de La Paz. Juzgado de Menores – Residencia: Sensuntepeque Municipios: Todos los del departamento de Cabañas. Juzgado Primero de Ejecución de Medidas al Menor – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Guazapa, Nejapa, Delgado, Ayutuxtepeque, Tonacatepeque, El Paisnal y todos los municipios del departamento de Chalatenango. Juzgado Segundo de Ejecución de Medidas al Menor – Residencia: San Salvador Municipios: San Salvador, Soyapango, Apopa, Aguilares, San Marcos, Ilopango, San Martín, Santo Tomás, Panchimalco. Santiago Texacuangos, Rosario de Mora y todos los municipios del departamento de La Libertad. Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor – Residencia: San Vicente Municipios: Todos los del departamento de Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La Paz. CAMARA DE TRANSITO DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO – Residencia: San Salvador. Conocerá, en los términos que prescribe el Art. 2 del presente decreto, de los asuntos penales y civiles tramitados en: (3*) Juzgado Primero de Tránsito- Residencia: San Salvador. Municipio: Todos los del Departamento de San Salvador y la Paz. (3*) Juzgado Segundo de Tránsito- Residencia: San Salvador Municipio. Todos los del Departamento de San Salvador, Cabañas y Chalatenango. (3*) Juzgado Tercero de Tránsito- Residencia: San Salvador. Municipio. Todos los del Departamento de San Salvador y San Vicente. (3*) Juzgado Cuarto de Tránsito- Residencia: San Salvador. Municipio: Todos los del Departamento de San Salvador y Cuscatlán. (3*) Los Juzgados de Paz de los Municipios de los departamentos de la Paz, al ordenar la instrucción, remitirán las actuaciones al Juzgado Primero de Tránsito; de los municipios de los Departamentos de Cabañas y Chalatenango, al Jugado Segundo de Tránsito; los del Departamento de San Vicente, al Juzgado Tercero de Tránsito; y los del Departamento de Cuscatlán, al Juzgado Cuarto de Tránsito. Los Juzgados de Paz de los municipios del Departamento de San Salvador, harán tal remisión a los Juzgados de Tránsito comenzando por el Juzgado Primero y así ordenadamente a los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto. El conocimiento del juicio plenario en los procesos tramitados en los Juzgados de Tránsito mencionados en el inciso anterior, será competencia de los Tribunales de Sentencia residentes en San Salvador; para tal efecto, los Juzgados emitirán las actuaciones a los Tribunales, comenzando por el Primero de Sentencia y así, ordenadamente, a los demás. CAMARA DE LA SEGUNDA SECCION DEL CENTRO – Residencia: Cojutepeque. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles, de inquilinato, penales y penitenciarios de los juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil Residencia: Cojutepeque. Municipios: Cojutepeque, San Pedro Perulapán, Santa Cruz Michapa, Monte San Juan, Candelaria, Santa Cruz Analquito, San Bartolomé Perulapía, San Emigdio, Paraíso de Osorio, San Ramón, San Rafael Cedros, Tenancingo, El Rosario, El Carmen y San Cristóbal. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Cojutepeque. Municipios: Cojutepeque: Juzgado Primero de la Paz; San Pedro Perulapán, Santa Cruz Michapa, Monte San Juan, Candelaria, Santa Cruz Analquito, San Emigdio, Paraíso de Osorio y San Bartolomé Perulapía. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Cojutepeque. Municipios: Cojutepeque: Juzgado Segundo de Paz; San Ramón, San Rafael Cedros, Tenancingo, El Rosario, El Carmen y San Cristóbal. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Suchitoto. Municipios: Suchitoto, San José Guayabal y Oratorio de Concepción. El conocimiento del juicio plenario en los procesos penales tramitados en los anteriores juzgados de instrucción y en el Juzgado de Primera Instancia de Suchitoto, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Cojutepeque. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Sensuntepeque. Municipios: Sensuntepeque, Victoria, San Isidro, Dolores y Guacotecti. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Ilobasco. Municipios: Ilobasco, Jutiapa, Tejutepeque y Cinquera. El conocimiento del juicio plenario de los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Primera Instancia, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Sensuntepeque. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: Cojutepeque. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Tribunales de Sentencia residentes en Cojutepeque y Sensuntepeque; los Juzgados de Instrucción con residencia en Cojutepeque; los Juzgados de Primera Instancia residentes en Suchitoto, Sensuntepeque e Ilobasco; y los Juzgados de Paz residentes en cada uno de los municipios de los departamentos de Cuscatlán y Cabañas. También ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en las personas internadas en los centros penales de Cojutepeque, Sensuntepeque e Ilobasco. CAMARA DE LA TERCERA SECCION DEL CENTRO Residencia: San Vicente. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles, de inquilinato, penales y penitenciarios de los Juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil – Residencia: San Vicente. Municipios: San Vicente, Guadalupe, Tepetitán, Apastepeque, Verapaz, Tecoluca, San Cayetano Istepeque, Santa Clara y San Idelfonso. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: San Vicente. Municipios: San Vicente: Juzgado Primero de Paz; Tecoluca; Juzgados Primero y Segundo de Paz; Tepetitán, Verapaz y Guadalupe. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: San Vicente. Municipios: San Vicente: Juzgado Segundo de Paz; Apastepeque, San Cayetano Istepeque, Santa Clara y San Idelfonso. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: San Sebastián. Municipios: San Sebastián: Juzgados Primero y Segundo de Paz; Santo Domingo, San Esteban Catarina y San Lorenzo. El conocimiento del juicio plenario de los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción, y en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en San Vicente. Juzgado de lo Civil – Residencia: Zacatecoluca. Municipios: Zacatecoluca, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo, Santiago Nonualco, Jerusalén, El Rosario, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma, Mercedes La Ceiba, San Luis Talpa, San Luis La Herradura y San Juan Talpa. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Zacatecoluca. Municipios: Zacatecoluca: Juzgado Primero de Paz; San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Jerusalén. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Zacatecoluca. Municipios: Zacatecoluca: Juzgado Segundo de Paz; San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma, Mercedes La Ceiba y Santiago Nonualco. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: San Pedro Masahuat. Municipios: San Pedro Masahuat, San Antonio Masahuat, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y Tapalhuaca. Juzgado de Instrucción – Residencia: San Luis Talpa. Municipios: San Luis Talpa, San Juan Talpa, San Luis la Herradura, El Rosario, Olocuilta, Cuyultitán y San Francisco Chinameca. El conocimiento del juicio plenario de los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción y en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Zacatecoluca. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: San Vicente. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Tribunales de Sentencia residentes en San Vicente y Zacatecoluca; los Juzgados de Instrucción con residencia en San Vicente, Zacatecoluca y San Luis Talpa; el Juzgado de Primera Instancia residente en San Pedro Masahuat; y los Juzgados de Paz de cada uno de los municipios de los departamentos de San Vicente y La Paz. También ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en las personas internadas en el centro penal de San Vicente. CAMARA DE LA CUARTA SECCION DEL CENTRO – Residencia: Nueva San Salvador. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles, de inquilinato, penales y penitenciarios de los juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil – Residencia: Nueva San Salvador. Municipios: Nueva San Salvador, Teotepeque, Comasagua, Talnique, Jicalapa, San José Villanueva, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán y Colón. Juzgado de lo Civil – Residencia: Quezaltepeque. Municipios: Quezaltepeque, El Paisnal y Aguilares. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Nueva San Salvador. Municipios: Nueva San Salvador: Juzgado Primero de Paz; Teotepeque, Comasagua, Talnique, Jicalapa y Colón; Juzgados Primero y Segundo de Paz. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Nueva San Salvador. Municipios: Nueva San Salvador: Juzgados Segundo y Tercero de Paz; Huizúcar, San José Villanueva, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán. Conocerá de los asuntos civiles y penales tramitados en: (3*) Juzgado de Tránsito – Residencia: Nueva San Salvador. (3*) Municipios: Todos los del departamento de La Libertad (3*) Los Juzgados de Paz de los Municipios del Departamento de la Libertad, al ordenarla instrucción, remitirán las actuaciones al Juzgado de Tránsito residente en Nueva San Salvador. (3*) El conocimiento del juicio plenario en los procesos tramitados en el Juzgado de Tránsito mencionado en el inciso anterior, será competente del Tribunal de Sentencia con residencia en Nueva San Salvador. (3*) Juzgado de instrucción – Residencia: Quezaltepeque. Municipios: Quezaltepeque: Juzgados Primero y Segundo de Paz; El Paisnal, y Aguilares. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: San Juan Opico. Municipios: San Juan Opico, San Matías, San Pablo Tacachico y Ciudad Arce. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: La Libertad. Municipios: La Libertad, Chiltiupán, Tamanique y Zaragoza. El conocimiento del juicio plenario de los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Nueva San Salvador. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Chalatenango. Municipios: Chalatenango, Concepción Quezaltepeque, Ojos de Agua, Las Vueltas, Azacualpa, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, San Miguel de Mercedes, San Antonio Los Ranchos, San Antonio de la Cruz, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad, Cancasque, Potonico, San José Las Flores, Arcatao y Nombre de Jesús. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Tejutla. Municipios: Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San Ignacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Dulce Nombre de María. Municipios: Dulce Nombre de María, San Rafael, Santa Rita, San Francisco Morazán, San Fernando, El Carrizal, La Laguna y Comalapa. El conocimiento del juicio plenario de los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Primera Instancia, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Chalatenango. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: Nueva Salvador. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en el Tribunal de Sentencia residente en Nueva San Salvador; Juzgados de Instrucción con residencia en Nueva San Salvador y Quezaltepeque; Juzgados de Primera Instancia de La Libertad y Opico; y Juzgados de Paz de cada uno de los municipios del departamento de La Libertad. Asimismo ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, en las personas internadas en el centro penal de Quezaltepeque. ZONA OCCIDENTAL CAMARA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DE OCCIDENTE – Residencia: Santa Ana. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles y de inquilinato tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Primero de lo Civil – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, El Congo y Santiago de la Frontera. Juzgado Segundo de lo Civil – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, Texistepeque y Candelaria de la Frontera. Juzgado Tercero de lo Civil – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, Coatepeque y San Antonio Pajonal. Juzgado de lo Civil – Residencia: Chalchuapa Municipios: Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y El Porvenir. Juzgado de lo Civil – Residencia: Metapán Municipios: Metapán, Masahuat y Santa Rosa Guachipilín. Juzgado de Tránsito – Residencia: Santa Ana Conocerá en los términos que prescribe el Art. 2 del presente decreto, todos los municipios de los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán. (3*) CAMARA DE FAMILIA DE LA SECCION DE OCCIDENTE – Residencia: Santa Ana Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los juzgados siguientes: Juzgados Primero de Familia – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, Coatepeque, Texistepeque, El Congo, Chalchuapa, Candelaria de la Frontera y San Sebastián Salitrillo. Juzgado Segundo de Familia – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, El Provenir, Metapán, Santiago de la Frontera, Masahuat, Santa Rosa Guachipilín y San Antonio Pajonal. Juzgado de Familia – Residencia: Ahuachapán Municipios: Todos los del departamento de Ahuachapán. Juzgado de Familia – Residencia: Sonsonate Municipios: Todos los del departamento de Sonsonate. CAMARA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DE OCCIDENTE Residencia: Santa Ana. Conocerá de los asuntos penales y penitenciarios tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana: Juzgado Primero de Paz, Coatepeque y Santiago de la Frontera. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana: Juzgado Segundo de Paz, San Antonio Pajonal y Candelaria de La Frontera. Juzgado Tercero de Instrucción – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana: Juzgados Tercero y Cuarto de Paz; El Congo y Texistepeque. Juzgado de Tránsito – Residencia: Santa Ana. Conocerá en los términos que prescribe el Art. 2 del presente decreto, de todos los municipios de los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán. (3*) Juzgado de Instrucción – Residencia: Chalchuapa Municipios: Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y El Porvenir. Juzgado de Instrucción – Residencia: Metapán Municipios: Metapán, Masahuat y Santa Rosa Guachipilín. Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: Santa Ana. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Tribunales de Sentencia residentes en Santa Ana; Juzgados de Instrucción con residencia en Santa Ana, Chalchuapa y Metapán; y los Juzgados de Paz de cada uno de los municipios del departamento de Santa Ana. Asimismo ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, en las personas internadas en la Penitenciaria Occidental y en el centro penal de Apanteos, ambos ubicados en Santa Ana. Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: Santa Ana. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Tribunales de Sentencia residentes en Ahuachapán y Sonsonate; los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia con residencia en los mismos departamentos; y Juzgados de Paz de cada uno de los municipios de los departamentos citados. También ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en las personas internadas en los centros penales de Metapán, Atiquizaya y Sonsonate. El conocimiento del juicio plenario en los procesos penales tramitados en los Juzgados Primero y Segundo de Instrucción con residencia en Santa Ana corresponderá al Tribunal Primero de Sentencia con residencia en Santa Ana. Igual conocimiento corresponderá al Tribunal Segundo de Sentencia con residencia en Santa Ana, respecto del Juzgado Tercero de Instrucción con residencia en Santa Ana y los Juzgados de Instrucción con residencia en Metapán y Chalchuapa. CAMARA DE MENORES DE LA SECCION DE OCCIDENTE- Residencia: Santa Ana. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado Primero de Menores – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, Santiago de la Frontera, Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, Candelaria de la Frontera, San Antonio Pajonal y El Porvenir. Juzgado Segundo de Menores – Residencia: Santa Ana Municipios: Santa Ana, El Congo, Coatepeque, Texistepeque, Metapán, Masahuat y Santa Rosa Guachipilín. Juzgado de Menores – Residencia: Ahuachapán Municipios: Todos los del departamento de Ahuachapán. Juzgado de Menores – Residencia: Sonsonate Municipios: Todos los del departamento de Sonsonate. Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor – Residencia: Santa Ana Municipios: Todos los de los departamento de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. CAMARA DE LA SEGUNDA SECCION DE OCCIDENTE- Residencia: Sonsonate. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles, de inquilinato, penales y penitenciarios tramitados en los juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil – Residencia: Sonsonate Municipios: Sonsonate, Santo Domingo de Guzmán, Sonzacate, Nahuizalco, Nahulingo, San Antonio del Monte, Juayúa, Salcoatitán y Santa Catarina Masahuat. Juzgado de lo Laboral – Residencia: Sonsonate. Conocerá en materia de inquilinato en el municipio de Sonsonate; y en materia civil y mercantil, en el municipio de Sonsonate a prevención con el Juzgado de lo Civil con residencia en Sonsonate. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Sonsonate. Municipios: Sonsonate: Juzgado Primero de Paz; Salcoatitán, Juayúa, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina Masahuat, Nahuilingo y San Antonio del Monte. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Sonsonate. Municipios: Sonsonate: Juzgado Segundo de Paz; Sonzacate y Nahuizalco. Juzgado de Tránsito – Residencia: Sonsonate. Conocerá en los terminos que prescribe el Art. 2 del presente decreto, de todos los municipios del departamento de Sonsonate. (3*) Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Izalco Municipios: Izalco, Caluco y San Julián. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Armenia. Municipios: Armenia, Santa Isabel Ishuatán, Cuisnahuat, Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Acajutla. Municipio: Acajutla. El conocimiento del juicio plenario en los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, corresponderá al Tribunal de Sentencia de Sonsonate. CAMARA DE LA TERCERA SECCION DE OCCIDENTE. Residencia: Ahuachapán. Conocerá de los asuntos civiles, mercantíles, de inquilinato y penales tramitados en los Juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil – Residencia: Ahuachapán. Municipios: Ahuachapán, Apaneca, Concepción de Ataco, Tacuba, Guaymango, San Pedro Puxtla, San Francisco Menéndez y Jujutla. Juzgado de Instrucción – Residencia: Ahuachapán. Municipios: Ahuachapán: Juzgados Primero y Segundo de Paz; Apaneca, Concepción de Ataco y Tacuba. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Atiquizaya. Municipios: Atiquizaya: Juzgados Primero y Segundo de Paz; El Refugio, San Lorenzo y Turín. Juzgado de Instrucción – Residencia: Jujutla. Municipios: Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxtla y San Francisco Menéndez. El conocimiento del juicio plenario en los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción y en el Juzgado de Primera Instancia de Atiquizaya, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Ahuachapán. ZONA ORIENTAL CAMARA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DE ORIENTE. Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos civiles, mercantiles, de inquilinato y de lo laboral de los juzgados siguientes: Juzgado Primero de lo Civil – Residencia: San Miguel Municipios: San Miguel, Comacarán, Uluazapa, Quelepa y Chirilagua. Juzgado Primero de lo Civil – Residencia: San Miguel Municipios: San Miguel, Moncagua, Chapeltique y Sesori. Juzgado de Laboral – Residencia: San Miguel. Municipios: San Miguel, Comacarán, Uluazapa, Quelepa, Chirilagua, Moncagua, Chapeltique y Sesori. Este Juzgado conocerá también en materia de inquilinato en el Departamento de San Miguel. Juzgado Primero de Tránsito – Residencia: San Miguel. Juzgado Segundo de Tránsito -.Residencia: San Miguel. Los dos Juzgados anteriores conocerán en los términos que prescribe el Art. 2 del presente decreto de todos los municipios de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. (3*) Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Chinameca. Municipios: Chinameca, Nueva Guadalupe, Lolotique, San Rafael Oriente, San Jorge y El Tránsito. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Ciudad Barrios. Municipios: Ciudad Barrios, Nuevos Edén de San Juan, San Gerardo, San Luis de la Reina, Carolina y San Antonio del Mosco. CAMARA DE FAMILIA DE LA SECCION DE ORIENTE. Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en: Juzgado Primero de Familia – Residencia: San Miguel. Municipios: San Miguel, Ciudad Barrios, Moncagua, Uluazapa, Chapeltique, Chirilagua, Quelepa, Comacarán, Chinameca, Nueva Guadalupe y San Rafael Oriente. Juzgado Segundo de Familia – Residencia: San Miguel. Municipios: San Miguel, El Tránsito, Lolotique, San Jorge, Sesori, San Luis de la Reina, Carolina, Nuevo Edén de San Juan, San Gerardo y San Antonio del Mosco. Juzgado de Familia – Residencia: San Francisco Gotera. Municipios: Todos los del departamento de Morazán. Juzgado de Familia – Residencia: La Unión. Municipios: Todos los del departamento de La Unión. Juzgado de Familia – Residencia: Usulután. Municipios: Todos los del departamento de Usulután. CAMARA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DE ORIENTE. Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos penales y penitenciarios tramitados en: Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: San Miguel. Municipios: San Miguel: Juzgado Primero de Paz; Uluazapa, Quelepa y Chirilagua. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: San Miguel. Municipios: San Miguel: Juzgado Segundo de Paz; Moncagua y Chapeltique. Juzgado Tercero de Instrucción – Residencia: San Miguel. Municipios: San Miguel: Juzgados Terceros y Cuatro de Paz; Comacarán y Sesori. Juzgado Primero de Tránsito – Residencia: San Miguel. Juzgado Segundo de Tránsito – Residencia: San Miguel. Los dos anteriores Juzgados conocerán en los Términos que prescribe el Art. 2 del presente decreto de todos los municipios de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y la Unión. (3*) Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Chinameca. Municipios: Chinameca: Juzgado Primero y Segundo de Paz; Nueva Guadalupe y Lolotique. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Ciudad Barrios. Municipios: Ciudad Barrios: Juzgados Primeros y Segundo de Paz; Nuevo Edén de San Juan, San Gerardo, San Luis de la Reina, Carolina y San Antonio del Mosco. Juzgado de Instrucción – Residencia: El Tránsito. Municipios: El Tránsito; San Jorge, San Rafael Oriente, Ereguayquín y Concepción Batres. Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Tribunales de Sentencia residentes en San Miguel; los Juzgados de Instrucción con residencia en San Miguel y El Tránsito; los Juzgados de Primera Instancia residentes en Chinameca y Ciudad Barrios; y los Juzgados de Paz residentes en cada uno de los municipios del departamento de San Miguel, y en Ereguayquín y Concepción Batres del departamento de Usulután. También ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en las personas internadas en el centro penal de San Miguel. El conocimiento del Juicio Plenario de los procesos penales, tramitados en los Juzgados Primero y Segundo de Instrucción con residencia en San Miguel y Juzgado de Primera Instancia con residencia en Chinameca, corresponderá al Tribunal Primero de Sentencia con residencia en San Miguel. Igual conocimiento corresponderá al Tribunal Segundo de Sentencia con residencia en San Miguel, respecto al Juzgado Tercero de Instrucción con residencia en San Miguel, Juzgado de Instrucción con residencia en El Tránsito y Juzgado de Primera Instancia con residencia en Ciudad Barrrios. CAMARA DE MENORES DE LA SECCION DE ORIENTE. Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en: Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor Infractor – Residencia: San Miguel. Municipios: Todos los de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Juzgado de Menores – Residencia: San Miguel. Municipios: Todos los del departamento de San Miguel. Juzgado de Menores – Residencia: San Francisco Gotera. Municipios: Todos los del departamento de Morazán. Juzgado de Menores – Residencia: Usulután. Municipios: Todos los del departamento de Usulután. Juzgado de Menores – Residencia: La Unión. Municipios: Todos los del departamento de La Unión. CAMARA DE LA SEGUNDA SECCION DE ORIENTE Residencia: Usulután. Conocerá de los asuntos Civiles, Laborales, Mercantiles, de Inquilinato, Penales y Penitenciarios de los Juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil – Residencia: Usulután. Municipios: Usulután, Santa Elena, Ozatlán, San Dionisio, Ereguayquín, Concepción Batres, Santa María y Jucuarán. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: Usulután. Municipios: Usulután: Juzgado Primero de Paz; Santa Elena y Ozatlán. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: Usulután. Municipios: Usulután: Juzgados Segundo y Tercero de Paz; Santa María, Jucuarán y San Dionisio. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Santiago de María. Municipios: Santiago de María: Juzgados Primero y Segundo de Paz; Alegría, Tecapán y California. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Berlín. Municipios: Berlín y Mercedes Umaña. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Jucuapa. Municipios: Jucuapa: Juzgados Primero y Segundo de Paz; San Buenaventura, El Triunfo, Estanzuelas y Nueva Granada. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Jiquilisco. Municipios: Jiquilisco, San Agustín, San Francisco Javier y Puerto El Triunfo. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: Usulután. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en el Tribunal de Sentencia y Juzgados de Instrucción residentes en Usulután; Juzgados de Primera Instancia con residencia en Santiago de María, Jucuapa, Berlín y Jiquilisco; y los Juzgados de Paz residentes en cada uno de los municipios del departamento de Usulután, excepto Ereguayquín y Concepción Batres. También ejercerá vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en las personas internadas en los centros penales de Usulután, Jucuapa y Berlín. El conocimiento del juicio plenario en los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en Usulután. CAMARA DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA TERCERA SECCION DE ORIENTE. Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos Civiles, Mercantiles, de Inquilinato, Laborales, Penales y Penitenciarios de los Juzgados siguientes: Juzgado de lo Civil – Residencia: La Unión. Municipios: La Unión, San Alejo, Conchagua, Intipucá, El Carmen, Yayantique, Yucuaiquín, Bolívar, San José Las Fuentes y Meanguera del Golfo. Juzgado Primero de Instrucción – Residencia: La Unión. Municipios: La Unión, Juzgado Primero de Paz; San Alejo, Intipucá, El Carmen, Bolívar y Yucuaiquín. Juzgado Segundo de Instrucción – Residencia: La Unión. Municipios: La Unión: Juzgados Segundo de Paz; Conchagua, Yayantique, San José las Fuentes y Meanguera del Golfo. Juzgado de Instrucción – Residencia: Santa Rosa de Lima. Municipios: Santa Rosa de Lima: Juzgado Primero y Segundo de Paz; Concepción de Oriente, Nueva Esparta, Anamorós, El Sauce, Pasaquina, Polorós y Lislique. Este Tribunal continuará conociendo de los asuntos en trámite en el Juzgado Tercero de Paz, pendientes al entrar en vigencia el presente decreto. Juzgado de Primera Instancia – Residencia: Santa Rosa de Lima. Conocerá de los asuntos Civiles, Mercantiles, Laborales y de Inquilinato de los Municipios de: Santa Rosa de Lima, Concepción de Oriente, Nueva Esparta, Anamorós, El Sauce, Pasaquina, Polorós y Lislique. También conocerá de los asuntos penales iniciados antes del día veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho. El conocimiento del Juicio Plenario en los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción, corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en La Unión. Juzgado Primero de Primera Instancia – Residencia: San Francisco Gotera. Municipios: San Francisco Gotera: Juzgado Primero de Paz; Sociedad, Jocoro, San Carlos, Yamabal, Chilanga, Guatajiagua, Lolotiquillo y El Divisadero. Juzgado Segundo de Primera Instancia – Residencia: San Francisco Gotera. Municipios: San Francisco Gotera: Juzgado Segundo de Paz; Osicala, Yoloaiquín, Cacaopera, Corinto, Gualococti, San Simón, San Isidro, El Rosario, Meanguera, Joateca, Arambala, Perquín, San Fernando, Jocoaitique, Torola y Delicias de Concepción. Juzgado de Instrucción – Residencia: Osicala. Municipios: Osicala, Gualococti, San Simón, San Isidro, El Rosario, Joateca, Perquín, San Fernando, Jocoaitique, Torola, Delicias de Concepción, Meanguera y Arambala. El conocimiento del juicio plenario de los procesos penales tramitados en los anteriores Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia corresponderá al Tribunal de Sentencia con residencia en San Francisco Gotera. Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena – Residencia: San Miguel. Conocerá de los asuntos de su competencia tramitados en los Tribunales de Sentencia residentes en San Francisco Gotera y La Unión; los Juzgados de Instrucción con residencia en La Unión, Santa Rosa de Lima y Osicala; los Juzgados de Primera Instancia residentes en San Francisco Gotera y; los Juzgados de Paz con residencia en cada uno de los municipios de los departamentos de Morazán y La Unión. También ejercerá vigilancia en las personas internadas en los centros penales de San Francisco Gotera y La Unión. Art. 2.- Los procesos derivados de un accidente de tránsito iniciados antes del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, continuarán siendo tramitados ante el Tribunal de que pendan y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Especial sobre Accidentes de Transito, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. (1*) (2*) (3*) Art. 3.- Los procesos penales y civiles en materia de hacienda que al veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, estuvieren en trámite continuarán siendo conocidos hasta el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, conforme a las leyes sustantivas y de procedimientos con las que se iniciaron. (1*) (2*) Art. 4.- El conocimiento de los procesos de tránsito a los que se refiere el Art. 35 de la Ley de Procedimientos Especial Sobre Accidentes de Tránsito, que se inicien después del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, corresponderá a los Jueces de Primera Instancia y Tribunales con competencia con materia civil; los que aplicarán; los procedimientos contenidos en los Titulos IV y V de la citada Ley. (3*) Art. 5.- El conocimiento de los procesos civiles en materia de hacienda, que se inicien después del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, corresponderá a los Jueces y Tribunales con competencia civil, y se tramitarán de acuerdo a lo que para los juicios civiles según la cuantía, prescribe el Código de Procedimientos Civiles. Art. 6.- El presente Decreto se tendrá por incorporado a la Ley Orgánica Judicial. Art. 7.- Quedan derogadas las disposiciones de la Ley Orgánica Judicial y demás leyes y preceptos legales contenidas en otros ordenamientos, que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este decreto. Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia el día veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, previa su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. <div>JUAN DUCH MARTINEZ, PRESIDENTE. GERSON MARTINEZ, PRIMER VICE-PRESIDENTE. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, SEGUNDO VICE-PRESIDENTE. RONAL UMAÑA, TERCER VICE-PRESIDENTE. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS. CUARTA VICE-PRESIDENTE. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, PRIMER SECRETARIO. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA SEGUNDO SECRETARIO. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, TERCER SECRETARIO. GERARDO ANTONIO SUVILLAGA, CUARTO SECRETARIO. ELVIA VIOLETA MENJIVAR, QUINTA SECRETARIA. JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ, SEXTO SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. <div>PUBLIQUESE, ARMANDO CALDEROL SOL, Presidente de la República. RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA, Ministro de Justicia. REFORMAS AL DECRETO No. 262: (1*) Decreto Legislativo Nº 509 del 16 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 237, Tomo 341, del 18 de diciembre de 1998 (2*) Decreto Legislativo Nº 641 del 17 de junio de 1999. publicado en el Diario Oficial Nº 115, Tomo 343, del 22 de junio de 1999 (3*) Decreto Legislativo 771, del 24 de noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº 231, Tomo 345, del 10 de diciembre de 1999. INICIO DE NOTA: La parte que corresponde a la competencia de los Juzgados de tránsito del artículo 1, y los artículos 2 y 4 del Decreto Legislativo 262 han sido derogados tácitamente por el artículo número 9 del Decreto Legislativo, Nº 771 del 24 de noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº 231, Tomo 345, del 10 de diciembre de 1999. DECRETO Nº 771. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que de conformidad al Decreto Legislativo No. 262, de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el conocimiento de las acciones para deducir responsabilidades penales y civiles derivadas de un accidente de tránsito, ocurrido a partir del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, corresponde a los tribunales del fuero penal y civil común; II.- Que como consecuencia de dicho decreto, la competencia que tenían los Juzgados Especiales de Tránsito, quedó limitada al conocimiento de las acciones para deducir todo tipo de responsabilidad sobre accidentes de tránsito ocurridos antes del veinte de abril del año indicado en el considerando anterior; III.- Que los resultados obtenidos en la aplicación de dicho decreto no han sido óptimos, por lo que es necesario reordenar la competencia, a fin de que dichas acciones sean conocidas únicamente por Tribunales Especiales de Tránsito y por los demás tribunales con competencia en materia penal y civil, con el objeto de mejorar la administración de justicia;</ul> POR TANTO: En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- A partir del uno de enero del año dos mil, será competencia de los Juzgados de Tránsito el conocimiento de las acciones para determinar responsabilidades civiles en casos de accidentes de tránsito terrestre ocasionados por toda clase de vehículos. Si se tratare de deducir acciones penales, corresponderá a los Juzgados de Tránsito el conocimiento exclusivo de la instrucción; y a los Tribunales determinados en el Código Procesal Penal y en este decreto, la audiencia inicial y el juicio plenario. Art. 2.- Los Juzgados de Tránsito, cuando conozcan de la acción civil, aplicarán lo dispuesto en los Títulos IV y V de la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito. Art. 3.- La jurisdicción, atribuciones y residencia de las Cámaras de Segunda Instancia y Juzgados con competencia en materia de tránsito, serán las siguientes: CAMARA DE TRANSITO DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO. Residencia: San Salvador. Conocerá de los asuntos penales y civiles tramitados en: Juzgado Primero de Tránsito Residencia: San Salvador. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Salvador y La Paz. Juzgado Segundo de Tránsito – Residencia: San Salvador. Municipios: Todos los de los Departamento de San Salvador, Cabañas y Chalatenango. Juzgado Tercero de Tránsito – Residencia: San Salvador. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Salvador y San Vicente. Juzgado Cuarto de Tránsito – Residencia: San Salvador. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Salvador y Cuscatlán. Los Juzgados de Paz de los Municipios del Departamento de La Paz, al ordenar la instrucción, remitirán las actuaciones al Juzgado Primero de Tránsito; los de los municipios de los Departamentos de Cabañas y Chalatenango, al Juzgado Segundo de Tránsito; los del Departamento de San Vicente, al Juzgado Tercero de Tránsito; y los del Departamento de Cuscatlán, al Juzgado Cuarto de Tránsito. Los Juzgados de Paz de los municipios del Departamento de San Salvador, harán tal remisión a los Juzgados de Tránsito comenzando por el Juzgado Primero y así ordenadamente a los Juzgado Segundo, Tercero y Cuarto. El conocimiento del juicio plenario en los procesos tramitados en los Juzgados de Tránsito mencionados en el inciso anterior, será competencia de los Tribunales de Sentencia residentes en San Salvador; para tal efecto, los Juzgado remitirán las actuaciones a los Tribunales, comenzando por el Primero de Sentencia y así, ordenadamente, a los demás. CAMARA DE LA CUARTA SECCION DEL CENTRO. Residencia: Nueva San Salvador. Conocerá de los asuntos civiles y penales tramitados en: Juzgado de Tránsito – Residencia: Nueva San Salvador. Municipios: Todos los del Departamento de La Libertad. Los Juzgados de Paz de los Municipios del Departamento de La Libertad, al ordenar la instrucción, remitirán las actuaciones al Juzgado de Tránsito residente en Nueva San Salvador. El conocimiento del juicio plenario en los procesos tramitados en el Juzgado de Tránsito mencionado en el inciso anterior, será competencia del Tribunal de Sentencia con residencia en Nueva San Salvador. CAMARA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DE OCCIDENTE. Residencia: Santa Ana. Conocerá, cuando se ejercite exclusivamente la acción civil, de los asuntos tramitados en: Juzgado de Tránsito – Residencia: Santa Ana. Municipios: Todos los de los Departamentos de Santa Ana y Ahuachapán. CAMARA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DE OCCIDENTE. Residencia: Santa Ana. Conocerá, de la acción penal y de la civil ejercitada conjuntamente, tramitada en: Juzgado de Tránsito – Residencia: Santa Ana. Municipios: Todos los de los Departamentos de Santa Ana y Ahuachapán. Los Juzgados de Paz de los municipios de los Departamentos de Santa Ana y Ahuachapán, al ordenar la instrucción, remitirán las actuaciones al Juzgado de Tránsito residente en Santa Ana. El conocimiento del juicio plenario, en los procesos tramitados en el Juzgado de Tránsito mencionado en el inciso anterior, será competencia de los Tribunales de Sentencia residentes en Santa Ana; para tal efecto, el juzgado remitirá las actuaciones a los tribunales, comenzado por el Primero de Sentencia. CAMARA DE LA SEGUNDA SECCION DE OCCIDENTE. Residencia: Sonsonate. Conocerá de los asuntos civiles y penales tramitados en: Juzgado de Tránsito – Residencia: Sonsonate. Municipios: Todos los del Departamento de Sonsonate. Los Juzgados de Paz de los municipios del Departamentos de Sonsonate, al ordenar la instrucción, remitirá las actuaciones al Juzgado de Tránsito residente en Sonsonate. El conocimiento del juicio plenario en los procesos tramitados en el Juzgado de Tránsito mencionado en el inciso anterior, será competencia del Tribunal de Sentencia con residencia en Sonsonate. CAMARA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DE ORIENTE. Residencia: San Miguel. Conocerá, cuando se ejercite exclusivamente la acción civil, de los asuntos tramitados en: Juzgado Primero de Tránsito – Residencia: San Miguel. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Juzgado Segundo de Tránsito – Residencia: San Miguel. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. CAMARA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DE ORIENTE: Residencia: San Miguel. Conocerá de la acción penal y de la civil ejercitada conjuntamente, tramitada en: Juzgado Primero de Tránsito – Residencia: San Miguel. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Juzgado Segundo de Tránsito – Residencia: San Miguel. Municipios: Todos los de los Departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Los Juzgados de Paz de los Municipios de los Departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, al ordenar la instrucción, remitirán las actuaciones a los Juzgados de Tránsito residentes en San Miguel, comenzado por el Primero. El conocimiento del juicio plenario en los procesos tramitados en los Juzgados de Tránsito mencionados en el inciso anterior, será competencia de los Tribunales de Sentencia con residencia en San Miguel; para tal efecto, los Juzgados remitirán las actuaciones a los Tribunales, comenzando por el Primero. Art. 4.- Si se ejercitare únicamente la acción civil y hubiere más de un Juzgado de Tránsito competente, conocerá el que prevenga, excepto en el Departamento de San Salvador, en que tendrá lugar lo dispuesto en el Art. 153 de la Ley Orgánica Judicial. Art. 5.- Los procesos derivados de un accidente de tránsito, iniciados antes del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, continuarán siendo tramitados hasta su terminación ante el tribunal de que pendan, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito. Art. 6.- Los procesos penales iniciados a partir del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, que a la vigencia de este decreto estén siendo tramitados en los Juzgados de Paz, de Instrucción y Tribunales de Sentencia del Departamento de La Paz, continuarán siendo conocidos por ellos mismos hasta su terminación, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley con la que se iniciaron. Art. 7.- Los procesos de tránsito a que se refiere el Art. 35 de la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito, que se iniciaron a partir del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, continuarán siendo conocidos por los Jueces de Primera Instancia y Tribunales con competencia en materia civil, aplicando los procedimientos contenidos en los Títulos IV y V de la citada ley. Art. 8.- Los tribunales competentes en materia penal, continuarán conociendo hasta su terminación, de las acciones penales iniciales en el período comprendido entre el veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, siguiendo los procedimientos contenidos en el Código Procesal Penal. Art. 9.- Quedan derogadas las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 262, del 23 de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 62, Tomo 338 del día 31 del mes y año citados, incorporado a la Ley Orgánica Judicial, así como las demás disposiciones de ésta y de otros preceptos legales, en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en este decreto. Art. 10.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. <div>JUAN DUCH MARTINEZ, PRESIDENTE. GERSON MARTINEZ, PRIMER VICE-PRESIDENTE. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, SEGUNDO VICE-PRESIDENTE. RONAL UMAÑA, TERCER VICE-PRESIDENTE. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS. CUARTA VICE-PRESIDENTE. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, PRIMER SECRETARIO. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA SEGUNDO SECRETARIO. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, TERCER SECRETARIO. GERARDO ANTONIO SUVILLAGA, CUARTO SECRETARIO. ELVIA VIOLETA MENJIVAR, QUINTA SECRETARIA. JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ, SEXTO SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. <div>PUBLÍQUESE, FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ, Presidente de la República. FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO, Ministro de Justicia (Ad Honorem) y Ministro de Seguridad Pública. FIN DE NOTA (4*) Decreto Legislativo 772, del 24 de noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº 231, Tomo 345, del 10 de diciembre de 1999, REFIERESE A LA CONVERSION DE TRIBUNALES DE SENTENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR. DECRETO Nº 772 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que el trámite del juicio plenario en los procesos penales del conocimiento de los Juzgados de Instrucción del Departamento de San Salvador y del Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, en el mismo Departamento, compete a los Tribunales Primero, Segundo y Tercero de Sentencia del Municipio de San Salvador y a los Tribunales de Sentencia de los Municipios de Mejicanos, Delgado y Soyapango; II.- Que con el objeto de que la carga de trabajo sea asumida en forma equitativa, es conveniente, que los Tribunales de Sentencia de Mejicanos, Delgado y Soyapango, estén asentados en la ciudad capital y que éstos y los actuales Tribunales de Sentencia de San Salvador, tengan, cada uno de ellos, competencia en todo el Departamento de San Salvador;</ul> POR TANTO: En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Los Tribunales de Sentencia de Mejicanos, Delgado y Soyapango, a partir de la vigencia del presente Decreto se denominarán Tribunal Cuarto de Sentencia, Tribunal Quinto de Sentencia y Tribunal Sexto de Sentencia, respectivamente y tendrán su asiento en el Municipio de San Salvador. Art. 2.- El juicio plenario en los procesos penales tramitados en los Juzgados de Instrucción del Departamento de San Salvador y en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, en el mismo Departamento y los que se promuevan por acción privada, serán conocidos por los Tribunales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Sentencia con sede en el Municipio de San Salvador. Art. 3.- En el Departamento de San Salvador, para determinar el Tribunal de Sentencia a que se refiere el número 4) del Art. 322 del Código Procesal Penal y en las situaciones previstas en el Art. 400 del mismo Código, para establecer el Tribunal de Sentencia que conocerá de la acción penal privada, los jueces de la instrucción correspondiente y los interesados, según el caso, consultarán previamente a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. La consulta a que se refiere el inciso precedente, tendrá por objeto la equitativa distribución del trabajo en los Tribunales de Sentencia, para lo cual, la Corte Suprema de Justicia dictará, mediante acuerdo, las disposiciones pertinentes. Art. 4.- Los juicios a que se refiere el Art. 2, que al entrar en vigencia este Decreto estuviesen en trámite en los Tribunales Primero, Segundo y Tercero de Sentencia con asiento en San Salvador, continuarán tramitándose en los mismos; y los que estuviesen en trámite en los Tribunales de Sentencia de los Municipios de Mejicanos, Delgado y Soyapango, continuarán siendo conocidos por los Tribunales Cuarto, Quinto y Sexto de Sentencia, respectivamente. Art. 5.- Deróganse los párrafos finales de los apartados correspondientes a las Cámaras Primera, Segunda y Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, incorporados a la Ley Orgánica Judicial por el Decreto Legislativo No. 262, de fecha 23 de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 62, Tomo No. 338, del día 31 del mes y año citados y las demás disposiciones legales en cuanto contradigan o se opongan a lo prescrito en este Decreto. Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. <div>JUAN DUCH MARTINEZ, PRESIDENTE. GERSON MARTINEZ, PRIMER VICE-PRESIDENTE. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, SEGUNDO VICE-PRESIDENTE. RONAL UMAÑA, TERCER VICE-PRESIDENTE. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS. CUARTA VICE-PRESIDENTE. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, PRIMER SECRETARIO. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA SEGUNDO SECRETARIO. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, TERCER SECRETARIO. GERARDO ANTONIO SUVILLAGA, CUARTO SECRETARIO. ELVIA VIOLETA MENJIVAR, QUINTA SECRETARIA. JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ, SEXTO SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. <div>PUBLÍQUESE, FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ, Presidente de la República. FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO, Ministro de Justicia (Ad Honorem) y Ministro de Seguridad Pública. FIN DE LAS REFORMAS AL DECRETO No 262. (33) Decreto Legislativo Nº 705, del 9 de septiembre de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº 173, Tomo 344, del 20 de septiembre de 1999. DECRETO No. 705. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que para una mejor administración de justicia es conveniente la creación de Juzgados de Primera Instancia competentes para tramitar privativamente asuntos de menor cuantía. II.- Que por igual razón es pertinente trasladar a ciertos Juzgados de Primera Instancia, la competencia de algunos Juzgados de Paz para conocer asuntos civiles y mercantiles que no excedan a diez mil colones, ni sean de valor indeterminado superior a esa suma; III.- Que como medida de buen Gobierno Judicial, es procedente convertir en Juzgado de Menor Cuantía a los Juzgados de Hacienda, sin perjuicio de que los últimos terminen los procesos que ante ellos penden;</ul> POR TANTO: En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Habrá en el Municipio de San Salvador, dos Juzgados de Primera Instancia que se denominarán: Juzgado Primero de Menor Cuantía y Juzgado Segundo de Menor Cuantía.- Lo ordenado en el Art. 153 de la Ley Orgánica Judicial, le será aplicable a esos Juzgados. Art. 2.- Los Juzgados Primero y Segundo de Menor Cuantía conocerán en Primera Instancia en el Municipio de San Salvador, con exclusión de cualquier otro Tribunal, de los asuntos civiles y mercantiles que no excedan de veinticinco mil colones, ni sean de valor indeterminado superior a esa suma. Art. 3.- Los Juzgados creados por este Decreto conocerán en Juicio Verbal, cuando la suma que se litiga no exceda de diez mil colones ni sea de valor indeterminado superior a esa suma y pasando de dicha sumas, conocerán en juicio escrito; todo de acuerdo a lo prescrito para estas clases de juicios en el Código de Procedimientos Civiles y en la Ley de Procedimientos Mercantiles. Art. 4.- Las sentencias definitivas pronunciadas en los juicios verbales serán recurribles en revisión y las pronunciadas en los juicios escritos, lo serán en apelación. Art. 5.- De los recursos interpuestos ante el Juez Primero de Menor Cuantía conocerá la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro y de los planteados ante el Juez Segundo de Menor Cuantía, conocerá la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Art. 6.- Los Juzgados de Primera Instancia competentes en materia civil y mercantil en los Municipios de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, Nueva San Salvador, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión, Apopa, San Marcos, Mejicanos, Soyapango y Delgado, conocerán privativamente, en Juicio Verbal, de los asuntos civiles y mercantiles que no excedan de diez mil colones, ni sean de valor indeterminado superior a esa suma. Cuando en un Municipio existieren dos o más Jueces competentes según lo dispuesto en el Inciso que antecede conocerá el que primero prevenga. Las sentencias definitivas pronunciadas en los juicios verbales a que se refiere este Artículo, admitirán recurso de revisión para ante el Tribunal de Segunda Instancia que corresponda según la Ley Orgánica Judicial. Art. 7.- La competencias atribuidas en el Artículo procedente a los Juzgados que en él se citan, es sin perjuicio de la que actualmente les otorga el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Procedimientos Mercantiles. Art. 8.- En los Municipios no comprendidos en los Arts. 2 y 6 anteriores, continuarán conociendo los Jueces de Paz conforme a la cuantía y procedimientos comunes. Art. 9.- Los procesos comenzados antes de la vigencia del presente Decreto, en los Municipios comprendidos en los Arts. 2 y 6, continuarán siendo tramitados ante el Juzgado de que pendan, conforme a las leyes sustantivas y de procedimientos con que se iniciaron y aquellos que estuvieren siendo conocidos por un Tribunal Superior en grado, una vez resueltos, se remitirán por éste al Juzgado de origen. Art. 10.- Los actuales Juzgados Primero y Segundo de Hacienda se convierten en Juzgados Primero y Segundo de Menor Cuantía, respectivamente, con residencia ambos en San Salvador. Art. 11.- Los procesos civiles y penales en trámite en los Juzgados Primero y Segundo de Hacienda, continuarán siendo conocidos hasta su terminación, en su orden, por los Juzgados Primero y Segundo de Menor Cuantía, conforme a las leyes sustantivas y de procedimientos con que se iniciaron.- Art. 12.- La Corte Suprema de Justicia tomará las providencias que fueran necesarias para la efectiva aplicación de este Decreto. Art. 13.- Quedan derogadas las disposiciones de la Ley Orgánica Judicial y demás leyes y preceptos legales contenidos en otros ordenamientos, en cuanto contradigan o se opongan a lo prescrito en este Decreto. Art. 14.- El presente Decreto entrará en vigencia el día uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve previa publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. <div>JUAN DUCH MARTINEZ, PRESIDENTE. GERSON MARTINEZ, PRIMER VICEPRESIDENTE. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE. RONAL UMAÑA, TERCER VICEPRESIDENTE. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS, CUARTA VICEPRESIDENTA. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, PRIMER SECRETARIO. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, SEGUNDO SECRETARIO. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, TERCER SECRETARIO. GERARDO ANTONIO SUVILLAGA, CUARTO SECRETARIO. ELVIA VIOLETA MENJIVAR, QUINTA SECRETARIA. JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ, SEXTO SECRETARIO. CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. <div>PUBLÍQUESE, FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ, Presidente de la República. FRANCISO RODOLFO BERTRAND GALINDO, Ministro de Justicia (ad-honorem) y Ministro de Seguridad Pública. (34) Decreto Legislativo Nº 896, del 27 de abril de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 95, Tomo 347, del 24 de mayo de 2000. INICIO DE NOTA Art. 2.- Derógase el Decreto Legislativo de 6 de marzo de 1890, publicado en el Diario Oficial No. 59, Tomo No. 28, de fecha 10 del mismo mes y año. Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (35) Decreto Legislativo N° 155, del 2 de octubre del 2003, publicado en el Diario Oficial N° 204, Tomo 361, del 3 de noviembre del 2003. INICIO DE NOTA Art. 1.- Amplíase y extiéndase la jurisdicción y atribuciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciara y de Ejecución de la Pena, con residencia en San Vicente, para que ejerza su competencia en el Centro Penal de la Ciudad de Zacatecoluca, Departamento de la Paz. Art. 2.- Amplíase y extiéndase la jurisdicción y atribuciones del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciara y de Ejecución de la Pena, con residencia en San Miguel, para que ejerza su competencia en el Centro Penal del Municipio de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. Art. 3-. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. FIN DE NOTA (36)Decreto Legislativo N° 774, del 10 de Agosto del 2005, publicado en el Diario Oficial N° 160, Tomo 368, del 31 de Agosto del 2005. INICIO DE NOTA* A CONTINUACIÓN SE ESCRIBE TEXTUALMENTE EL ARTICULO NUMERO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 774: Art. 5.- Las diligencias, procesos y recursos que al entrar en vigencia este decreto, estuviesen en tramite en las Cámaras cuyas competencias territoriales se reformen, continuarán tramitándose en los mismos tribunales. FIN DE NOTA* (37) Decreto Legislativo N°246 de fecha 23 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial N°43, Tomo 374 del 5 de marzo del 2007. DECRETO No. 246 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> l. Que conforme a la Constitución corresponde exclusivamente al Órgano Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso- administrativo, así como en las otras que determine la ley, teniendo para tales efectos la Corte Suprema de Justicia, iniciativa de ley. II. Que por Decreto Legislativo No. 190, de fecha 20 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 13, Tomo No. 374, de fecha 22 de enero de 2007, los delitos más graves que se cometen, a nivel nacional e internacional, en que opera el crimen organizado o son de realización compleja, serán conocidos por Juzgados y Tribunales Especializados, con sede en las ciudades de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, con la circunscripción territorial que en dicho decreto se señala. III. Que el mencionado decreto establece la manera en que se organizarán dichos Juzgados y Tribunales Especializados, señalando que los de Instrucción y los de Sentencia serán unipersonales o pluripersonales y las Cámaras Especializadas de lo Penal, estarán compuestas de dos Magistrados. IV. Que los jueces de la República dan un aporte significativo al logro de la convivencia pacífica en el país, sin perjuicio de lo cual se precisa reforzar la protección jurisdiccional. V. Que en orden a ser congruentes con lo antes expresado, para iniciar la Jurisdicción especializada bajo el esquema de modernización y adecuar la legislación a lo dispuesto en la "Ley Orgánica Judicial", se hace imperioso emitir un Decreto, por el cual se creen los Juzgados y Tribunales Especializados a que se refiere el artículo 3 de la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja".</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. DECRETA: Art. 1.- Créase en el Municipio de San Salvador una Cámara de Segunda Instancia, que se denominará "Cámara Especializada de lo Penal", la cual tendrá competencia a nivel nacional, tendrá su sede en la ciudad de San Salvador, y conocerá en segunda instancia de los asuntos penales, a que se refiere la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. Art. 2.- Créanse los siguientes Juzgados Especializados de Instrucción: <ul> A) En el Municipio de San Salvador: el Juzgado Especializado de Instrucción. Tendrá competencia sobre los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango. Conocerá en primera instancia de la acusación fiscal directa o del dictamen, conforme a la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja". B) En el Municipio de Santa Ana: el Juzgado Especializado de Instrucción. Tendrá competencia sobre los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. Conocerá en primera instancia de la acusación fiscal directa o del dictamen, conforme a la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja". C) En el Municipio de San Miguel: el Juzgado Especializado de Instrucción. Tendrá competencia sobre los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Conocerá en primera instancia de la acusación fiscal directa o del dictamen, conforme a la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja".</ul> Art. 3. Créanse los Juzgados Especializados de Sentencia: <ul> A) En el Municipio de San Salvador: el Juzgado Especializado de Sentencia. Tendrá competencia sobre los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango. Conocerá del juicio plenario en las causas instruidas conforme a la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja". B) En el Municipio de Santa Ana: el Juzgado Especializado de Sentencia. Tendrá competencia sobre los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. Conocerá del juicio plenario en las causas instruidas, conforme a la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja". C) En el Municipio de San Miguel: el Juzgado Especializado de Sentencia.</ul> Tendrá competencia sobre los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Conocerá del juicio plenario en las causas instruidas conforme a la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja". Art. 4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 59 de la "Ley Orgánica Judicial" y el Art. 3 inciso sexto de la "Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja", los Juzgados Especializados de Instrucción y los Juzgados Especializados de Sentencia serán Pluripersonales, teniendo cada uno de los Jueces jurisdicción y competencia individual e independiente. Los juzgados Especializados de Instrucción y los de Sentencia se integrarán temporal o permanentemente con uno, dos o más Jueces.- Los Jueces de los Juzgados Especializados de Instrucción y los de Sentencia, creados de modo pluripersonal por medio de este decreto, deberán conocer de las causas que designe el Juez que tenga el nombramiento antecedente en orden de precedencia. Art. 5.- La Corte Suprema de Justicia dispondrá la forma de organización, estructura y funcionamiento administrativo de los Juzgados y Tribunales que se integren, conforme a los artículos anteriores, pudiendo trasladarse personal de los Juzgados o Tribunales que se estime conveniente, para atender las funciones de los Juzgados y Tribunales Especializados, todo de conformidad con las leyes aplicables. Art. 6.- No obstante lo dispuesto en el Art. 160-B de la "Ley Orgánica Judicial", la Corte Suprema de Justicia podrá disponer la utilización de sistemas electrónicos, ópticos, magnéticos, telemáticos, informáticos y de otras tecnologías, para la realización de actos procesales de comunicación. Art. 7. La Corte Suprema de Justicia determinará los Magistrados y Jueces que se necesiten para cubrir las ausencias temporales o permanentes de los Juzgados y Tribunales Especializados. Art. 8. Los Juzgados competentes en materia penal conocerán de los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de esta ley y cuyas acciones penales no hayan sido iniciadas; así como continuarán conociendo, hasta su terminación, de las acciones penales iniciadas a la fecha en que entre en vigencia el presente Decreto; en todo caso siguiendo los procedimientos contenidos en el Código Procesal Penal y leyes aplicables. Art. 9. El presente Decreto se tendrá por incorporado a la "Ley Orgánica Judicial". Art. 10. Quedan derogadas las disposiciones de la "Ley Orgánica Judicial" y demás leyes y preceptos legales contenidas en otros ordenamientos que se opongan a la presente ley. Art. 11- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintitrés días del mes febrero del año dos mil siete. <div>RUBÉN ORELLANA MENDOZA PRESIDENTE ROLANDO ALVARENGA ARGUETA VICEPRESIDENTE FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN VICEPRESIDENTE JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA VICEPRESIDENTE RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO VICEPRESIDENTE ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO SECRETARIO GERSON MARTÍNEZ SECRETARIO JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS SECRETARIO NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ SECRETARIO ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS SECRETARIA</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil siete. <div>PUBLIQUESE, ELlAS ANTONIO SACA GONZALEZ, Presidente de la República. RENE MARIO FIGUEROA FlGUEROA, Ministro de Seguridad Pública y Justicia. (38) Decreto Legislativo No. 56 de fecha 30 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 384 de fecha 01 de julio de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<div> ANEXOS</div> (Anexo 1) Decreto Legislativo No. 435 de fecha 19 de agosto de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 157, Tomo 292 de fecha 27 de agosto de 1986. DECRETO Nº 435. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 317 de fecha 13 de marzo de 1986, publicado en el Diario Oficial Nº 55, Tomo 290 del 21 del mismo mes y año, fueron creados dos Juzgados de Primera Instancia Mercantil y dos Juzgados de Primera Instancia Militar, para administrar pronta y cumplida justicia, quedando establecido en el artículo 8 de dicho Decreto que los cambios introducidos por el mismo comenzarán a surtir efecto al incorporar las respectivas partidas en la Ley de Salarios con aplicación al Presupuesto General, por medio de un nuevo Decreto que fijará la fecha de funcionamiento de esos tribunales, II.- Que por medio del Decreto Legislativo Nº 424, de fecha 29 de julio del presente año, publicado en el Diario Oficial Nº 142, Tomo 292 de fecha 31 del mismo mes y año, se introdujeron en la Ley de Salarios, las partidas correspondientes, en lo que se refiere al Organo Judicial;</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Los dos Juzgados de Primera Instancia Mercantil con asiento en San Salvador, que han sido creados por medio del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 317, de fecha 13 de marzo de 1986, publicado en el Diario Oficial Nº 55, Tomo 290, del 21 del mismo mes y año, comenzarán a funcionar desde el día primero de octubre del corriente año; y los dos Juzgados de Primera Instancia Militar creados también por la misma norma, iniciarán su funcionamiento el día primero de septiembre también del año en curso. Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis. <div>Guillermo Antonio Guevara Lacayo, Presidente. Alfonso Aristides Alvarenga, Vicepresidente. Hugo Roberto Carrillo Corleto, Vicepresidente. Macla Judith Romero de Torres, Secretario. Carlos Alberto Funes, Secretario. Pedro Alberto Hernández Portillo, Secretario. José Humberto Posada Sánchez, Secretario. Rafaél Morán Castaneda, Secretario. Rubén Orellana Mendoza, Secretario.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis. <div>PUBLIQUESE, JOSE NAPOLEON DUARTE, Presidente Constitucional de la República. Julio Alfredo Samayoa h., Ministro de Justicia.</div> (Anexo 2) Decreto Legislativo 316 de fecha 31 de agosto de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 168, Tomo 304 de fecha 12 de septiembre de 1989. DECRETO Nº 316. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: Que es una aspiración de la comunidad salvadoreña lograr como objetivo principal, para la verdadera realización de los derechos fundamentales de la persona humana, una pronta y cumplida justicia, por lo que se hace necesario convertir y crear nuevos tribunales a fin de agilizar los trámites correspondientes, cumpliendo así con los principios constitucionales y los referentes a la administración de justica comprendidos en la Ley Orgánica Judicial; POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia y a iniciativa de los diputados Raúl Manuel Somoza Alfaro, Juan Angel Ventura Valdivieso, Mirian Eleana Dolores Mixco Reyna, Luis Roberto Angulo Samayoa, Guillermo Antonio Guevara Lacayo, Corenelio René Vega, René García Araniva, Rafael Morán Castaneda, José Guillermo Machón Corea, Carmen Elena Calderón de Escalón, Rodolfo Varela Méndez y Eugenio Humberto Parada Salinas. DECRETA: Art. 1.- En el distrito judicial de San Salvador, decláranse convertidos desde el día primero de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el Juzgado Quinto de lo Civil, en Juzgado Tercero de lo Mercantil; el Juzgado Sexto de lo Civil, en Juzgado Cuarto de lo Mercantil; el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Militar, en Juzgado de Primera Instancia Militar; el Juzgado Segundo de Primera Instancia Militar, en Juzgado Octavo de lo Penal; y el Juzgado Tercero de Primera Instancia Militar, en Juzgado Cuarto de Tránsito. En el distrito judicial de Nueva San Salvador decláranse convertidos desde la fecha anteriormente citada, los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Juzgados Primero y Segundo de lo Penal, respectivamente. Los jueces titulares de estos últimos tribunales y el personal de los mismos continuarán en sus cargos, pero su denominación será desde el momento en que opere la conversión la de Juez Tercero de lo Mercantil, Juez Cuarto de lo Mercantil, Juez de Primera Instancia Militar, Juez Octavo de lo Penal, Juez Cuarto de Tránsito, Juez Primero de lo Penal y Juez Segundo de lo Penal, respectivamente. El Juez Octavo de lo Penal y el Cuarto de Tránsito mencionados, además de su jurisdicción y competencia en que al uno se le concede en materia penal y al otro en materia de tránsito conservarán la competencia para seguir conociendo de los asuntos militares que sus juzgados tuvieren sin fenecer al momento de la conversión, incluso de cualquier diligencia de esa misma índole que legalmente resulte practicable después de haber quedado ejecutoriada la sentencia de algún asunto militar fenecido. Créanse los distritos judiciales siguientes: En el Departamento de San Salvador, los de Delgado, Mejicanos y Soyapango; en el Departamento de La Paz, el de San Pedro Masahuat; en el Departamento de Sonsonate, el de Acajutla; y en el Departamento de Usulután el de Jiquilisco; y en cada uno de ellos el Juzgado de Primera Instancia correspondiente, tendiendo éstos como sede, en su orden, las poblaciones recién dichas. Créanse en el distrito de Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad un Juzgado de lo Civil y uno de Tránsito, que tendrán su sede en la ciudad antes expresada. Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia el día primero de octubre de mil novecientos ochenta y nueve DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. <div>Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso, Presidente. Luis Roberto Angulo Samayoa, Vicepresidente. Julio Adolfo Rey Prendes, Vicepresidente. Mauricio Zablah, Secretario. Mercedes Gloria Salguero Gross, Secretario. Raúl Manuel Somoza Alfaro, Secretario. Néstor Arturo Ramírez Palacios, Secretario.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. <div>PUBLIQUESE, ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la República. José Vicente Machado Salgado, Viceministro de Justicia, Encargado del Despacho.</div> REFORMAS: (1) Decreto Legislativo Nº 338, del 28 de septiembre de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 180, Tomo 304, del 29 de septiembre de 1989. INICIO DE NOTA ESTA LLAMADA NO APARECE EN EL TEXTO DE LA LEY POR CONTENER LA SIGUIENTE LEY TRANSITORIA: SUSPENDESE TRANSITORIAMENTE HASTA EL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO, LA VIGENCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 316, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 1989, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº 168, TOMO Nº 304, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. FIN DE NOTA (ANEXO 3) Decreto Legislativo Nº 354, del 19 de octubre de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 195, Tomo 305, del 23 de octubre de 1989. DECRETO Nº 354. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 316, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial Nº 168, Tomo 304 del 12 de septiembre del corriente año se ha creado en este distrito judicial el Juzgado Octavo de lo Penal con la jurisdicción erigida en el mismo decreto, por lo que debe crearse el Juzgado Octavo de Paz; II.- Que según Decreto Legislativo Nº 243, de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial Nº 205, Tomo Nº 285, el primero de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se creó el Municipio de San Luis La Herradura, en el Departamento de La Paz, por lo que conforme el Artículo 22 de la Ley Orgánica Judicial es necesario crear el Juzgado de Paz en el mencionado lugar;</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créase un nuevo Juzgado de Paz en la ciudad de San Salvador, con jurisdicción en la misma, que se denominará "Juzgado Octavo de Paz". Art. 2.- Créase un Juzgado de Paz en el pueblo de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz, con la denominación de "Juzgado de Paz". Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. <div>Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso, Presidente. Luis Roberto Angulo Samayoa, Vicepresidente. Julio Adolfo Rey Prendes, Vicepresidente. Mauricio Zablah, Secretario. Mercedes Gloria Salguero Gross, Secretario. Raúl Manuel Somoza Alfaro, Secretario. Néstor Arturo Ramírez Palacios, Secretario. Dolores Eduviges Henríquez, Secretario.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. <div>PUBLIQUESE. ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la República. Oscar Alfredo Santamaría, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 4) Decreto Legislativo Nº 598, del 11 de octubre de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 243, Tomo 309, del 18 de octubre de 1990. DECRETO Nº 598. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que de conformidad al numeral 31 del artículo 131 de la Constitución, corresponde a esta Asamblea erigir jurisdicción, a propuesta de la Corte Suprema de Justica; II.- Que por Decreto Legislativo número 316, de fecha 31 de agosto de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 168, Tomo Nº 304 del 12 de septiembre del mismo año, se establecieron en el departamento de San Salvador, los distritos judiciales de Mejicanos, Delgado y Soyapango, creándose Juzgados de Primera Instancia con sede en las mencionadas ciudades y con la jurisdicción territorial que establece el artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial; III.- Que dichos tribunales, por ser mixtos, han resultado insuficientes para atender eficientemente el flujo de casos, especialmente penales, por lo que, para lograr una mejor administración de justicia, es necesario y conveniente que los mencionados tribunales sólo tengan jurisdicción en materia penal y crear Juzgados de lo Civil en los mismos distritos judiciales;</ul> POR TANTO; en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créase un Juzgado de lo Civil en cada uno de los municipios de Mejicanos, Delgado y Soyapango, los que tendrán su sede en las expresadas ciudades y su competencia por razón del territorio y de la materia, será la que determine la Ley Orgánica Judicial. Art. 2.- Los Juzgados de Primera Instancia existentes en los municipios mencionados creados por Decreto Nº 316, de fecha 31 de agosto de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 168, Tomo Nº 304 del 12 de septiembre del mismo año, se convierten en Juzgados de lo Penal, los cuales conservarán la competencia territorial y por razón de la materia que les señale la Ley Orgánica Judicial. Los titulares de tales tribunales y el personal de los mismos continuarán en sus cargos, pero su denominación será Juzgado de lo Penal. Art. 3.- Los Juzgados de Primera Instancia de Mejicanos, Delgado y Soyapango que por medio de este Decreto se convierten en Juzgados de lo Penal, conservarán la competencia que tienen para conocer hasta quedar ejecutoriada la resolución definitiva en los procesos o diligencias civiles y de inquilinato cuyo trámite hubieren iniciado, estado en el cual deberán remitirlos al Juzgado de lo Civil respectivo. El cumplimiento de estas resoluciones definitivas será de competencia del Juez de lo Civil respectivo, quien en caso necesario podrá expedir la ejecutoria correspondiente. Art. 4.- Los Juzgados de lo Civil a que se refiere el Art. 1 de este Decreto, comenzarán sus funciones el día uno de enero de mil novecientos noventa y uno. Desde la fecha anteriormente mencionada operará la conversión de los Juzgados a que se refiere el Art. 2 del presente Decreto. La Corte Suprema de Justica, de conformidad a sus atribuciones dictará las reglas administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en especial lo relacionado con los procesos fenecidos. Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa. <div>Luis Roberto Angulo Samayoa, Vicepresidente. Julio Adolfo Rey Prendes, Vicepresidente. Mauricio Zablah, Secretario. Mercedes Gloria Salguero Gross, Secretario. Raúl Manuel Somoza Alfaro, Secretario. Néstor Arturo Ramírez Palacios, Secretario. Dolores Eduviges Henríquez, Secretario.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa. <div>PUBLIQUESE, ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la República. Oscar Alfredo Santamaría, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 5) Decreto Legislativo Nº 80, del 17 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 208, Tomo 313, del 07 de noviembre de 1991. DECRETO Nº 80 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que el crecimiento de la población del país en general, y la emigración de personas hacia determinados Municipios, han generado una mayor demanda para la administración de justicia en las diferentes materias de su conocimiento y el recargo de labores en los tribunales existentes; II.- Que por la razón antes dicha y para una mejor administración de justicia, es conveniente y necesario además de la creación de nuevos tribunales, que los de Primera Instancia existentes que ejercen una jurisdicción mixta, se conviertan en juzgados con competencia en materias especiales de una manera gradual y progresiva:</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créanse los siguientes Juzgados: <ul> A) En el Municipio de San Salvador: el Juzgado Quinto de lo Civil; el Juzgado Quinto de lo Mercantil; el Juzgado Noveno de lo Penal; el Juzgado Décimo de lo Penal; el Juzgado Noveno de Paz; y el Juzgado Décimo de Paz; B) En el Municipio de Soyapango: el Juzgado Segundo de lo Penal y el Juzgado Segundo de Paz; C) En el Municipio de San Marcos: el Juzgado de lo Penal y el Juzgado de lo Civil; CH) En el Municipio de Apopa; el Juzgado de lo Penal y el Juzgado de lo Civil; D) En el Municipio de Santa Ana: el Juzgado Tercero de lo Penal y el Juzgado Tutelar de Menores; E) En el Municipio de La Libertad: el Juzgado de Primera Instancia; F) En el Municipio de Izalco: el Juzgado de Primera Instancia; G) En el Municipio de San Miguel: el Juzgado Segundo de Tránsito y el Juzgado Tutelar de Menores; y H) En el Municipio de La Unión: el Juzgado Segundo de lo Penal.</ul> Los Juzgados que se crean de acuerdo a este artículo, tendrán su sede en los expresados municipios y su competencia territorial será la que determine la Ley Orgánica Judicial. Art. 2.- De los Juzgados de Primera Instancia que actualmente existen en los Municipios de Chalchuapa, Metapán y Quezaltepeque, se separa la jurisdicción civil, y a cada uno de dichos tribunales se les cambia su nominación por el de Juzgado de lo Penal; y, consecuentemente, se crea en cada uno de los municipios mencionados el Juzgado de lo Civil. Asimismo, de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia que existen en el Municipio de Cojutepeque, se separa la jurisdicción Civil, y a cada uno de dichos tribunales se cambia su nominación por el de Juzgado Primero de lo Penal y Juzgado Segundo de lo Penal, respectivamente; y en consecuencia, se crea el Juzgado de lo Civil. Los Juzgados de lo Civil creados conforme a esta disposición, asumirán también la competencia sobre las otras materias que conforme a la Ley Orgánica Judicial pertenece a los Juzgados de Primera Instancia, con excepción de la penal y la de tránsito que corresponderán exclusivamente a los tribunales con nominación penal. Art. 3.- Al Juzgado de lo Penal y al Juzgado de Paz que actualmente existen en el Municipio de Soyapango, se les cambia su nominación por el de Juzgado Primero de lo Penal y Juzgado Primero de Paz, respectivamente. Asimismo, al Juzgado de Tránsito y al Juzgado de lo Penal que existen respectivamente en los Municipios de San Miguel y de La Unión, se cambia su nominación por el de Juzgado Primero de Tránsito y Juzgado Primero de lo Penal, también respectivamente. Art. 4.- Los Juzgados que se crean comenzarán sus funciones el día uno de enero de mil novecientos noventa y dos, fecha desde la cual operará el cambio de nominación de los otros tribunales a que se refiere este decreto. Asimismo, la competencia territorial de los referidos tribunales desde la fecha indicada, será la que se les asigne por la Ley Orgánica Judicial. Los titulares de los juzgados a los que se cambia la nominación y el personal de los mismos, continuarán en sus respectivos cargos, pero bajo la nueva nominación. La Corte Suprema de Justicia podrá sin embargo autorizar la distribución del referido personal, entre los juzgados existentes y los que se crean en los respectivos municipios, para el mejor desempeño de los mismos. Art. 5.- En los casos en que por este decreto resulta modificada la competencia, los jueces respectivos continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tuvieren en trámite a la fecha del uno de enero de mil novecientos noventa y dos, en la materia civil que se les separa, hasta su ejecución. Los ya fenecidos a esa fecha y los que con posterioridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del Tribunal que los tramitó, quedando facultados para expedir en su caso las ejecutorías o certificaciones. Art. 6.- En el Municipio de Soyapango, durante el período comprendido desde el uno de enero de mil novecientos noventa y dos hasta el treinta de junio del mismo año, solo el juzgado Segundo de lo Penal deberá iniciar y tramitar los juicios o diligencias relacionadas con hechos penales cometidos en esa comprensión municipal, salvo que por razones especiales la Corte Suprema de Justicia emcomendare algún caso al Juzgado Primero de lo Penal, a fin de que el funcionamiento del nuevo juzgado permita al ya existente la conclusión más rápida de sus asuntos en trámite. Art. 7.- La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a sus atribuciones legales, acordará lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Art. 8.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de octubre de mil novecientos noventa y uno. <div>Luis Roberto Angulo Samayoa Presidente Ciro Cruz Zepeda Peña Vicepresidente. Rubén Ignacio Zamora Rivas, Vicepresidente. Mercedes Gloria Salguero Gross, Vicepresidente. René Flores Aquino, Secretario. Ernesto Taufik Kury Asprides, Secretario. Raúl Antonio Peña Flores, Secretario. CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y uno. <div> PUBLIQUESE, ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la República. René Hernández Valiente, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 6) Decreto legislativo Nº 386, del 26 de noviembre de 1992, publicado en el Diario Oficial Nº 230, Tomo 317, del 14 de diciembre de 1992. DECRETO Nº 386 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que la creación de los nuevos Tribunales de Primera Instancia ha generado un considerable incremento de los trámites ante las Cámaras de Segunda instancia, siendo necesario aumentar la cantidad de éstas para la debida atención de los asuntos de su competencia; II.- Que asimismo, es necesario crear nuevos Tribunales de Primera Instancia, principalmente en los municipios donde el crecimiento de la población así lo requiere y para mejorar la administración de justicia;</ul> POR TANTO: en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créanse en el municipio de San Salvador dos Cámaras de Segunda Instancia, que se denominarán "Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro", y "Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro". Art. 2.- Créase en el municipio de Sonsonate una Cámara de Segunda Instancia que se denominará "Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección de Occidente". Las actuales "Cámaras de lo Civil de Occidente" y "Cámaras de lo penal de Occidente", en lo sucesivo se denominarán "Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente" y "Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente", respectivamente. Art. 3.- Créase en el municipio de San Miguel una Cámara de Segunda Instancia que se denominará "Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente". Art. 4.- Créase en el municipio de San Miguel dos Juzgados de Primera Instancia, que se denominarán "Juzgado Segundo de lo Civil" y "Juzgado Tercero de lo Penal", repectivamente. Al Juzgado de lo Civil, actualmente existente en el municipio de San Miguel se le cambia su denominación por la de "Juzgado Primero de Civil". Art. 5.- Todos los Tribunales que por este Decreto se crean, tanto de Segunda como de Primera Instancia, ejercerán su jurisdiccón en la circunscripción territorial que la Ley Orgánica Judicial les asigne, para lo cual deberán introducirse en ésta las modificaciones y redistribuciones correspondientes. Asimismo, los tribunales antes expresados, tendrán la competencia que por razón de la materia les asigne la Ley Orgánica Judicial y en las otras materias que conforme a dicha Ley pertenece a las Cámaras de Segunda Instancia y a los Juzgados de Primera instancia, con exclusión de aquellas que por otras disposiciones estén asignadas a otros tribunales. Art. 6.- El titular del Juzgado de lo Civil de San Miguel, y el personal del mismo, continuarán en sus respectivos cargos, pero bajo la nueva denominación; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia podrá autorizar la distribución del referido personal entre los Juzgados existentes y los que se crean en los respectivos municipios, para el mejor desempeño de los mismos. Art. 7.- Los tribunales que por este decreto se crean comenzarán sus funciones el día uno de enero de mil novecientos noventa y tres, fecha en la que también tendrá efecto el cambio de denominación de los tribunales a que el mismo se refiere, y la modificación de la competencia material y territorial de los que en tal sentido han sido afectados, quedando facultada la Corte Suprema de Justicia para tomar las providencias que para ello fueren necesarias. Art. 8.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiséis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. <div>LUIS ROBERTO ANGULO SAMAYOA Presidente CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA Vicepresidente RUBEN IGNACIO ZAMORA RIVAS Vicepresidente MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS Vicepresidente RAUL MANUEL SOMOZA ALFARO Secretario ERNESTO TAUFIK KURY ASPRIDES Secretario RENE FLORES AQUINO Secretario RAUL ANTONIO PEÑA FLORES Secretario REYNALDO QUINTANILLA PRADO Secretario</div> CASA PRESIDENCIAL:San Salvador, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos. <div>PUBLIQUESE, ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la Repúbilca RENE HERNANDEZ VALIENTE Ministro de Justicia</div> (ANEXO 7) Decreto Legislativo No. 762 de fecha 05 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 15, Tomo 322 de fecha 21 de enero de 1994. DECRETO No. 762.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que la creación de los nuevos Tribunales de Primera Instancia han generado un considerable incremento de los trámites ante las Cámaras de Segunda Instancia, siendo necesario aumentar la cantidad de éstas para la debida atención de los asuntos de su competencia; II.- Que asimismo, es necesario crear nuevos Tribunales de Primera Instancia y de Paz, principalmente en los municipios donde el crecimiento de la población así lo requiere y para mejorar la administración de justicia;</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia; DECRETA: Art. 1.- Créase en el municipio de Ahuachapán una Cámara de Segunda Instancia que se denominará “Cámara de la Tercera Sección de Occidente”.- La actual “Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección de Occidente” ubicada en el municipio de Sonsonate, en lo sucesivo se denominará “Cámara de la Segunda Sección de Occidente”. Créase en el municipio de San Salvador, un Juzgado de Primera Instancia que se denominará “Juzgado Segundo de Inquilinato”. Al Juzgado de Inquilinato existente en el municipio de San Salvador, se le cambia su denominación por la de “Juzgado Primero de Inquilinato”. Art. 2.- Créanse en el municipio de San Salvador, cinco Juzgados de Paz que se denominarán: “Juzgado Décimo Primero de Paz”, “Juzgado Décimo Segundo de Paz”, Juzgado Décimo Tercero de Paz, “Juzgado Décimo Cuarto de Paz” y Juzgado Décimo Quinto de Paz”. Art. 3.- Créanse en el municipio de Mejicanos, un Juzgado de Paz que se denominará “Juzgado Segundo de Paz”. Al Juzgado de Paz ya existente en el municipio de Mejicanos, se le cambia su denominación por la de “Juzgado Primero de Paz”. Art. 4.- Créanse en el municipio de Delgado, un Juzgado de Paz que se denominará “Juzgado Tercero de Paz”. Art. 5.- Créanse en el municipio de Soyapango, dos Juzgado de Paz que se denominarán “Juzgado Tercero de Paz” y “Juzgado Cuarto de Paz”. Art. 6.- Créanse en el municipio de San Marcos, un Juzgado de Paz que se denominará “Juzgado Segundo de Paz”. Al Juzgado de Paz ya existente en el municipio de San Marcos, se le cambia su denominación por la de “Juzgado Primero de Paz”. Art. 7.- Créase en el municipio de San Martín, un Juzgado que se denominará “Juzgado Segundo de Paz”. Al Juzgado de Paz ya existente en el municipio de San Martín, se le cambia su denominación por la de “Juzgado Primero de Paz”. Art. 8.- Créanse en el municipio de San Miguel, un Juzgado de Paz que se denominará “Juzgado Cuarto de Paz”. Art. 9.- Créanse en el municipio de Usulután, un Juzgado de Paz que se denominará “Juzgado Tercero de Paz”. Art. 10.- Créanse en el municipio de Santa Rosa de Lima, un Juzgado de Paz que se denominará “Juzgado Tercero de Paz”. Art. 11.- Todos los tribunales que por este decreto se crean: de segunda, primera instancia y de paz, ejercerán su jurisdicción en la circunscripción territorial y de paz, ejercerán su jurisdicción en la circunscripción territorial que la Ley Orgánica Judicial les asigne, para lo cual deberán introducirse en éstas la modificaciones y redistribuciones correspondientes. Asimismo, los tribunales antes expresados, tendrán la competencia que por razón de la materia les asigne la Ley Orgánica Judicial y en las otras materias que conforme a dicha ley pertenece a las Cámaras de Segunda Instancia, Juzgados de Primera Instancia y a los de Paz, con exclusión de aquellas que por otras disposiciones estén asignadas a otros Tribunales. Art. 12.- Los tribunales que por este decreto se crean comenzarán sus funciones el día uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en la que también tendrá efecto el cambio de denominación de los tribunales a que el mismo se refiere, y la modificación de la competencia material y territorial de los que en tal sentido han sido afectados, quedando facultada la Corte Suprema de Justicia para tomas la providencias que para ellos fueren necesarias. (1) Art. 13.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro. <div>LUIS ROBERTO ANGULO SAMAYOA PRESIDENTE CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA VICEPRESIDENTE RUBEN IGNACIO ZAMORA RIVAS VICEPRESIDENTE MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS VICEPRESIDENTE RAUL MANUEL SOMOZA ALFARO SECRETARIO JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA SECRETARIO SILVIA GUADALUPE BARRIENTOS SECRETARIO RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA SECRETARIO REYNALDO QUINTANILLA PRADO SECRETARIO</div> CASA PRESIDENCIA: San Salvador, a los trece días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro. <div>PUBLIQUESE, ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la República. RENE HERNANDEZ VALIENTE, Ministro de Justicia.</div> REFORMAS: (1) Decreto Legislativo No. 792 de fecha 26 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 37, Tomo 322 de fecha 22 de febrero de 1994. DECRETO No. 792.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que por Decreto Legislativo No. 762 de fecha 5 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 15, Tomo 322 de fecha 21 del mismo mes y año, se crearon nuevos Tribunales de Segunda, Primera Instancia y de Paz; II.- Que a raíz de dicha creación, se reformó la Ley Orgánica Judicial, mediante Decreto Legislativo No. 763 de fecha 5 de enero de 1994, que se publicará en el Diario Oficial No. No. 22, Tomo 322 de fecha 1º. de febrero del mismo año, asignándoles la competencia territorial y por materia que les corresponde; III.- Que la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a esta Asamblea que dichos Tribunales, inicien sus funciones hasta el uno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, debido a diferentes causas que no es posible su funcionamiento al primero de febrero del corriente año, como lo establece el decreto relacionado en el Considerando I del presente decreto;</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Los Tribunales creados por Decreto Legislativo No. 762 de fecha 5 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 15, Tomo 322 del 21 del mismo mes y año, iniciarán sus funciones hasta el uno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en la que también tendrá efecto el cambio de denominación de los Tribunales a que el mismo se refiere, y la modificación de la competencia en razón de la materia y del territorio de los que en tal sentido han sido afectados, quedando facultada la Corte Suprema de Justicia para tomar las providencias que para ello fueren necesarias. Art. 2.- En los casos en que por el Decreto Legislativo No. 763 de fecha 5 de enero 1994, que se publicará en el Diario Oficial No. 22, Tomo 322, de fecha 1º de febrero del mismo año, resulte modificada la competencia en razón de la materia o del territorio, los Tribunales de Segunda Instancia y los Jueces respectivos, continuarán conociendo de los juicios o diligencias que tengan en apelación o que hubieran iniciado, en su caso, a la fecha del uno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, hasta su terminación. Los juicios ya fenecidos a esa fecha, y los que con posteridad alcancen tal estado, se conservarán en el archivo del Tribunal que los tramité, quedando éste facultado para expedir en su caso las ejecutorias o certificaciones correspondientes. Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos se retrotraen al uno de febrero del corriente año. DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintitrés días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro. <div>LUIS ROBERTO ANGULO SAMAYOA PRESIDENTE CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA VICEPRESIDENTE RUBEN IGNACIO ZAMORA RIVAS VICEPRESIDENTE MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS VICEPRESIDENTE RAUL MANUEL SOMOZA ALFARO SECRETARIO JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA SECRETARIO SILVIA GUADALUPE BARRIENTOS SECRETARIO RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA SECRETARIO REYNALDO QUINTANILLA PRADO SECRETARIO</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro. <div>PUBLIQUESE, ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, Presidente de la República. RENE HERNANDEZ VALIENTE, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 8) Decreto Legislativo Nº 136, del 20 de septiembre de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 173, Tomo 324 del 20 de septiembre de 1994. DECRETO Nº 136. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que la nueva legislación familiar exige para su debida aplicación, de Tribunales especializados y exclusivos que conozcan única y específicamente de todo lo atinente al derecho de familia; II.- Que para lograr ese objetivo es necesario separar la jurisdicción familiar de la civil, creándose los Tribunales de Familia, tanto de primera como de segunda instancia, que deberán estar a cargo de funcionarios que tengan conocimientos especializados en esta materia;</ul> POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Creánse en el Municipio de San Salvador cuatro Juzgados de Primera Instancia que se denominan "Juzgado Primero de Familia" "Juzgado Segundo de Familia", "Juzgado Tercero de Familia" y "Juzgado Cuarto de Familia". Art. 2.- Créanse en cada uno de los Municipios de Santa Ana y San Miguel, dos Juzgados de Primera Instancia, que se denominarán "Juzgado Primero de Familia" y "Juzgado Segundo de Familia". Art. 3.- Créanse en cada una de las restantes cabeceras Departamentales de la República, un Juzgado de Primera Instancia, que se denominará "Juzgado de Familia". Art. 4.- Creánse en cada uno de los municipios de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, una Cámara de Segunda Instancia, que se denominarán, respectivamente, "Cámara de Familia de la Sección del Centro", "Cámara de Familia de la Sección de Occidente", y " Cámara de Familia de la Sección de Oriente". Art. 5.- Los Tribunales creados por este Decreto, así como los Juzgados de Paz ejercerán su jurisdicción en la forma establecida por la Ley Procesal de la Familia; y su competencia por razón del territorio será la que determine la Ley Orgánica Judicial, para lo cual deberán introducirse en ésta las modificaciones correspondientes. Asimismo, los Tribunales antes expresados tendrán la competencia que por razón de la materia les señale la Ley Orgánica Judicial, en los otros asuntos que conforme a la misma pertenecen a las Cámaras de Segunda Instancia y a los Juzgados de Primera Instancia, con exclusión de aquellos que por otras disposiciones legales estén asignados a otros Tribunales. Art. 6.- Los Tribunales que por este Decreto se crean, comenzarán sus funciones el día uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en la que también tendrá efecto la modificación de la competencia material de los Tribunales que actualmente conocen de los asuntos de familia, quedando facultada la Corte Suprema de Justicia para tomar las providencias que para ello fueren necesarias. Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. <div>MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS, PRESIDENTA. ANA GUADALUPE MARTINEZ MENENDEZ, VICEPRESIDENTA. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, VICEPRESIDENTE. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, VICEPRESIDENTE. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, VICEPRESIDENTE. JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA, SECRETARIO. GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO, SECRETARIO. CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON SECRETARIA. WALTER RENE ARAUJO MORALES, SECRETARIO. RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. <div>PUBLIQUESE, ARMANDO CALDERON SOL, Presidente de la República. RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 9) Decreto Legislativo No. 362 de fecha 07 de junio de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 114, Tomo 327 de fecha 21 de junio de 1995. DECRETO No. 362.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que según lo establecido en el Art. 125 de la Ley del Menor Infractor, la vigilancia y control en la ejecución de medidas señaladas en dicha Ley, serán ejercidas por el Juez de Ejecución de Medidas al Menor; II.- Que consecuentemente, es necesario crear los Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor correspondientes;</ul> POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. DECRETA: Art. 1.- Créase en el Municipio de San Salvador, dos Juzgados de Primera Instancia, que se denominarán “Juzgados Primero de Ejecución de Medidas al Menor” y “Juzgado Segundo de Ejecución de Medidas al Menor”. Art. 2.- Créanse en el Municipio de San Vicente un Juzgado de Primera Instancia, que se denominará “Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor”. Art. 3.- Créanse en el Municipio de Santa Ana un Juzgado de Primera Instancia, que se denominará “Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor”. Art. 4.- Créanse en el Municipio de San Miguel un Juzgado de Primera Instancia, que se denominará “Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor”. Art. 5.- Los Tribunales creados en este Decreto ejercerán su jurisdicción en la forma establecida en la Ley del Menor Infractor y en la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor, y su competencia por razón de territorio será la que determine la Ley Orgánica Judicial, para lo cual deberán introducirse en ésta las reformas correspondientes y comenzarán sus funciones el uno de julio de mil novecientos noventa y cinco. Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco. <div>MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS, Presidente. ANA GUADALUPE MARTINES MENENDEZ, Vicepresidente. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, Vicepresidente. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, Vicepresidente. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, Vicepresidente. JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA, Secretario. GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO, Secretario. CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON, Secretaria. WALTER RENE ARAUJO MORALES, Secretario. RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, Secretario.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los quince días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco. <div>PUBLIQUESE, ARMANDO CALDERON SOL, Presidente de la República. RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 10) Decreto Legislativo No. 802 de fecha 11 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 176, Tomo 332 de fecha 20 de septiembre de 1996. DECRETO No. 802.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que a partir del uno de marzo de 1995 entró en vigencia la Ley del Menor Infractor, la cual desarrolla los principios constitucionales que garantizan un régimen especial para menores; II.- Que los Tribunales de Menores existentes resultan insuficientes para diligenciar todos los procesos que ante ellos se ventilan, razón por la que es procedente crear otros Tribunales más;</ul> POR TANTO: en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Créase en cada uno de los municipios de Ahuachapán, Zacatecoluca, Sensuntepeque, Usulután, San Francisco Gotera, La Unión y Soyapango, un “Juzgado de Primera Instancia” que se denominará “Juzgado de Menores”. Art. 2.- Créase en el municipio de Santa Ana un “Juzgado de Primera Instancia”, que se denominará “Juzgado Segundo de Menores”, por lo que el actual “Juzgado de Menores” de dicho municipio, se denominará. “Juzgado Primero de Menores”. Art. 3.- Créase en el municipio de Nueva San Salvador un “Juzgado de Primera Instancia”, que se denominará “Juzgado Segundo de Menores” por lo que el actual “Juzgado de Menores” del mismo municipio, se denominará “Juzgado Primero de Menores. Art. 4.- Los Tribunales creados por este decreto, ejercerán jurisdicción en la forma establecida por la “Ley del Menor Infractor” y su competencia por razón del territorio, será la que determine la Ley Orgánica Judicial, para lo cual deberán hacerse en ésta las respectivas modificaciones. Art. 5.- Los Tribunales que por este decreto se crean, iniciarán sus funciones el uno de octubre de 1996. Art. 6.- En el municipio de San Miguel se declara convertido, a partir del uno de octubre de 1996 el Juzgado Primero de Menores en “Juzgado de Menores”. Y se suprime en el mismo municipio el actual “Juzgado Segundo de Menores”; el que traslada al municipio de La Unión y se convierte en “Juzgado de Menores” de conformidad a lo establecido en el Art. 1 de este Decreto, a partir también de la misma fecha antes mencionada. Art. 7.- El personal del Juzgado Segundo de Menores que se suprime en el municipio de San Miguel, será nombrado en las respectivas plazas de los Juzgados de Menores que mediante este Decreto se crean. Art. 8.- Transitorio. Los juicios pendientes y fenecidos del actual Juzgado Segundo de Menores de San Miguel, pasarán a partir del uno de octubre de 1996 al “Juzgado de Menores”, del mismo municipio de San Miguel, para continuar con su tramitación y el Juez podrá extender certificación de las sentencias o cualquier otro documento. Los Jueces de Menores cuya jurisdicción se modifica, continuarán conociendo de los procesos en trámite, hasta su conclusión y ejecución, los ya fenecidos y los que posteriormente alcancen dicho estado, se conservarán en el archivo del Tribunal que los tramitó, quedando facultados para admitir los recursos de apelación interpuestos, hacer toda clase de libramientos judiciales, expedir las ejecutorias o certificaciones que les solicitaren. Art. 9.- El presente decreto entrará en vigencia el primero de octubre de mil novecientos noventa y seis, previa publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis. <div>MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS, PRESIDENTA. ANA GUADALUPE MARTINEZ MENENDEZ, VICEPRESIDENTA. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, VICEPRESIDENTE. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, VICEPRESIDENTE. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, VICEPRESIDENTE. JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA, SECRETARIO. GUSTAVO ROGELIO SAUNAS OLMEDO, SECRETARIO. CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON, SECRETARIA. WALTER RENE ARAUJO MORALES, SECRETARIO. RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIA: San Salvador, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis. <div>PUBLIQUESE, ARMANDO CALDERON SOL, Presidente de la República. RUBÉN ANTONIO MEJIA PEÑA, Ministro de Justicia.</div> (ANEXO 11) Acuerdo de Corte Plena No. 666 de fecha 13 de enero de 2000. <div> San Salvador, 13 de enero de 2000</div> ASUNTO: Dictar las siguientes disposiciones que regulará la equitativa distribución del trabajo de los Tribunales de Sentencia con sede en el municipio de San Salvador SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: Nº. 666--------CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día dieciséis de diciembre mil novecientos noventa y nueve.--------Este Tribunal, en cumplimiento a lo prescrito en el Art. 3, del Decreto Legislativo No. 772, de fecha veinticuatro de noviembre de este año, publicado con el D.O. No. 231 Tomo 345 de fecha diez del mes en curso ACUERDA:------Dictar las siguientes disposiciones que regularán la equitativa distribución del trabajo de los Tribunales de Sentencia con sede en el municipio de San Salvador:------1) Créase una Oficina Distribuidora de Procesos, que formará parte de la Secretaría General de este Tribunal y que será la encargada de evacuar las consultas de los jueces de instrucción, con el fin de determinar el Tribunal de Sentencia a quien se deberán remitir las actuaciones en el caso del Art. 322, inciso 4º del Código Procesal Penal.-----2) En el caso de acusación, a que se refiere el Art. 400 Pr. Pn., el acusador particular o el Fiscal General de la República, en su caso, solicitará a la Oficina Distribuidora se le determine el Tribunal de Sentencia competente para conocer del hecho denunciado, ante quien presentará su requerimiento y demás documentos en que fundamenta su acusación. -----3) En la designación del Tribunal de Sentencia que deba conocer, se deberá adoptar el criterio que mejor garantice, tanto cuantitativa como cualitativamente, la equitativa distribución de las actuaciones o acusación entre los distintos tribunales competentes; de tal manera que guarden relación con el orden correlativo de consulta. En el caso de acusación, los interesados podrán manifestar si en alguno o en algunos de los Jueces que podrían conocer del asunto, puede concurrir alguna causal de recusación, excusa o impedimento, la que será apreciada prudencialmente para el solo efecto de la designación del Tribunal.-------4) Los Jueces de Instrucción verificarán la consulta por escrito en duplicado, la que deberá ser evacuada por la Oficina Distribuidora de inmediato.------- También podrán realizar la consulta vía telefónica o por cualquier otro medio electrónico, para el solo efecto de resolver sobre la remisión de las actuaciones, sin que ello exonere a los Jueces de Instrucción de presentarla por escrito, para los efectos previstos en el artículo seis de estas disposiciones.------5) Para llevar el debido control de los procesos remitidos a los Tribunales de Sentencia, el Juez de Instrucción y la Oficina Distribuidora, deberán elaborar un informe estadístico por mes calendario, bajo numeración correlativa, en el qie conste el envío y recibo de las actuaciones, en el primer caso; y las consultas recibidas y evacuadas, en el segundo, los que serán enviados a la Corte Suprema de Justicia por medio de la Secretaría General para su posterior confrontación y envío a la Sección de estadística correspondiente. -------- 6) Tanto en la nota de consulta, como en el escrito de acusación, la oficina distribuidora, designará, mediante razón firmada y sellada, el Juzgado de Sentencia, que deba conocer, con indicación de su número de orden, dicha razón podrá estamparse por medio de un sello adecuado al efecto.------Los Jueces de Sentencia se abstendrán de conocer de actuaciones que no cumplan con las formalidades del inciso anterior.------- 7) La oficina Distribuidora deberá llevar un control, por mes calendario, de la determinación de competencias evacuadas en los casos de acusación cuyo informe también se remitirá a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos previstos en la parte final del Art. 2 de este acuerdo.--------8) en los escritos de acusación, el Tribunal de Sentencia deberá designarse como ordena el Art. 194 Pr., por una expresión que los encabece sin mencionar su número de orden y será la Oficina Distribuidora quien lo estampará, con el cual será identificado en las posteriores peticiones.--------9) La Oficina Distribuidora deberá remitir en la primera quincena de cada mes, a la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, un informe con la debida separación, de todas las consultas y escritos de acusación para quienes ha determinado la competencia del Tribunal de Sentencia en el mes anterior.---------- 10) La Oficina Distribuidora no podrá negarse a designar el Tribunal de Sentencia en los casos señalados, aún cuando a su juicio las solicitudes no estuvieran comprendidas entre las que la Ley le ordena evacuar.--------11) La Oficina Distribuidora a que se refiere este acuerdo, empezará a funcionar a partir de la vigencia del Decreto que contiene la modificación a las denominaciones y sedes de los Tribunales de Sentencia de Departamento de San Salvador.------12) TRANSITORIO:------- Con el objeto de que la carga de trabajo sea asumida en forma equitativa por todos los Tribunales de Sentencia del Departamento de San Salvador, la oficina distribuidora podrá designar como competentes para conocer de las actuaciones en un porcentaje mayor a los Tribunales Cuarto, Quinto y Sexto de Sentencia, con la finalidad de que estos alcancen el mismo nivel de trabajo que han asumido los Tribunales Primero, Segundo y Tercero de Sentencia y verificado lo anterior, se proceda en forma igualitaria, tal como está prescrito en el Art. 3 de este acuerdo.- COMUNÍQUESE.--------J.E. TENORIO---------R.HERNANDEZ VALIENTE---------MARIO SOLANO-----O.BOLAÑOS P.--------CRIOLLO---------DE BUITRAGO----------FORTIN---------J.N.R.RUIZ------------GUSTAVE T---------------E.CIERRA------------DIAZ----------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---------H. ARMAND. SANCH. C.”””” Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes. <div>DIOS UNION LIBERTAD Dr. Homero Armando Sánchez Cerna Secretario General Corte Suprema de Justicia. (ANEXO 12) Decreto Legislativo Nº 178, del 19 de octubre de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 214, tomo 349, del 15 de noviembre de 2000. (Creación de los Juzgados Pluripersonales). DECRETO No. 178 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I.- Que a excepción del Código Procesal Penal, la legislación salvadoreña sólo contempla la existencia de Juzgados de Primera Instancia y de Paz, a cargo de un Juez; II.- Que con el objeto de que el Organo Judicial pueda reducir la mora judicial, es necesario dictar la normativa que permita que los juzgados a que hace referencia el considerando que antecede, puedan estar integrados por dos o más jueces, que ejercerán jurisdicción de manera independiente ante ellos; III.- Que la modernización del servicio de justicia requiere además, de la incorporación de avances tecnológicos que permitan lograr una mayor eficiencia en su prestación, así como de la organización de servicios comunes para dos o más tribunales, a fin de que éstos puedan realizar actos de comunicación procesal y cualquier otra diligencia judicial que tienda a mejorar tal servicio;</ul> POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica Judicial, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz, podrán estar integrados temporal o permanentemente con dos o más jueces, quienes serán, entre ellos, jurisdiccionalmente independientes. Art. 2.- La Corte Suprema de Justicia dispondrá la forma de organización y estructura administrativa de los juzgados que se integren conforme lo prescrito en el artículo anterior. Igual atribución tendrá respecto a los demás tribunales que lo requieran. Art. 3.- Podrá la Corte Suprema de Justicia crear oficinas que presten servicios de carácter común a los tribunales, tales como la administración de salas de audiencia, notificaciones y citaciones, recepción de documentos y demandas, archivo y custodia de evidencia, localización de testigos y jurados, correo interno y cualquier otro que se disponga. Al efecto dictará la normativa correspondiente. Art. 4.- No obstante lo dispuesto en el Art. 160-B de la ley Orgánica Judicial y siempre que la ley respectiva lo autorice, la Corte Suprema de justicia podrá, para servicio de los tribunales, disponer la utilización de sistemas electrónicos, ópticos, magnéticos, telemáticos, informáticos y de otras tecnologías, para la realización de actos procesales de comunicación. Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil. <div>CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PRESIDENTE. WALTER RENE ARAUJO MORALES, VICEPRESIDENTE. JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA, VICEPRESIDENTE. CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON, SACRETARIA. JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, SECRETARIO. ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA, SECRETARIO. WILLIAM RIZZIERY PICHINTE, SECRETARIO. RUBEN ORELLANA, SECRETARIO. AGUSTIN DIAZ SARAVIA, SECRETARIO.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil. <div>PUBLIQUESE, FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ, Presidente de la República. FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO, Ministro de Seguridad Pública y Justicia.</div> (ANEXO 13) Decreto Legislativo No. 249 de fecha 16 de enero de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 31, Tomo 362 de fecha 16 de febrero de 2004. DECRETO No. 249 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I. Que de conformidad al Art. 133 ordinal 3°. de la Constitución de la República, tienen exclusivamente iniciativa de ley, la Corte Suprema de Justicia, en materias relativas al Organo Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales. II. Que la carga de trabajo que actualmente corresponde a los Juzgados de lo Civil de la ciudad de San Salvador, ha disminuido considerablemente como consecuencia de que los Juzgados de Familia asumieron la competencia de materias que anteriormente era de competencia de los primeros. III. Que por lo contrario, los procesos en materia laboral que conocen los Juzgados de lo Laboral de la misma ciudad, se han incrementado, como resultado directo del aumento de la población trabajadora en el área metropolitana, industria de maquila y demás fuentes de trabajo, haciendo imposible la administración oportuna de la justicia laboral por parte de los tribunales existentes. IV. Que para lograr eficiencia en la atención al usuario de los Tribunales Laborales, como medida de buen gobierno judicial y hacer equitativo el trabajo de los distintos tribunales, es procedente convertir el Juzgado Quinto de lo Civil de San Salvador, en Juzgado Quinto de lo Laboral, erigiéndose su correspondiente jurisdicción.</ul> POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, DECRETA: Art. 1.- El juzgado Quinto de lo Civil, con residencia en San Salvador, se convierte en Juzgado Quinto de lo Laboral con residencia en la misma ciudad; y tendrá jurisdicción en los municipios de San Salvador y los de Olocuilta y San Francisco Chinameca, del Departamento de La Paz. Art. 2.- La Cámara Primera de lo Laboral de la ciudad de San Salvador, conocerá en Segunda Instancia de los asuntos laborales tramitados por el Juzgado Quinto de lo Laboral. Art. 3.- Con el objeto de que los tribunales de lo laboral existentes, puedan depurar los procesos sometidos a su conocimiento en el plazo legal, se autoriza a la Secretaría Distribuidora y Receptora de Demandas del Centro Judicial Isidro Menéndez, para que en forma transitoria y hasta que el número de procesos a cargo de todos los tribunales de la materia se equiparen, puedan asignar las demandas laborales que reciba al nuevo juzgado a crearse, en una proporción mayor de los sometidos al conocimiento de los demás tribunales de la materia. Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil cuatro. <div>CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PRESIDENTE. JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ PRIMER VICEPRESIDENTE JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ, TERCER VICEPRESIDENTE. MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUELLAR, PRIMERA SECRETARIA. ELIZARDO GONZALEZ LOVO, TERCER SECRETARIO. ELVIA VIOLETA MENJIVAR, CUARTA SEMANA.</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil cuatro. <div>PUBLIQUESE, FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ, Presidente de la República. CONRADO LOPEZ ANDREU, Ministro de Gobernación. (ANEXO 14) Decreto Legislativo No. 306 de fecha 18 de marzo de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 64, Tomo 387 de fecha 09 de abril de 2010. DECRETO No. 306 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: <ul> I. Que de conformidad al artículo 34 de la Constitución de la República, toda niña, niño y adolescente, tiene el derecho de vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado, estableciendo además que la ley creará las instituciones para la protección de dichos derechos. II. Que por Decreto Legislativo No. 839, de fecha 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo No. 383, de fecha 16 de abril de 2009, se promulgó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, cuyo artículo 214, señala como tribunales competentes para conocer de los procesos regulados en dicha ley, las cámaras y juzgados especializados de la niñez y adolescencia. Dicha normativa corresponde a la materia de familia. III. Que para los efectos anteriores, se hace imperioso emitir un Decreto, por el cual se creen la Cámara y Juzgados Especializados a que se refiere el artículo 214 de la "Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia".</ul> POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia: DECRETA: Art. 1.- Créase en el Municipio de San Salvador una Cámara de Segunda Instancia, que se denominará "Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia", la cual tendrá competencia a nivel nacional, tendrá su sede en la ciudad de San Salvador, y conocerá en segunda instancia de los asuntos a que se refiere la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Art. 2.- Créanse los siguientes Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia, para conocer en primera instancia de los procesos regulados en la "Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia". <ul> A) El Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia de San Salvador, tendrá competencia para conocer de las pretensiones relativas a la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango. Tendrá su sede en la ciudad de San Salvador. B) El Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia de Santa Ana, tendrá competencia para conocer de las pretensiones relativas a la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Tendrá su sede en la ciudad de Santa Ana. C) El Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia de San Miguel, tendrá competencia para conocer de las pretensiones relativas a la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán. Tendrá su sede en la ciudad de San Miguel.</ul> Art. 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 59 de la "Ley Orgánica Judicial" y el Art. 217 de la "Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia", los juzgados Especializados serán pluripersonales, teniendo cada uno de los jueces jurisdicción y competencia individual e independiente, y se asistirán de su respectivo secretario judicial. Art. 4.- La Corte Suprema de Justicia dispondrá la forma de organización, estructura y funcionamiento administrativo de los Juzgados y Cámara que se crean, conforme a los artículos anteriores, pudiendo trasladarse personal de los Juzgados o Tribunales que se estimen conveniente, para atender las funciones de estos Juzgados y Cámara Especializados, todo de conformidad con las leyes aplicables. Art. 5.- La Corte Suprema de Justicia determinará los Magistrados y Jueces que se necesiten para cubrir las ausencias temporales o permanentes de los Juzgados y Cámara Especializados. Art. 6.- El presente Decreto se tendrá por incorporado a la "Ley Orgánica Judicial". Art. 7.- Quedan derogadas las disposiciones de la "Ley Orgánica Judicial" y demás leyes y preceptos legales contenidos en otros ordenamientos que se opongan a la presente ley. Art. 8.- El presente decretó entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diez. <div>CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA PRESIDENTE OTHON SIGFRIDO REYES MORALES PRIMER VICEPRESIDENTE GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE SEGUNDO VICEPRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ TERCER VICEPRESIDENTE ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ CUARTO VICEPRESIDENTE FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN QUINTO VICEPRESIDENTE LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA PRIMERA SECRETARIA CÉSAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA SEGUNDO SECRETARIO ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO TERCER SECRETARIO ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA CUARTO SECRETARIO SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA QUINTA SECRETARIA IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ SEXTA SECRETARIA MIGUEL ELÍAS AHUES KARRA SÉPTIMO SECRETARIO</div> CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez. <div>PUBLÍQUESE, CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, Presidente de la República. JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ, Ministro de Justicia y Seguridad Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<div> FIN DE ANEXOS</div></form>